Avalan dictamen sobre extorsión que propuso Brugada

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Diputados de todos los partidos aprobaron esta tarde el dictamen de reforma al Código Penal que propuso la jefa de Gobierno Clara Brugada para combatir el delito de extorsión.

Los legisladores de la Comisión de Justicia se reunieron hoy para avalar por unanimidad esta reforma, a 25 días de que la mandataria envió la iniciativa al Congreso local.

La exposición de motivos del dictamen menciona también una iniciativa de la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo, quien propuso aumentar las penas de cárcel por extorsiones cometidas a través de llamadas telefónicas o medios digitales.

EL DICTAMEN 

No obstante, en los resolutivos finales del dictamen prevalecen las propuestas de la jefa de Gobierno que contemplan la creación de los artículos 148 Quarter y 148 Quinquies que convierten a la extorsión en un delito grave, sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.

Además, castigará por igual la tentativa de extorsión; la extorsión misma se perseguirá de oficio y contempla 14 agravantes.

De entre las agravantes que elevarán al doble la pena de cárcel está que el extorsionador sea un servidor público o un integrante de un empresa de seguridad privada.

También cuando la extorsión se realice por llamada telefónica, un correo o cualquier medio electrónico, se usen imágenes o videos de contenido sexual y cuando se realice desde prisión.

También será un agravante cuando se utilice a menores de 18 años o mayores de 60 para extorsionar, cuando se comentan daños a propiedades de la víctimas, así como cuando se usen armas de fuego para cometer el ilícito.

La pena de cárcel para el delito de extorsión pasaría de cinco años, como está actualmente, a 10 años..

Con los agravantes, la pena de prisión puede subir al doble.

COBRANZA ILEGÍTIMA

La reforma adiciona el artículo 148 Quinquies para castigar el delito de cobranza ilegítima o también conocido como Gota a Gota.

En este caso se impondrán de 10 a 15 años de cárcel a quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, utilice medios ilícitos o actos de hostigamiento e intimidación.

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