Ciudad de México.- Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han sido pasivos al tolerar que los Congresos estatales priven a la ciudadanía de su derecho a elegir.
López Obrador no ha hecho nada para detener el abuso del Congreso de Baja California que con total alevosía amplió el mandato de Jaime Bonilla, en una violación flagrante a la Constitución.
En la Capital CDMX, Sheinbaum, con el apoyo del Congreso capitalino que es liderado por Morena, privó a los habitantes de la capital del país de ejercer su sufragio para renovar los comités ciudadanos.
El 1 de abril, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto que adicionó el artículo décimo transitorio a la Ley de Participación con lo cual se dejó en el aire la renovación de los órganos de representación ciudadana.
Ese hecho fue controvertido por una ciudadana de la colonia Juárez, quien fue ignorada por el Instituto Electoral de la CdMx y el Tribunal Electoral capitalino, pero logró que se le hiciera justicia en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se declaró inconstitucional la decisión de Sheinbaum y el Congreso morenista.
La resolución de la Sala Regional agarró al Congreso capitalino mal parado y mientras el líder de Morena, Ricardo Ruiz, disfrutaba su verano en Estados Unidos.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que impugnen el caso ante la Sala Superior del TEPJF para ganar tiempo en lo que llega el periodo ordinario de septiembre y emiten la nueva Ley de Participación Ciudadana, con lo que quedaría subsanado el asunto.
Lo lamentable es que una vez más se ha puesto en evidencia que Morena viola derechos humanos y le niega a los ciudadanos el derecho al voto.
No es un tema menor y ha causado polémica en el país porque sin menor recato han pasado por encima de la voluntad popular pese a que dicen ser gobiernos emanados del pueblo.
Valdría la pena que en el Instituto Electoral capitalino se impusiera una visión garantista y con base en la resolución de la Sala Regional se emitiera la convocatoria con un alcance general y no relativo.
Empero, estamos ante la debilidad institucional por el temor al partido en el gobierno y se prevé que una vez más se hagan de la vista gorda y realicen malabares a fin de no incomodar al Congreso capitalino donde no pierden la oportunidad de exhibir sus deficiencias.
El Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tienen en sus manos la valiosa oportunidad de resarcir los daños y fortalecer la participación ciudadana, de lo contrario habrán consumado un nuevo atentado a la democracia.
¿TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO?
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inició el registro de choferes de las unidades de transporte público y taxis de la ciudad luego de que se ha vuelto deporte que los operadores desaparezcan o secuestren a mujeres y halla un desenlace fatal.
La acción es loable para tener un registro certero de los choferes, pero sorprende que la Semovi, que dirige Andrés Lajous, no tenga un registro de los operadores de las unidades.
Desde 2008, se supone que la asociación civil Cenfes emite los tarjetones a los transportistas y no es posible que ahí no se cuente por lo menos con un testigo de los permisos otorgados que tienen un valor mínimo de mil pesos.
Es alarmante que la Semovi no revise los procesos del órgano privado encargado de dar los permisos para ser chofer y no habrá resultados con un simple registro si no se observa la corrupción que impera para la entrega de tarjetones a diestra y siniestra sin la valuación psicológica y los antecedentes de cada conductor.
NOCAUT. Los alcaldes de Morena en Álvaro Obregón, Layda Sansores, y en Miguel Hidalgo, Víctor Romo, en su afán de protagonismo cometieron un tongo y por fortuna han sido evidenciados para no causar daño a los capitalinos con la confiscación de bienes. ¡Abrazos, no periodicazos!
