El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) enfrentó los efectos de la violencia por varias razones.
La primera es porque los 66 legisladores se han cerrado al diálogo con la sociedad civil y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha sabido encausar las funciones de un parlamento abierto.
El nuevo titular de la Jucopo, el panista Federico Döring, asumió el costo al estrenarse en el cargo y por eso con mesura se pronunció por no criminalizar la protesta violenta del grupo en pro de la comunidad TRANS que fue a exigir que se retire una iniciativa del PAN.
La iniciativa que derivó el conflicto fue presentada por la panista América Rangel, quien a partir de 2021 se ha radicalizado en el discurso y contrasta con el progresismo que promete el PAN en la alianza Va por México.
Su proyecto de ley es inviable porque propone sancionar con cárcel a quien practique el cambio de sexo a un menor.
En la CDMX no hay una norma que avale ese supuesto por lo que promover sanciones penales resulta un exceso que ha ofendido a la comunidad LGBT.
Congreso CDMX sin diálogo
Pero ese debate sin sustento dejó ver la urgente necesidad porque el Congreso capitalino se comprometa en la instalación de un parlamento abierto para que no sea la violencia la que impere.
En lo interno, los partidos podrán tomar acciones para evitar discursos de odio e iniciativas que no son revisadas por los expertos antes de llevarse al pleno.
El Poder Legislativo debe ser respetado, pero el respeto también deben tenerlo ellos mismos al representar a los capitalinos.
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Capital CDMX.
