Ciudad de México.-Periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas anticorrupción en México han sido afectados por el programa de espionaje Pegasus, un malware adquirido por el Gobierno de México para investigar a criminales y terroristas.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
No obstante, la investigación técnica presentada el día de hoy por The New York Times, Artículo 19, R3D y Social Tic, da ha conocer que la herramientads adquirida "ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana".
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí.
El software denominado Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos tecnológicos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona a través de su smartphone: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
Además, el malware tiene la capacidad de utilizar el micrófono y la cámara de los celulares para realizar vigilancia, de esta manera el teléfono de la persona "vigilada" se convierte en un micrófono oculto.
Entre los focos de vigilancia se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; dos periodistas mexicanos: Carlos Loret de Mola y Aristegui Noticias, así como una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
El gobierno mexicano ha reconocido haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho, según documenta el reporte: “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario.
Sin embargo, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Esta tarde, los activistas y periodistas presentaron el informe que detalla lo que han denominado el ataque del "gobierno espía" a través de una plataforma donde dan vestigio documental para exigir justicia ante la violación de derechos humanos, pues han declarado "el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad por el uso indiscriminado de herramientas de vigilancia".
