El próximo lunes 19 de enero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y eventualmente aprobará un proyecto de resolución de la ministra María Estela Ríos González que validará una reforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX en materia de desalojos.
El problema es que, tal y como los legisladores aprobaron esa reforma hace siete años, en 2019, deja abierta la puerta a que en la capital del país se comentan desalojos de viviendas de forma arbitraria y en abierta violación a derechos humanos, y aún así dichos lanzamientos sean considerados legales y constitucionales.
Hoy integrantes de colectivos y ciudadanos por el derecho a la vivienda, ofrecieron una conferencia para advertir sobre los alcances nocivos de esa resolución, relacionada con la acción de inconstitucionalidad 73/2019.
Pidieron a los ministros suspender la votación del proyecto, establecer audiencias públicas sobre el tema y abrirlo al debate público.
La conferencia se realizó afuera del predio de Cuba 11, de donde fueron desalojadas de manera violenta 19 familias a finales de agosto del año pasado, derivado de un juicio plagado de inconsistencias e irregularidades.
Ahí, Eduardo Alanís, integrante del Frente Antigentrificación, dio lectura a un comunicado suscrito también por los Desalojados de Cuba 11, el Frente por la Vivienda Joven, el ObservatorioVecinal Escandón, la Asamblea Ecologista Popular, la organización Obrera para los Obreros, la Clínica Jurídica “María Luisa Marín”, Habitat International Coalition – America Latina (HIC-AL) y Asamblea Vecinal contra las megaconstrucciones Tlalpan- Coyoacán.
Todos ellos han convocado a una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes 19 de enero, a las 8:00 horas, para exigir la suspensión del proyecto.
Advirtieron que ese día bloquearán más calles en el Centro Histórico para hacerse escuchar.
En el comunicado recordaron que dicha acción de inconstitucionalidad resuelve sobre la reforma regresiva que los diputados de Morena y de la 4T avalaron en 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos.
La redacción original de dicho artículo contenía garantías mínimas para las personas que fueran objeto de un desalojo, como ser avisadas con anticipación, evitar el uso de la fuerza, y en caso de ser personas vulnerables, que se les diera opciones de reubicación para no terminar en situación de calle.
Ese artículo hacía suyos los principales estándares internacionales en la materia y establecía un catálogo de derechos, como que las personas afectadas por un desalojo tuvieran derecho a ser oídas y vencidas en juicio.
Aunado a ello, la redacción original del artículo 60 establecía que el gobierno tenía la obligación de generar datos sobre el número de desalojos y sus causas y, con base en estos, elaborar una política de vivienda.
Además, se señalaba que el desalojo procedería solo en casos excepcionales, ademas de establecer una debida indemnización en caso de que las personas afectadas perdieran bienes durante el lanzamiento.
CAMBIOS REGRESIVOS
Pero en 2019 dichas garantías fueron eliminadas de la ley, a través de un dictamen de reforma que presentó el diputado de Morena Temístocles Villanueva y que avaló la mayoría oficialista en el Congreso local.
Al advertir desde entonces sobre la regresividad de esa reforma, organizaciones vecinales presionaron en aquel 2019 a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad para que presentara la acción de inconstitucionalidad.
Hoy la CDH no ha emitido un solo pronunciamiento sobre el tema.
El abogado y representante legal de los inquilinos desalojados de Cuba 11, Arturo Aparicio, explicó que en aquel 2019 los desarrolladores inmobiliarios presionaron a los diputados para cambiar el artículo 60 y avalar la redacción regresiva que la SCJN está apunto de validar como constitucional.
Argumentaron que aquella redacción primigenia del artículo 60 atentaba contra la propiedad privada.
A tal grado fue la presión de los inmobiliarios contra el Congreso, dijo Aparicio, que en solo cuatro meses consiguieron modificar todo el artículo y sustituir su redacción original protectora por una regresiva, que trasgrede el derecho a una vivienda adecuada, además de dejar sin protección legal directa y explícita a los afectados por lanzamientos.
“Esto ha dado lugar a que en la Ciudad de México se lleven a cabo desalojos legales pero violatorios de derechos humanos, aunado a múltiples problemas que se ya se enfrentan, como la simulación de notificaciones, juicios irregulares, falta de garantías procesales, y ausencia de una evaluación de la situación socio económica de las personas a desalojar para evitar que queden en la calle”, denunció Aparicio.
Acusó que en la redacción de la resolución que se discutirá el lunes participó Raymundo Espinoza Hernández, un ex candidato a ministro quien en su propaganda decía abanderar causas sociales pero hoy elaboró una propuesta a modo, sin siquiera mencionar que el artículo 60 tuvo una redacción original y garantista.
Cuestionó que la propuesta de resolución de la ministra Ríos González se da a seis meses del Mundial de Futbol, un evento deportivo que crea el escenario de inversión perfecto para los desarrolladores inmobiliarios y para los anfitriones de rentas temporales.
Los integrantes de los colectivos que ofrecieron la conferencia acusaron que en aquel momento y aún ahora la presión inmobiliaria ha venido de la Coparmex, así como de personajes como el ex procurador y actual notario Ignacio Morales Lechuga, junto con sus hijos que son dueños de la constructora GDC Desarrollos.
Un ejemplo de que la presión inmobiliaria continúa, explicaron, es la falta de resultados del Bando 1 emitido entre fanfarrias por la jefa de gobierno Clara Brugada, pues no existe aún la Ley de Rentas Justas ni el protocolo de desalojos.
Arturo Aparicio lamentó que para los ciudadanos y colectivos defensores del derecho a la vivienda el escenario y triste y desalentador.
Esto es así porque incluso si la SCJN mandara a la congeladora la propuesta de la ministra Ríos González, el actual artículo 60 seguiría aplicándose en detrimento de la población y para beneficio de los inmobiliarios.
Así, “no nos queda más que tomar las calles”, concluyó el abogado.
