El proceso LPN-SEBIEN-001-2026, mediante el cual la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México contratará el servicio de dispersión de apoyos económicos, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades durante su desarrollo, de acuerdo con información del sector.
Participantes del concurso han reportado presiones e intimidaciones, así como condiciones que, según refieren, favorecerían a uno de los competidores. Las inconformidades surgieron en el contexto de la evaluación de propuestas dentro del procedimiento.
Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que la autoridad determine si existen elementos para iniciar investigaciones.
La licitación contempla la contratación del servicio de dispersión de recursos de programas sociales prioritarios en la capital, entre ellos Desde la Cuna 2026, Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años, Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, Mujeres Sanas e Infancias Protegidas y Ciudad que Cuida a Quien Cuida.
De acuerdo con las bases, la entrega de los apoyos deberá realizarse a través de tarjetas electrónicas. El procedimiento considera la adjudicación por partidas y un monto conjunto que podría superar los 2 mil 285 millones de pesos, lo que lo ubica como un contrato de alto impacto en el manejo de recursos públicos.
Ante los señalamientos, actores del sector solicitaron la intervención de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y de la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, para dar seguimiento al procedimiento y asegurar su apego a la legalidad.
La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México establece en su artículo 36 que cualquier interesado que adquiera las bases puede participar en el proceso, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
La normativa también señala que la convocante no puede imponer condiciones adicionales ni restringir el acceso a la información, y que debe garantizar igualdad de trato entre los participantes; el incumplimiento de los requisitos previstos en las bases constituye causal de descalificación.
