Ciudad de México.- La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, hizo un llamado a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que adopten un mecanismo de audiencias públicas y participación abierta de cara a las impugnaciones presentadas contra la Constitución de la Ciudad de México.
“Es muy importante que todas las autoridades, que todas las personas que tengan un interés en que no se afecten sus derechos puedan ser escuchadas y escuchados ante el pleno de la Suprema Corte”, aseveró
Durante la comparecencia que rindió ante la Asamblea Legislativa (ALDF), dio la bienvenida a las revisiones que pueda realizar la Corte, pero dejó en claro que defenderán la Carta de Derechos incluida en el texto fundacional, “no vamos a permitir ningún retroceso de derechos adquiridos”, sentenció.
Dentro de los 33 artículos que impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la posible invasión de facultades de la Comisión local, Gómez desestimó la validez del argumento debido a que el hecho de que se le dé la posibilidad de acudir ante una sala constitucional a que se dicten medidas de apremio no es potestad de la Nacional.
“En el caso de la Comisión Nacional si queremos que la Corte ponga claridad como a la Comisión Nacional como a la de Derechos Humanos respecto a qué atribución o no se le pudiera estar afectando cuando no es una competencia que tiene y más bien nos fortalece”, afirmó.
Precisó que el órgano a su cargo se encargará de 11 de las 39 acciones de inconstitucionalidad totales, en el entendido de que aunque se ha señalado que se reconocen más derechos en la Carta fundacional que en la federal, lo que sucede es que en la de la capital se hacen valer aquellos enunciados en tratados internacionales.
“En la medida en que haya un estándar internacional aunque no esté reconocido en la Constitución federal está constituido en el primero y 133 del propio mandato federal por lo tanto eso hace que prevalezca”, explicó.
Adelantó que también irán en la defensa del artículo 8 transitorio debido a que ahí se reconoce el carácter progresivo de los derechos, por lo que no se dejará la puerta abierta para que se busque eliminar aquellos que ya estaban reconocidos en las leyes orgánicas de la urbe previo a la publicación de la Constitución.
Concluyó que la Comisión podría ser afectada en caso de que procedan los recursos jurídicos interpuestos “porque vulneran derechos humanos que tenemos que garantizar y vulneran competencias que ya teníamos”.
