Ciudad de México.- La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es tan multifacética que en un salón se pueden construir consensos mientras que en otro se destruyen, o en la mañana ser parte de disputas y durante la tarde firmar acuerdos por unanimidad.
Ese fue el sello de los trabajos de hoy miércoles en el órgano legislativo, donde el vaivén de los señalamientos generaba un caprichoso oleaje de dimes y diretes.
¿Temas que agitaron este mar constituyente? Muchos. Albazos, usos de suelo, consultas vinculantes, progresividad de derechos, trabajo no asalariado, pueblos y barrios, y la escena de una diputada de Morena a la que corrieron de un mitin manifestantes “afines” a su movimiento.
Hasta el guiño del presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, ante la posibilidad de ser candidato al gobierno del Estado de México, agitó estas convulsionadas aguas.
El albazo
Por la mañana, la primera en generar oleaje fue la diputada de Morena, Irma Eréndira Sandoval, quien en una improvisada conferencia de prensa acusaba un albazo en la publicación del predictamen que en la víspera hizo la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sandoval acusaba que ella no avaló la publicación de ese documento en la Gaceta Parlamentaria de la Constituyente, el primero que se logra difundir de entre las ocho comisiones legislativas que deben generar dictámenes. Dijo que se trataba de un documento inicial en el cual no se tomaron en cuenta propuestas de Morena.
Su acusación se dirigió a la redacción del artículo 66 del predictamen, en el cual se incorporan principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, los cuales serán de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos que realicen servidores públicos.
La de Morena calificó la redacción del artículo de profundamente conservadora y neoliberal. Dijo que si se plantea la austeridad esta debe ser republicana y amenazó que esa trampa del Pacto por México será frenada por el Movimiento de Regeneración Nacional.
Esta acusación de Sandoval generó suspicacia sobre los motivos que llevaron a la cancelación de una conferencia de prensa que en los minutos posteriores iba a ofrecer el presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la Constituyente, el perredista Armando Ríos Piter, en donde se esperaba que el legislador enarbolara el contenido del primer predictamen logrado por una de las ocho comisiones.
Estira y afloja en la Comisión de Pueblos
Qué mejor ejemplo del vaivén de señalamientos, acusaciones y resiliencia legislativa que la Comisión de Pueblos encabezada por el diputado de Morena, Mardonio Carballo, donde en la mañana hubo conflicto y en la tarde risas.
Pasaba del mediodía cuando Carballo ingresó al salón donde sesiona esa Comisión. Con el rostro adusto y sin siquiera cumplir con el formalismo de dar inicio a la reunión, lanzó señalamientos a diestra y siniestra.
En medio de la tensión estaba la necesidad de aprobar un protocolo para realizar una consulta a ejidos, comunidades originarias e indígenas de esta Ciudad, respecto al dictamen de los artículos del proyecto de Constitución relacionados con los derechos de esos pobladores.
Al desfavorable ambiente se había sumado una manifestación de habitantes de pueblos de Coyoacán, Milpa Alta y Xochimilco, quienes acusaban su exclusión del proceso deliberativo realizado en la Comisión de Pueblos y calificaban a la Asamblea Constituyente de ser espuria.
Tal era el ánimo beligerante de esos manifestantes, que en un mitin afuera del Palacio de Minería, donde sesionan las comisiones de la Constituyente, corearon un “fuera Morena” cuando la diputada de ese partido, Consuelo Sánchez, les hablaba de las propuestas que tenía para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Sánchez argumentaría después que no la habían corrido del mitin y que el “fuera Morena” no era para ella, a pesar de que era la única integrante de ese instituto político presente en el lugar.
En la Comisión de Pueblos y Barrios de la Asamblea Constituyente habían pasado por lo menos seis semanas desde que se comenzó a hablar de la obligación que tienen los constituyentes de realizar esa consulta, sin que hasta hoy se hubiera logrado construir un acuerdo.
En la víspera y luego de intensas e infructuosas negociaciones, la mesa directiva de la Comisión de Pueblos presentó al resto de los integrantes un proyecto de protocolo que, incluso, fue rechazado por legisladores de Morena.
Hoy, en su encendido discurso, Carballo acusaba la existencia de un proyecto de protocolo alterno al que él había presentado un día antes. Lamentó que se dieran acuerdos en lo “oscurito” y que de esa forma se le faltara el respeto a la mesa directiva de esa Comisión legislativa.
Ana Julia Hernández, del PRD, aceptó que diputados de su partido y de otras bancadas, como el PRI y el PAN, habían construido ese proyecto alterno de protocolo, pero dijo que no habían sido acuerdos en lo “oscurito”.
