Ciudad de México.- El Túnel Emisor Oriente (TEO), una obra emblemática de 62 kilómetros de longitud que inició en el sexenio de Felipe Calderón con el objetivo de fortalecer la infraestructura del drenaje profundo de esta Ciudad y evitar inundaciones en el Valle de México, se ha convertido en un pozo sin fondo del presupuesto público, de incontables irregularidades administrativas y de millonarios pagos indebidos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El retraso ha abultado más estos problemas, a los que se suman las afectaciones a la población capitalina y de la zona conurbada, que sigue enfrentando inundaciones durante la temporada de lluvia.
Las empresas de la rama constructiva de las que es propietario Carlos Slim, encargadas de edificar el túnel, se han visto beneficiadas con el retraso, pues el monto del contrato se amplió por casi 11 mil millones de pesos, a pesar de que, según el contrato, cualquier desviación al trazo del proyecto no sería motivo de pago alguno y aún así este se efectuó.
El Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, realizado por la ASF, da cuenta de las anomalías prevalecientes en torno a esa obra que tendría capacidad para desalojar 150 metros cúbicos de agua de alcantarilla por segundo, pero que en los hechos ha servido para consumir 22 mil 782 millones de pesos de presupuesto federal.
Un total de 18 cuartillas integran la auditoría de gestión financiera que realizó la ASF a esta mega obra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El dictamen final de esta revisión estuvo listo el 16 de diciembre de 2016.
La construcción del TEO comenzó el 13 de agosto de 2008 y debió concluirse a mediados de 2012, pero en mayo de ese año se anunció que sólo llevaban 43 por ciento de avance y se esperaba completarlo para diciembre del mismo 2012. A principios de 2013 se aplazó la fecha para 2016, aunque en febrero del año pasado autoridades de Conagua informaron que el avance del TEO era de sólo 60 por ciento.
Los retrasos en la obra han provocado un aumento exponencial del presupuesto destinado para la construcción de ese túnel. Inicialmente se presupuestó un monto por 13 mil 108 millones de pesos, pero de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la inversión realizada hasta la fecha es de 22 mil 782.5 millones.
Tan sólo para el contrato de obra pública adjudicado directamente por la Conagua a la Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea SA de CV (Comissa), para la elaboración del proyecto ejecutivo y edificación del túnel, se pactaron pagos por 9 mil 595.5 millones de pesos y un periodo de ejecución de mil 402 días, pero gracias a tres convenios modificatorios el contrato se extendió a 3 mil 578 días y 20 mil 167.9 millones de pesos, lo que representó un retraso de cuatro años a la fecha de la revisión.
Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea es un consorcio liderado por las empresarios de Carlos Slim. Participan en ese conglomerado las constructoras locales Carso Infraestructura y Construcciones, ICA y su filial Cotrisa, así como Constructora Estrella y Lombardo Construcciones.
De acuerdo con los datos aportados por la ASF, para 2016 se había estimado una inversión de 3 mil 912 millones de pesos para continuar con el TEO; sin embargo, en febrero de ese año, la SHCP anunció un recorte por 500 millones, ocasionado por la crisis económica mundial que obligó a la disminución del gasto en obras de infraestructura a nivel nacional. En 2017 se prevé una inversión de 4 mil 399.4 millones, mientras que para 2018, se estima en mil 693 millones de pesos. La Conagua prevé concluir la obra en agosto de 2018
Las irregularidades
La revisión que realizó la ASF se centró en el contrato de obra GAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08- 008-RF-AD tiene por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del túnel emisor oriente adjudicado a Comissa.
De entre los resultado se observó que en el contrato de obra pública no se cumplieron las metas establecidas en el análisis de costo beneficio ni los principios de eficacia, eficiencia y economía que brindaran las mejores condiciones para el Estado, ya que se generaron, autorizaron y pagaron mil 94 precios unitarios fuera del catálogo de conceptos original y gastos no recuperables por 6.5 millones de pesos por cambio de trazo.
