Ciudad de México.- A un año de aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la principal debilidad de ese modelo de impartición de justicia es la deficiente profesionalización de los operadores jurídicos del mismo, señaló Perla Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
Muestra de lo anterior, expuso, es que en la integración de las carpetas de investigación se han identificado prácticas del Sistema tradicional, como la omisión de recabar con oportunidad el dato de prueba; así como el que en algunas audiencias los jueces han refutado a defensores públicos y privados, por su falta de capacidad técnica y desconocimiento del tema que es motivo de audiencia, o llamado la atención e inclusive bajo medidas de apremio, tanto a fiscales, como a personas defensoras.
Lamentó que el personal policial, que tiene la calidad de primer respondiente de este nuevo sistema penal, no está capacitado en su totalidad para actuar de manera certera y tampoco cuenta con los elementos materiales para cumplir con sus funciones, lo que contradijo lo dicho antes por el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, quien aseguró que más de 87 mil uniformados ha recibido capacitación.
Perla Gómez fue una de las conferencistas durante el del Foro “Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, a un año de su entrada en vigor” que organizó la Asamblea Legislativa del DF (ALDF).
La ombudsperson destacó que dentro de las instituciones que se han encargado de dar seguimiento al avance del nuevo sistema de justicia penal se encuentra el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el cual a través de sus informes ha dado un diagnóstico general, con datos duros, del estado en el que se encuentra el nuevo sistema penal.
De acuerdo con CIDAC, existe un rezago de las carpetas de investigación que no han sido determinadas, pues existe un 50% en promedio nacional, lo que implica que una de cada dos carpetas iniciadas no se ha realizado ningún tipo de determinación. Es decir, el ministerio público incumple con su rol de investigador y fiscal, labor muy importante para determinar los factores que rodearon al delito.
También es notoria la falta de capacidad de argumentación de los sujetos procesales en las audiencias. Por un lado, mientras el juez suele tener la mayor parte del tiempo el micrófono, los ministerios públicos tienen muy poca habilidad para transmitir sus ideas, así como, las y los defensores públicos y privados.
Si bien uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal, es resolver de manera rápida los juicios, esto no está sucediendo, ya que, de acuerdo con la evaluación del CIDAC, aún siguen tardando mucho las audiencias. En promedio se encontró que llegan a tardar tres horas y media, un periodo de tiempo bastante alto aún para los resultados que se buscan, situación que puede estar relacionada con la poca capacidad de argumentación mencionada.
Perla Gómez destacó que, de acuerdo con el análisis de Cidac, la figura del juez de control encargado de verificar las pruebas que se presentarán en las audiencias, debe analizar mejor cada una de las evidencias que van llegando a sus manos y que se presentarán, ya que actualmente se presentan en los juicios muchas pruebas que no tienen ningún sentido, por lo que se debe trabajar en la cientificidad de las pruebas.
Además, planteó que se debe trabajar en la comprensión de las salidas alternas que existen para evitar llegar hasta el juicio. El principal promotor de este tema debe ser el fiscal o ministerio público, quien dependiendo de la situación que se vaya presentando puede dialogar con la defensa de la persona inculpada la posibilidad de establecer algún acuerdo que beneficie a ambas partes, situación que aún muy pocos fiscales están trabajando.
