La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que autoridades y personas que se hacen pasar por funcionarios públicos figuran entre las principales fuentes de extorsión contra empresas en el país, en un contexto marcado por denuncias de presuntos cobros indebidos, presión administrativa e inspecciones irregulares vinculadas al Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García.
Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, sostuvo que el delito de extorsión alcanzó niveles críticos y señaló que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.
El dirigente empresarial expuso que este delito representa pérdidas anuales por alrededor de 15 mil millones de pesos, equivalentes a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB). “Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, afirmó al presentar cifras correspondientes al primer trimestre de 2026.
Datos difundidos por Coparmex indican que entre enero y marzo de este año se contabilizaron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, con un promedio diario de 32.4 casos. Aunque la cifra refleja una baja marginal de 3.73% frente al mismo periodo de 2025, el organismo señaló que el nivel permanece entre los más altos de la última década.
La organización empresarial precisó además que 97% de los casos no derivan en denuncias formales o carpetas de investigación. Del total de reportes, 68% corresponde a llamadas telefónicas y 31.2% a otras modalidades, entre ellas cobro de piso. Entre las empresas afiliadas que dijeron sufrir extorsión, 37% señaló a autoridades o personas que aparentaban ser funcionarios públicos como responsables del cobro.
El pronunciamiento surge mientras crece la inconformidad del sector empresarial en Nuevo León por auditorías, inspecciones y presuntas presiones administrativas contra compañías de la entidad.
La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, presidida por Jorge Santos Reyna, informó la semana pasada que tres de cada 10 empresas afiliadas reportaron inspecciones ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con Caintra, dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares en un mismo establecimiento, situación que provoca duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausuras o actos de extorsión. El organismo empresarial adelantó que promoverá una Ley de Procedimientos Administrativos con el propósito de homologar criterios de inspección y limitar márgenes de interpretación entre funcionarios y empresas.
A estas denuncias se sumaron empresarios del sector comercial durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio Monterrey, celebrada el 20 y 21 de marzo de 2026.
En ese encuentro, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, afirmó que existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” por utilizar trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión contra negocios y empresas.
“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente ante representantes del sector privado y autoridades estatales.
Las acusaciones también coinciden con el conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Materiales Triturados Martínez, ubicada en el municipio de Cerralvo. Desde 2025, la compañía denunció presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros asociados al impuesto ambiental estatal instaurado en 2022.
El caso tomó mayor relevancia tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. Posteriormente, legisladores locales pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República para atraer la investigación ante la supuesta participación de funcionarios estatales.
El Gobierno de Nuevo León rechazó los señalamientos y sostuvo que las acciones emprendidas responden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.