Se realizaron además estudios geológicos y geofísicos por 8.2, millones de pesos; trabajos de acondicionamiento de una de las tuneladoras por 473.5 millones, cuyo precio de adecuación fue parecido al de la adquisición de una nueva en el mercado; así como trabajos de excavación de los metros subsecuentes de túnel por cambio de la estratigrafía por 576 millones.
En el resultado de auditoría se señala que, al no haberse concluido la obra conforme a lo programado no se coadyuvó a inhibir las inundaciones que se presentaron en el Valle de México entre los años 2013 a 2016, 2014, 2015 y 2016.
El ente auditor recordó que agosto de 2014 la delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan fueron declarados zonas de desastre natural por inundaciones de aguas negras. En junio y agosto de 2015, se presentaron inundaciones en el Circuito Interior, Marina Nacional, el Viaducto Río de la Piedad, Insurgentes, AltaVista, Churubusco, Tlalpan, San Jerónimo, Conscripto y el Rosario; mientras que en el Estado de México los municipios afectados por lluvias torrenciales de septiembre de 2016 fueron Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli.
Pagos indebidos
En las páginas 11 y 16 de la auditoría 457-DE se señalan incumplimientos al contrato signado entre Conagua y Comissa. Ahí, la ASF concluyó que los cambios del trazo del proyecto ejecutivo no debían ser motivo de pago o reclamo alguno por parte de la contratista, pues en ello estuvo de acuerdo cuando firmó el contrato con la dependencia federal.
“Los trabajos se ejecutaron como consecuencia o inherentes a los cambios del trazo del proyecto ejecutivo; sin embargo, la contratista estuvo de acuerdo y firmó un contrato que en su especificación particular estableció, que cualquier desviación al trazo del proyecto no sería motivo de pago o reclamo alguno por parte de la contratista y, como es explicado por la entidad fiscalizada, la decisión de cambio de trazo era para una mejora al proyecto, así como una economía para las partes, por lo que debe estar dentro monto del presupuesto original que presentó la contratista”, se lee en la auditoría.
Y es que dentro de este documento de fiscalización, se incluyeron los argumentos de la Conagua para justificar, tanto el retraso en la obra como el incremento en los montos de la misma. De acuerdo con la dependencia, el TEO se trató de un proyecto de emergencia, el cual se desarrolló en un suelo inestable, lo que requirió de estudios complementarios, además de que el incremento del monto corresponde a conceptos de trabajo no posibles de prever en el presupuesto presentado en base a una ingeniería básica.
“Por ser de emergencia y de alta complejidad no fue posible precisar con exactitud, desde un inicio, los alcances y cantidades de los trabajos a ejecutar y, a su vez, durante el desarrollo se han presentado acontecimientos que han ocasionado ajustar los términos y condiciones originales a la realidad que prevalece en la obra; con la finalidad de dar continuidad al proyecto se cambió de trazo del proyecto”, se lee en la respuesta del organismo federal.
La Conagua también respondió que, respecto a las inundaciones registradas entre los años 2013 y 2016 en distintos puntos del Valle de México, derivaron de una insuficiencia del sistema de drenaje que se debe atender con inversiones en mantenimiento, las cuales están fuera del alcance del TEO.
Para la ASF, los argumentos de la Conagua no modificaron los resultados de la auditoría, por lo que las observaciones persisten. El ente fiscalizador determinó que se presentó y ejecutó un proyecto con deficiencias que incrementó en 110 por ciento el monto del contrato, por lo que pidió a Conagua que realice las investigaciones pertinentes e inicie el procedimiento administrativo correspondiente por actos u omisiones cometidos por servidores públicos.
El segundo contrato, con el que se redondea la cifra de 22 mil millones de pesos referida por la SHCP, tiene que ver con la supervisión técnica y administrativa, así como el control de calidad del proyecto ejecutivo, el cual fue adjudicado directamente por Conagua a las contratistas DIRAC SA de CV, Lumbreras y Túneles SA de CV, y Consultoría Integral en Ingeniería SA de CV.
El monto original del contrato a este conglomerado de empresas era de 651.4 millones de pesos, por un periodo de ejecución de mil 461 días, pero por los retrasos el periodo de aplicación se extendió a 3 mil 612 días y a mil 698 millones de pesos, esta última cifra estimada a diciembre de 2015.
