La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, con inversión cercana al billón de pesos durante el actual sexenio, el Gobierno de México demuestra que las personas adultas mayores pueden vivir de manera digna y con pleno goce de sus derechos constitucionales, mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un sistema no contributivo y de carácter universal, el más grande de América Latina.
Al impartir la conferencia magistral «México firma y ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: retos y oportunidades», celebrada en el Auditorio “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México, enfatizó que la ratificación de la convención «siempre fue una prioridad» del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de cinco años en el olvido por parte de la pasada administración federal y el Senado.
Ante personas legisladoras locales de la Comisión de Derechos Humanos, informó que la pensión se entrega a 11.4 millones de personas derechohabientes, con inversión hasta 2023 superior a los 975 mil millones de pesos, de los cuales, 339 mil 341 millones de pesos corresponden a este año, lo que significa cuatro veces lo destinado en los dos sexenios pasados juntos.
Hoy se entregan cuatro mil 800 pesos bimestrales a las personas adultas mayores, contra los 580 pesos que recibían en el pasado; y el padrón pasó de 5.1 millones a 11.4 millones, más del doble, a partir de los 65 años. En 2024, adelantó, serán seis mil pesos bimestrales. «Nuestro gobierno no da dádivas, ni lucra con la necesidad de los sectores más vulnerables. Por el contrario, los derechos de las personas adultas mayores son uno de los pilares de la política de bienestar», dijo Ariadna Montiel.
Recordó que recientemente se depositó el instrumento de adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, proceso que tardó una década, porque los gobiernos del pasado tuvieron poco interés en atender a los sectores más vulnerables. El documento se firmó en 2015, pero hasta diciembre del año pasado la cámara alta avaló su adhesión, pese a que el artículo 17 de la convención señala que los Estados firmantes están obligados a garantizar una vida digna.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Marisela Zúñiga Cerón, indicó que “hoy las personas adultas mayores están en el centro de la política social”.
La legisladora Elizabeth Mateos Hernández dijo que, a su juicio, «hay tres personajes fundamentales para el país, y particularmente para la Ciudad de México, que han estado luchando por los adultos mayores: nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y nuestra secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel».
Finalmente, la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, adelantó que desde la Cámara de Diputados «estaremos muy al pendiente de que cada vez que haya un ahorro se dirija a los adultos mayores y a las personas con discapacidad».
A la conferencia magistral también asistieron la directora Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Brisa Solís Ventura; la subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo en el Sistema Integral de Derechos Humanos, Rebeca González Camacho, personas adultas mayores y personas invitadas en general.
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