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jueves, mayo 15, 2025

Amenazan en el IPN a trabajadores de aseo; acusan a perdedora de contrato

Amenazas y presiones contra los trabajadores de limpieza se han vivido en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). De acuerdo con los afectados, miembros de Armot Seguridad Privada y Servicios han recurrido a estas acciones, luego de perder un contrato por más de 469 millones de pesos.

“Ya no sabemos que hacer, se quedaron sin el contrato, pero nosotros no tenemos la culpa, solo venimos a hacer nuestro trabajo. Cada año nos adaptamos a la empresa que eligen como proveedora pero nunca nos imaginamos las presiones y amenazas que vendrían; nos dicen que tenemos que ayudarlos a recuperar el negocio, pero nosotros no tenemos que ver en esa decisión”.

La reposición del proceso por invitación restringida IA-11-B00-01100001-N-6-2024 fue ordenada al analizar las omisiones documentadas por Gott und Glock, mediante un recurso de inconformidad.

En enero, la dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, encabezada por José Alonso García, eligió a Armot Seguridad Privada como proveedora, a pesar que otras concursantes cuestionaron requisitos como los plumeros con medida de 1.5 centímetros; o bien, los reducidos plazos para entregar las muestras de los productos, ya que les notificaron de las peticiones el viernes 29 de diciembre después de las 9 de la noche y tuvieron hasta ese martes 2 de enero para cumplir.

De acuerdo con los afanadores, Armot es operada por José Juan Reyes Mote, quien estaría relacionado al secretario de Administración en el IPN, Javier Tapia Santoyo, señalado a inicios de año por posibles actos de corrupción durante sus funciones en el ISSSTE.

Armot Seguridad Privada y Servicios ya había sido relacionada a Reyes Mote, ejemplo de ello, una denuncia del colectivo Justicia Transversal Mexicana, donde también implicó a razones sociales como Limpiacero y Distribuidora Yaab, con las cuales se coordinarían precios para simular competencia, por lo que se pidieron averiguaciones a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

 

 

 

 

 

 

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