Vecinas de la colonia Verónica Anzures que promovieron un amparo contra la fase IIII del proyecto inmobiliario Be Grand Polanco se anotaron un triunfo al lograr una suspensión definitiva en materia ambiental contra la obra.
Dentro del juicio de amparo 954/2025, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a cargo de la Juez María Elena Lugo del Castillo, ordenó una inspección judicial en el predio ubicado en Lago Alberto 300, colonia Anáhuac.
La diligencia se realizará el próximo 8 de mayo a las 10:00 horas y tiene como objetivo verificar el estado actual del suelo permeable en 2 mil 682 metros cuadrados dentro del terreno que deben permanecer descubiertos, así como el grado de daño al arbolado que existía en el sitio, por la tala y excavaciones realizadas.
En conferencia de prensa, las vecinas Ana Jacobo, Ameyalli Magallón y su abogado Arturo Aparicio, explicaron los alcances de la suspensión definitiva contra ese proyecto de Be Grand que contempla la construcción de dos torres, una de 20 niveles y otra de 39, con un total de mil 84 departamentos.
Explicaron que durante el ínterin del juicio la desarrolladora Be Grand ya consumó la tala de árboles y realizó excavaciones en el predio, pero el suelo permeable aún se encuentra a descubierto, lo que mantiene viva la posibilidad de preservarlo si el juzgado ordena medidas inmediatas.
Dijeron desconocer cuántos árboles ya fueron talados, pero Arturo Aparicio destacó que según datos de la Secretaría de Medio Ambiente local, podrían ser 112 los individuos arbóreos afectados.
En un primer momento del proceso, el caso llegó a un Tribunal Colegiado, ante la negativa de la juez María Elena Lugo, de reconocer el interés jurídico de las vecinas de la colonia Verónica Anzures, quienes han acusado el daño ambiental para su comunidad por el proyecto de Be Grand.
Las vecinas se dijeron preocupadas por el cumplimiento correcto de la suspensión de amparo, ya que en el pasado la jueza Lugo ha obstaculizado la justicia a favor de las vecinas negando originalmente la suspensión y amparo.
La suspensión definitiva de amparo implica detener la edificación de las dos torres y únicamente podrá llevar
a cabo trabajos de colocación de muros que sirvan como estructuras de contención de tierra y agua.
Esto para garantizar la estabilidad de paredes, prevenir desprendimientos y garantizar la seguridad de predios colindantes derivada de la excavación profunda, pero sin cubrir la superficie de suelo permeable.
Por lo que hace a la permeabilidad del suelo, si el resultado de la inspección arroja que la superficie de más de 2 mil metros cuadrados ya no es un área verde, las autoridades responsables deberán impedir la ejecución de cualquier acto que tenga como efecto su alteración como la colocación de concreto, asfalto u otros materiales que inhiban la filtración natural del agua, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
Ameyalli Magallón expuso que la permeabilidad del suelo no se pierde por el sólo hecho de eliminar esa área, sino que continúa mientras no sea cubierto con materiales impermeables, que es justamente lo que contribuye a generar la isla de calor urbana con la afectación directa al ambiente.
En la conferencia explicaron que Be Grand solicitó autorización para afectar arbolado y área verde permeable, pero nunca presentó una propuesta de restitución ni justificó técnicamente la imposibilidad de realizar plantaciones y áreas verdes permeables dentro del propio predio o su área de influencia.
La resolución judicial, publicada el pasado 14 de abril, ordena a la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema adoptar medidas con la calidad de “BOSQUE URBANO” para frenar las afectaciones ambientales y proteger el suelo permeable.
Arturo Aparicio agregó que el amparo promovido por las vecinas demanda no solo cuestiones de tipo ambiental.
En el juicio también se combate una consulta vecinal para grandes construcciones y una consulta pública en materia ambiental, ambas viciadas en su aplicación, así como la entrega de autorizaciones ambientales sin haberse medido el impacto en ese rubro.
Agregó que, cuando se resuelva el amparo por completo, se determinarán tres situaciones; una, si la consulta para grandes construcciones fue o no legal; dos, si la consulta ambiental debió realizarse o no; y en tercer punto, si el proyecto representa un riesgo ambiental no medido.
Consideró que Be Grand opondrá mucha resistencia para no perder el amparo, pues ello le impactaría en una proyecto donde los inmobiliarios esperan ganancias por 8 mil millones de pesos.
