El pasado 30 de octubre de 2023, el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden firmó la “Orden Ejecutiva: desarrollo y uso seguro y confiable de la inteligencia artificial”.
Con la firma de dicha orden ha quedado zanjado uno de los dilemas fundamentales que se habían presentado en materia regulatoria de la inteligencia artificial (IA), si se regulaba o no dicha tecnología.
Sin embargo, lo cierto es que, la regulación estadounidense trasciende a este debate por múltiples motivos, algunos de los cuáles merecen ser tenidos en cuenta al momento de adoptar una posible regulación en la materia en países como México.
El primero, y quizás más importante es que la cuestión fundamental no recae en el dilema de regular o no, sino en cómo realizar dicha regulación.
En la Orden Ejecutiva queda claro que no es suficiente una regulación ética, segura y fiable, sino que es necesario garantizar que el desarrollo y uso de la IA vaya de la mano con el desarrollo de la innovación y la competitividad.
En otras palabras, no es suficiente que la regulación de la IA declare principios éticos y obligaciones de seguridad y fiabilidad, si a la par no existen medidas claras para lograr su aplicación en la sociedad de manera competitiva.
La ética, seguridad y fiabilidad es imposible de alcanzar sin la innovación y la competitividad.
Más allá de su valor jurídico, la Orden Ejecutiva reconoce a los Estados Unidos como líder en innovación en IA y adopta medidas para garantizar este liderazgo.
Declara una posición y adopta medidas para poder permanecer en la misma.
Por ejemplo, se propone la implementación de un sistema catalizador de recursos de investigación en IA para proporcionar a investigadores y estudiantes acceso a recursos y datos claves sobre la tecnología, así como subvenciones en la investigación y aplicación de esta en áreas claves.
La medida además de lógica es congruente con cualquier intento de implementar una IA robusta y fiable.
Resulta imposible sostener y proponer un marco ético si previamente no existe investigación ética, no solo desde el diseño, desarrollo y despliegue de la tecnología, sino también, desde los propios problemas que esta podría resolver o coadyuvar a resolver.
Sin investigación es imposible reconocer las limitaciones y posibilidades de uso que la tecnología posee u ofrece.
No puede pensarse en un desarrollo y uso ético de la IA si los Estados no fomentan e invierten en la investigación ética de la IA.
Aquellos países que no invierten en investigación de la IA están condenados, definitivamente a convertirse en eternos consumidores de tecnología desarrollada a partir de estándares éticos importados y sus consecuentes riesgos.
También sobresale la promoción de un ecosistema de IA justo, abierto y competitivo, cuyo objeto de atención es precisamente el acceso a recursos y a asistencia técnica a los pequeños desarrolladores y emprendedores, incluyendo la ayuda para que las pequeñas empresas puedan ayudar a comercializar sus avances, así como la protección del derecho de la competencia.
Lo cual es también lógico, no basta con investigar y desarrollar, es necesario realizar el salto que requiere la innovación, que la transferencia y aplicación de los desarrollos, si esto no se lleva a cabo, la investigación ha sido en balde.
En este mismo sentido se reconoce la necesidad de que para que ello ocurra se proteja la libre competencia. ¿Qué tiene que ver la libre competencia con una regulación fiable y segura de la IA? Pues todo.
La protección de la competencia en el contexto de la IA ha sido una preocupación constante por parte de las autoridades de los Estados Unidos.
En mayo de este año Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio, declaraba públicamente la necesidad de que no solo se hablara de proteger derechos, sino que se mantuvieran los mercados abiertos, justos y competitivos para no tolerar modelos de negocio o prácticas que impliquen la explotación masiva de sus usuarios.
En otras palabras, la protección de la libre competencia, desde el marco regulatorio, debe tener como principal fin que la generación de la tecnología no recaiga sobre determinados agentes de manera exclusiva con estándares tecnológicos y económicos únicos.
Además, debería garantizar, en principio, libertad de elección, soluciones tecnológicas éticas y diversas para necesidades distintas.
Una regulación desacertada podría provocar el efecto contrario, el establecimiento de monopolios tecnológicos.
Por último, sobresale la medida de permitir que personas inmigrantes y no inmigrantes altamente cualificados en áreas de experiencias críticas puedan estudiar, permanecer y trabajar en los Estados Unidos.
Desde el punto de vista de las personas no inmigrantes supone una política acertada para retener el talento nacional; sin embargo, para los gobiernos extranjeros, en el caso de los inmigrantes, la política no significa otra cosa que el reconocimiento jurídico de una práctica que ya es común en este y otros campos tecnológicos, el “robo de cerebros”.
En principio, parecería una opción viable y, hasta cierto punto, legítima, tanto para los Estados Unidos como para los beneficiarios de la medida (los científicos y personal cualificado inmigrante); sin embargo, lo cierto es que no solo es expresión del interés de mantener la posición de líder mundial, sino también, constata un “interés nacional” de figurar como líder en la competencia geopolítica por el desarrollo y uso de la tecnología.
En una industria que ha demostrado requerir de mano de obra altamente capacitada cuya formación es costosa y escasa, apostar por conseguir, retener y desarrollar el mejor talento del mundo supone no solo un privilegio que pocos países pueden tener, es también, la garantía de contar con recursos humanos altamente calificados que puedan materializar cualquiera de las medidas previstas en la Orden Ejecutiva, incluyendo la investigación ética de la IA y el desarrollo y consolidación de la tecnología en nuevos modelos de negocios.
Sin dudas, los países que más sufrirán este tipo de medidas serán precisamente aquellos que, como México, presentan aún dificultades para participar en la carrera por la innovación de la IA. Todo lo cual profundiza el contexto de desigualdad tecnológica y geopolítica.
Centrar el dilema regulatorio solo en el aspecto ético, sin tener en cuenta otros elementos como la innovación y la realidad geopolítica de la tecnología es en el menor de los casos inocente.
Perder de vista dicha perspectiva podría implicar graves consecuencias no solo para el desarrollo de la tecnología, sino también, para todos aquellos campos de las ciencias e incluso de otras tecnologías cuyo desarrollo depende en gran medida del avance de la IA, dígase innovaciones en salud, descubrimiento de nuevos medicamentos, proteínas y moléculas, agilización de procesos burocráticos, utilización en el campo de la agricultura, y predicción de desastres naturales, solo por mencionar algunas.
Las medidas propuestas en la Orden Ejecutiva deben ser analizadas con detenimiento e interés, no para buscar su copia o adopción en aquellos países que todavía no la regulan, como México, sino para comprender la lógica que existe detrás de la regulación de una tecnología disruptiva como la IA.
La solución nacional nunca podrá ser la adopción de modelos regulatorios preestablecidos, sin antes declarar este tema como de interés nacional y proponer soluciones que respondan tanto a las demandas de la tecnología como a las propias capacidades del país para desarrollarla, así como a sus particularidades sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas.
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