Acusan vicios de procedimiento y de legalidad en proyectos del PGD y PGOT

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

A nivel ciudadano comenzó a gestarse un proceso de oposición a las convocatorias indígena y pública emitidas por el GobCDMX para generar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Por iniciativa de la organización Suma Urbana que encabeza Josefina MacGregor  circulan cartas dirigidas a distintas autoridades y al Congreso local.

En esas misivas se acusan vicios de legalidad en los procesos seguidos por el gobierno de Sheinbaum para consultar ambos documentos.

De acuerdo con Josefina MacGregor la intención es que los Copacos y vecinos de diversas zonas de la Ciudad entreguen las cartas antes del 8 de agosto que es la fecha de inicio de las consulta.  

Cada carta va dirigida a una autoridad diferente, del Instituto de Planeación, de la 16 alcaldías y de las comisiones del Congreso local que en su momento dictaminarán el PGD y el PGOT.

En ellas piden dejar sin efecto las convocatorias emitidas el pasado 8 de julio por Sheinbaum.

ARGUMENTOS

En la carta que, por ejemplo, dirigen a Pablo Benlliure, director del Instituto de Planeación, argumentaron violaciones a la Constitución de la Ciudad y a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo local.

Señalaron que el PGD y el PGOT no deberían discutirse y aprobarse al mismo tiempo.

Primero es el Plan General de Desarrollo y seis meses después debe elaborarse el de Ordenamiento Territorial.

También acusaron que hasta el momento la participación ciudadana ha quedado excluida en la elaboración de los proyectos de ambos documentos.

En ello ha incumplido el Instituto de Planeación.

Recordaron que el Instituto de Planeación creó la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social en forma tardía.

Eso ocurrió el 12 de noviembre de 2021, pero esa oficina no ha capacitado ni convocado a la ciudadanía para su participación en todas las etapas y escalas del proceso de planeación.

Contrario a la ley de Planeación, tampoco se han creado oficinas especializadas en las dependencias del gobierno y alcaldías para incorporar la participación ciudadana.

Además, dependencias estratégicas como la Secretaría de Medio Ambiente, la de Protección Civil, ni las alcaldías participaron en la emisión de comentarios y opiniones respecto a los proyectos del PGD y el PGOT.

ILEGAL DESDE EL INICIO

En las cartas ciudadanas se señalaron también ilegalidades contenidas en el proyecto del PGOT.

En la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo se establece que en el PGOT no deben quedar espacios de discreción en las demarcaciones territoriales..

Pero el texto de la propuesta del PGOT claramente viola esta disposición al dejar decisiones de planeación participativa sólo en manos de SEDUVI.

Esto debido a que se proponen normas generales como la de “cesión onerosa de derechos de edificación” para densificar la ciudad en lo que llaman las AGT de centralidades (áreas de gestión territorial).

Así se crearían áreas que abarcarán miles de hectáreas de AGT en el Centro Histórico, Insurgentes Universidad, Paseo de la Reforma, Polanco Lomas, Santa Fe y Bosques Lomas Altas.

También en Cuicuilco Perisur, Azcapotzalco, World Trade Center, Aeropuerto, central de abasto, Insurgentes Viaducto, Televisa San Ángel, Tláhuac, Tec de Monterrey Sur.

Además en Parque Deportivo Cuitláhuac, Nueva Industrial Vallejo y San Juan de Aragón. 

En otras palabras, las constructoras comprarán a SEDUVI el potencial constructivo, por el precio que determine esa secretaría, al margen de los elementos técnicos y participativos, es decir, de los programas de ordenamiento territorial. 

“El dinero se iría a un Fondo de Ordenamiento Territorial y eso es sólo un ejemplo del tipo de incongruencias propuestas en el PGOT, en tanto las decisiones de ordenamiento territorial son de naturaleza discrecional”, se lee en las cartas.

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