Habitantes de pueblos y barrios de la CDMX advirtieron sobre un plan concebido desde el gobierno de Claudia Sheinbaum para crear la “Ciudad Mercancía”.
Esta es la principal conclusión emanada de la séptima reunión del colectivo Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México en Defensa del Territorio, el Agua, la Vida y Contra la Corrupción Inmobiliaria.
En la explanada del Estadio Azteca los vecinos se dijeron preocupados sobre el contenido de la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Ese documento, junto con el Plan General de Desarrollo, se diseñó en las oficinas del gobierno de la Ciudad.
Hace dos semanas Claudia Sheinbaum anunció la emisión de las convocatorias pública e indígena para discutir y aprobar ambos instrumentos de desarrollo urbano.
VIVIENDA SOCIAL
Ahora los integrantes de ese colectivo vecinal señalaron que la propuesta del PGOT mantiene una serie de políticas que representan la continuidad del corrupto modelo de desarrollo inmobiliario.
Señalaron que las políticas de vivienda social propuestas resultan insuficientes.
Además, se basan en un esquema de “vivienda incluyente” por el cual se permite a los desarrolladores inmobiliarios aumentar los niveles de construcción a cambio de que un porcentaje de las viviendas tenga un precio menor.
Así, la construcción de vivienda social queda condicionada a la inversión privada y a la ganancia del sector inmobiliario, dejando de lado otro tipo de esquemas para la producción social del hábitat.
TURISMO
Advirtieron que se propone descentralizar la actividad turística.
Ese implica crear destinos turísticos “emergentes”, 35 de ellos en diversas partes de la ciudad.
Para ello se propone modificar el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles a fin de que el hospedaje en casa habitación sea categorizado como de bajo impacto.
A decir de los vecinos esto es un claro mensaje para legalizar las prácticas de la empresa “Airbnb”.
Lo calificaron de preocupante dada la experiencia internacional que habla de un encarecimiento de las viviendas y procesos de gentrificación con motivo del aumento de las prácticas de “Airbnb”.
Además, se propone continuar con el modelo de densificación.
Esto sin ofrecer un diagnóstico claro sobre la capacidad de las diversas zonas para recibir más viviendas o plazas comerciales o proyectos de uso suelo mixto.
SISTEMA DE REGISTRO
En materia de pueblos originarios, los integrantes del colectivo acusaron que el PGOT sigue la desafortunada línea de imponer un “Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios”.
Acusaron que con ese Sistema se pretenden desconocer los reconocimientos previos en Gaceta Oficial que ya habían señalado cuáles y cuántos pueblos existen en Ciudad de México.
Además, el documento considera que la situación de los pueblos y barrios solo puede atenderse a través de planes parciales.
Eso sin poner ningún énfasis en los aspectos macro que inciden en la permanencia y supervivencia de los pueblos en la ciudad, como los corredores urbanos, las grandes obras de infraestructura o el aumento de plazas comerciales.
Así, denunciaron que la visión gubernamental es ver a los pueblos y barrios como guetos aislados del resto de la dinámica de Ciudad.
Además, de forma contraria a sus derechos, establece diversas “nuevas centralidades” en las que se favorece la densidad y los usos de suelo mixto, ubicadas en territorios de los pueblos.
Un ejemplo es la nueva centralidad en Tláhuac que podría afectar a todos los pueblos de la zona, o la del Tec de Monterrey que incide en el pueblo de Santa Marìa Tepepan, en Xochimilco.
Acusaron que no convocatoria de consulta, ni la propuesta de Programa considera la importancia de respetar la propiedad social de ejidos y comunidades.
“Es como si no existieran quienes son dueños y guardianes de gran parte de los bosques y tierras fértiles y de conservación”, lamentaron.
AGUA Y SUELO
El colectivo de Pueblos y Barrios también fustigó que las políticas ambientales están enmarcadas en propuestas de negocios.
Mencionaron la promoción de “bonos verdes”.
Además, calificaron de contradictoria la política de incrementar la masa vegetal y forestal, sin ninguna propuesta de instrumento concreto para llevarlo a cabo.
Señalaron que prevalece la política de eliminar casi 30 mil hectáreas de suelo de conservación para convertirlas en “suelo rural”.
En materia hídrica no existe ninguna acción tendiente a revisar el consumo de los concesionarios del agua.
Tampoco a pensar en que se debe priorizar el agua para consumo doméstico y no para grandes torres de oficinas o plazas comerciales.
Continúa la política de tuberías que no modifica la relación del desarrollo inmobiliario con la Cuenca.
“Preocupa además la propuesta de un mercado de agua tratada, que tiene que ver con volver el agua un negocio”, criticaron.
Advirtieron que se propone aumentar la altura y la densidad en predios con frente a vialidades primarias que cruzan gran parte de la ciudad, como Periférico.
LA PROPUESTA VECINAL
Por todo ello los vecinos externaron una propuesta alternativa.
Plantearon retomar el PGOT del año 2000, el cual ya contiene una serie de medidas encaminadas a proteger el suelo de conservación.
Además, ese documento ya fue consensuado en su momento con los pueblos, barrios y comunidades agrarias.
Pidieron respetar la propiedad social de ejidos y comunidades, así como el territorio de pueblos y barrios.
Urgieron a dejar de lado el desarrollo inmobiliario como centro de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial.
“La ciudad no es una mercancía, el territorio no es una mercancía, es un espacio para habitar, para el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos”, señalaron.
Pidieron realizar un diagnóstico de las capacidades reales en términos hídricos, de movilidad, protección civil, a fin de determinar si, en primer lugar, la ciudad puede seguir creciendo.
Exigieron eliminar propuestas que puedan producir mayores procesos de expulsión, como las nuevas centralidades y los corredores que permiten aumentar niveles de densidad.
