Ciudad de México.- Con opiniones encontradas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México con 32 votos a favor y 16 abstenciones, que entre otros aspectos fija el valor de las casas de interés social en un monto cercano a los 400 mil pesos y la de interés popular en 400 mil y hasta 650 mil pesos.
La ley aprobada establece la creación de una bolsa de suelo que se conforme con predios baldíos, construcciones abandonadas, inmuebles con uso distinto a la vivienda, viviendas en condiciones de alto riesgo estructural, así como por cualquier otro inmueble aprovechable la construcción de vivienda popular nueva como podrían ser los predios intestados o en extinción de dominio.
En el artículo 94 de la ley local se lee: “El Gobierno de la Ciudad de México, deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas”.
En la iniciativa de proyecto de Constitución local, presentada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también figura el cobro de este gravamen, sin embargo, dicha norma aun se encuentra en discusión.
El artículo refiere que esta captación se destinará a “distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano”, además de que la Secretaría de Finanzas destinará un porcentaje (no especificado) al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social.
A las críticas emitidas por el diputado del Verde Ecologista, Fernando Zarate, se sumó el hecho de que se establecen las siguientes tarifas sin dejar en claro las características que deberán tener las viviendas, lo que podría generar abusos por parte de los desarrolladores urbanos.
En cuanto a las viviendas de “interés social” el costo máximo será de 387 mil 72 pesos, en las clasificadas como “interés popular” será de 645 mil 120 pesos, mientras que para “trabajadores y derechohabientes” alcanzará un millón 505 mil 280 pesos.
Sin embargo, la priísta Dunia Ludlow –una de las impulsoras de la ley- aseguró que “no habla de metrajes, no habla de densificación, no habla de zonificación, todo esto no es materia de la Ley de Vivienda, porque además sería atar de manos al Gobierno de la Ciudad”, pues estas especificaciones habrán de adecuarse a las dinámicas sociales.
Luego de obtener luz verde en el recinto de Donceles, la ley se hará llegar a Mancera Espinosa a fin de que añada sus observaciones a las 800 que recibió durante su paso por la Comisión de Vivienda.
Entre las disposiciones de la ley, también impulsada por el perredista Leonel Luna, se encuentra la creación de un Consejo de Vivienda integrado por expertos, representantes de organizaciones civiles, sectores privados, académicos, así como funcionarios del gobierno local y federal; el cual se encargará de dar seguimiento a esta política.
Los beneficios
De acuerdo con Ludlow Deloya, al año 80 mil personas demandan nuevas viviendas en la urbe, pero al no contar con opciones asequibles a su poder adquisitivo recurren al hacinamiento o bien se dirigen a zonas periféricas en donde los precios son más baratos.
Agregó, a medida de que se cuente con los insumos para crear lugares habitables en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez –donde se concentran la mayor cantidad de empleos- existirá mayor oferta y disminuirán los costos, además de que se mejorará la movilidad de la ciudad al reducir los tiempos de traslado.
El siguiente paso, dijo, es esperar a que se consolide la carta magna local “para poder modificar todas las normas en materia de desarrollo urbano que nos puedan ayudar a incentivar la generación de vivienda en la ciudad y dar cumplimiento”.
La ley contempla cinco ejes rectores entre los que destaca la creación de un Sistema de Información y Evaluación de vivienda, armonización con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como sanciones en caso de alguna falta a la ley de administración pública.