Le recriminó a Mardonio Carballo el uso de esas expresiones y argumentó que el documento generado por esos legisladores, sin incluir a los constituyentes de Morena, se había construido bajo el derecho que los diputados tienen de deliberar y, sobre todo, con la intención de mejorar el primer proyecto de protocolo.
Carballo lanzó su discurso de reproches sin haber iniciado formalmente la sesión de la Comisión, con lo que se evitaba que sus palabras quedaran registradas en la versión estenográfica, sin embargo, el resto de los diputados le pidió que diera inició a la reunión. Entre gritos y manotazos en la mesa, el diputado del PAN, Carlos Gelista, le exigió que abriera la sesión. Ante la presión, Carballo lo tuvo que hacer.
El ánimo de confrontación era tal, ante la existencia de dos proyectos de protocolo, que se tuvo que decretar un receso para que los constituyentes de Morena pudieran revisar el documento promovido por Ana Julia Hernández y generar uno solo. Tan evidente era la molestia de Patricia Ruiz Anchondo, de Morena, por esa exclusión, que de manera enérgica corrigió a la perredista Guadalupe Muñoz, cuando esta última le cedió la palabra refiriéndose a ella como Paty Ruiz. “Patricia Ruiz Anchondo, por favor”, le dijo la de Morena a la del PRD en tono de regaño.
El receso, que inicialmente sería de 10 minutos se prolongó por dos horas y media, pero valió la pena, porque al final se logró generar un proyecto de protocolo de consenso que sería aprobado por unanimidad.
Fue entonces cuando surgieron las risas, las felicitaciones y los aplausos. Uno a uno, los diputados de la Comisión de Pueblos plasmaban su firma en el documento; Bruno Bichir, de Morena, chiflaba de gusto, mientras que todos posaban para la foto y volteaban la cabeza a la derecha y a la izquierda para que los celulares y cámaras registraran el momento de unidad.
Será una consulta vinculante
La consulta dará inicio el 5 de diciembre y tendrá como fecha límite para su conclusión el 16 de enero de 2017. Los resultados de la misma serán vinculatorios, es decir, de observancia obligatoria para la Asamblea Constituyente.
Esa consulta a los habitantes de poblaciones originarias e indígenas es un proceso que la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente no puede obviar, pues incumpliría con tratados internacionales suscritos por nuestro país ante la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, a través de los cuales México se obliga a consultar a comunidades indígenas y pueblos originarios sobre aquellas propuestas de ley que impacten en la vida, usos y costumbres de esos habitantes.
La primera fase de la consulta será la emisión de la convocatoria por parte de la Comisión de Pueblos, y le seguirá una etapa informativa en la que los diputados entregarán a las instituciones representativas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes los temas básicos contenidos en el dictamen.
La fase más importante de la consulta será la deliberativa, y en esta se contempla la realización de asambleas, organizadas por las instituciones representativas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad. En esas asambleas, los participantes reflexionarán, discutirán y deliberarán en forma colectiva sobre el contenido del dictamen.
Este momento se llevará a cabo sin la presencia de autoridades gubernamentales, partidos políticos o cualquier persona ajena a la comunidad que pueda perturbar el carácter libre y autónomo de la Consulta. A las asambleas podrán asistir únicamente los integrantes del grupo de observadores debidamente acreditados por la Comisión.
Habrá una fase de diálogo, acuerdos y consensos, y en ella participarán los diputados y el grupo técnico de apoyo designado por la Comisión legislativa y las instituciones representativas de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. En estas asambleas, se elaborará un acta de acuerdos firmadas por los participantes, así como las listas de asistencia y otros materiales que comprueben la realización de la asamblea. Las actas que resulten de estas asambleas serán presentadas a la Comisión de los diputados constituyentes.
La quinta etapa establece la sistematización de los resultados obtenidos durante la consulta y la elaboración del dictamen definitivo por parte de la Comisión legislativas de Pueblos para su presentación ante el Pleno de la Asamblea Constituyente.
La fase final es la entrega, a las asambleas deliberativas de pobladores, del dictamen de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, respecto de los resultados de la consulta que se les realizó.
Un tema que logró destrabarse y del cual había resistencia inicial de los diputados constituyentes de Morena, fue el apoyo de instituciones y autoridades del gobierno de la Ciudad en el proceso. Finalmente, se acordó que las instancias locales como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del gobierno local, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los gobiernos delegacionales, podrán apoyar con tareas técnicas y operativas específicas en el proceso de consulta, según lo establecido en los convenios que la Comisión realice con cada una de ellas.
