El encarecimiento de la vivienda de interés social en Nuevo León se ha intensificado en los últimos años en un contexto marcado por el impacto del llamado “Impuesto Verde” a las pedreras, así como por señalamientos de cobros irregulares en distintos niveles de gobierno.
De acuerdo con información publicada por El Norte, desarrolladores del estado reportan que desde la implementación del gravamen en 2022 se han incrementado los costos de materiales como triturados, block, cemento y yeso, lo que ha repercutido directamente en el precio final de las viviendas.
Un estudio elaborado por el sector indica que el precio de la vivienda social ha aumentado 52% desde 2019. Entre los factores identificados destacan alzas en insumos clave: arena y grava registran incrementos de hasta 188%, mientras que materiales como el block presentan aumentos cercanos al 100%.
El impacto es más visible en las viviendas de menor tamaño. Las casas de un nivel de alrededor de 48 metros cuadrados muestran un incremento cercano al 57%, mientras que las de dos niveles de aproximadamente 62 metros cuadrados registran aumentos de alrededor de 50%. En unidades de mayor tamaño, el alza se sitúa cerca del 49%.
En este escenario, desarrolladores han señalado que algunos proyectos de vivienda social han dejado de ofrecerse, al superar los precios la capacidad de compra de una parte de la población.
A la presión por costos se suman reportes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Nuevo León sobre cobros irregulares por parte de autoridades municipales, que pueden alcanzar entre 2% y 3% del valor total de los proyectos. El presidente estatal del organismo, Javier Treviño, ha señalado que estas prácticas incluyen pagos para agilizar trámites, autorizaciones o permisos de uso de suelo.
Canadevi también ha advertido que estos cobros pueden implicar aportaciones en especie, como participación en desarrollos, entrega de tierra o unidades habitacionales, así como retrasos administrativos como mecanismo de presión. En paralelo, organismos empresariales han reportado casos de extorsión en el sector transporte, con cobros de hasta 30 mil pesos mensuales para operar en determinados municipios.
El entorno se complejiza con la confrontación entre la empresa Matrimar y el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, en torno al impuesto ambiental. La empresa sostiene que está al corriente en sus obligaciones fiscales y ha obtenido suspensiones judiciales federales para reabrir operaciones, mientras que autoridades estatales señalan la existencia de adeudos millonarios.
El conflicto escaló tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación. El caso derivó en denuncias por presunta extorsión y en la solicitud del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
Para desarrolladores y organismos empresariales, la combinación de factores regulatorios, fiscales y operativos está incidiendo en la viabilidad de la vivienda social en Nuevo León, en un momento en que la demanda de este tipo de vivienda se mantiene.
