La empresa mexicana BACO, con más de 60 años en el sector de artículos escolares y de oficina, enfrenta una crisis interna tras acusaciones contra su presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario, Edgar Herrmann Urich Sass.
Sus hermanos y socios lo señalan por presunto desvío de recursos, abuso de funciones y uso indebido del nombre comercial de la compañía, según denuncias presentadas ante la autoridad ministerial.
Acusaciones y transferencia polémica del nombre BACO
Fundada en 1960 por el empresario alemán Horst Urich Sass Henschel, BACO quedó bajo el control de sus cuatro hijos tras su fallecimiento: Edgar, John, Karin y Xenia Urich Sass. Edgar posee actualmente el 61% del capital accionario y desde 1995 dirige el Consejo de Administración.
El núcleo del conflicto se centra en la cesión en 2016 del nombre comercial “BACO” a favor de Edgar por un monto simbólico de 1,000 pesos. Una valuación independiente estimó su valor en más de 4.4 millones de pesos, monto que no se respetó.
Posteriormente, Edgar utilizó ese derecho para licenciar la marca a BACO, cobrando regalías que oscilan entre 0.5% y 5% mensual sobre ventas netas nacionales e internacionales, sin que los recursos beneficiaran directamente a la empresa.
Las regalías fueron canalizadas a sociedades privadas vinculadas a Edgar y su esposa, generando un conflicto de interés, según los accionistas inconformes.
Los hermanos denunciantes detallan que Edgar autorizó que la marca y activos operativos de BACO fueran utilizados por un grupo de empresas privadas, entre ellas TI, S.A. de C.V. y 5,7,6, S.A. de C.V., ambas dedicadas al mismo giro comercial.
De 2020 a 2023, DESARROLLOS DESCOMAD, S.A. DE C.V., también propiedad de Edgar, recibió 4.9 millones de dólares por el uso de las marcas, sin contrato aprobado por los demás accionistas. Estas transacciones fueron avaladas por Edgar desde su posición en la empresa y establecidas sin consenso con sus hermanos.
Además, las denuncias incluyen el uso de fondos de BACO para gastos personales de Edgar, tales como pagos de tarjetas de crédito, impuestos individuales, honorarios legales, combustible para un yate y obras en propiedades particulares ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
En respuesta a las denuncias, Edgar Herrmann abrió una carpeta de investigación contra sus hermanos John y Karin. En julio de 2025, John Urich Sass fue detenido por presunto fraude procesal, bajo la acusación de intentar engañar a la autoridad al presentar la denuncia original.
Especialistas y los propios hermanos señalan que el delito de fraude procesal no amerita prisión preventiva, especialmente cuando el imputado tiene domicilio identificado y localizado, y la denuncia original contiene documentos que evidencian posible administración fraudulenta por parte de Edgar.
Se advierte que la orden de captura emitida viola principios de legalidad y proporcionalidad, afectando derechos humanos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso del aparato penal como un mecanismo para intimidar el ejercicio legítimo de derechos societarios.
El caso continúa bajo investigación y representa un desafío en materia de gobernanza corporativa dentro de una empresa familiar con más de seis décadas de trayectoria.