Consultas vinculantes para cambios de uso de suelo
Una de las comisiones que se ha caracterizado por construir su predictamen sometiendo a debate cada punto y cada coma es la de Desarrollo Sostenible. En alcanzar consensos sobre un párrafo, los legisladores de las diferentes bancadas que participan en la redacción del documento pueden tardarse horas.
Los únicos que se han mantenido ajenos al proceso son los diputados del PAN, quienes durante dos sesiones consecutivas han brillado por su ausencia y eso que, como fue el caso de este miércoles, se discutieron temas que han formado parte de la agenda panista de esta ciudad, como los usos de suelo.
Hoy, precisamente, la Comisión de Desarrollo Sostenible entró al debate de ese tema, particularmente el del artículo 21, inciso C, numeral 6, el cual se refieren a las consultas públicas que las autoridades capitalinas deben realizar para modificar los usos de suelo. El proyecto del Jefe de Gobierno plantea que la ley, sin especificar cuál, determinará los casos en que esas consultas serán vinculantes.
Sin embargo, lo que se perfilaba en la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible es que todas las consultas sobre cambios de uso de suelo serán vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno de la Ciudad. De prosperar ese acuerdo de partidos, los vecinos tendrán la última palabra para decidir si aprueban o no un cambio de uso de suelo que impacte en su entorno.
Las propuestas que quedaron sobre la mesa y que se alimentaron con planteamientos y aportaciones de diputados de todas las bancadas fueron de René Cervera, del Movimiento Ciudadano, y de Raúl Bautista, de Morena. De entre ambos planteamientos se buscará alcanzar el mayor consenso para lograr una redacción única que quede integrada al proyecto de dictamen.
La propuesta que derivó de la iniciativa de René Cervera establece que el gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al futuro Congreso local en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o federal ante el gobierno capitalino. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen de lo que será el Instituto de Planeación de la Ciudad, con opinión de las alcaldías. Se agrega que todas las autorizaciones de uso de suelo serán públicas y transparentes.
De esta propuesta y en materia de participación ciudadana, se señala que las consultas tendrán carácter vinculante, según lo establecido en la Constitución. En todo caso se privilegiará el interés público.
La propuesta que surgió del planteamiento inicial de Raúl Bautista, considera que las autorizaciones para modificar usos de suelo corresponden al Congreso local, y en todos los casos antes de emitir las autorizaciones se realizarán los dictámenes técnicos que emitan el Instituto de Planeación y las alcaldías. Todas las autorizaciones serán públicas y transparentes y se notificarán a ese Instituto, además de que las autoridades están obligadas a llevar a cabo una consulta a la comunidad afectada sobre los proyectos específicos y los estudios de impacto social, económicos y ambiental, misma que tendrá carácter vinculante, privilegiando en todo momento el interés público.
Los derechos del comerciante ambulante
En otro frente, en uno de esos ocho frente que se ha dado esta Asamblea Constituyente, los derechos de las personas no asalariadas como son los comerciantes ambulantes, propiciaron la divergencia de opiniones entre el PAN y los partidos de izquierda.
La Comisión Carta de Derechos entró a la discusión del artículo 15 inciso F del proyecto del Jefe de Gobierno, en donde se busca consagrar el derecho a un trabajo digno y prestaciones sociales para quienes laboran en la vía pública.
Carlos Gelista, de Acción Nacional, defendió ahí una iniciativa suscrita por él, a través de la cual propone que en la futura Constitución se establezca una legislación secundaria en la materia, con derechos y obligaciones, para resolver de una vez por todas el problema del ambulantaje, para que el tema no quede a nivel constitucional.
Para Gelista, el artículo 15 del proyecto de Constitución presentado por el Jefe de Gobierno, plantea engaños a la ciudadanía al proponer la “certificación” “capacitación” y un “Fondo de Pensiones” para los trabajadores no asalariados.
Es un engaño, dijo, porque se dará capacitación a todos los trabajadores no asalariados, pero eso implica que aquellos que no estén capacitados, porque no quieran o porque al gobierno no le alcance para capacitarlos, van a estar automáticamente excluidos y habrá una diferenciación entre unos y otros.
Respecto a fondo de pensiones que se establece en el proyecto de Constitución dijo que según la propuesta del Jefe de Gobierno, se creará con las aportaciones de las personas pertenecientes a este sector no asalariado, con el fin de contar con recursos que les brinden acceso a protección social.
“Es decir que lo que quieren crear es un Fondo con aportaciones de las propias personas, que no les resolverá absolutamente ningún problema. Lo único que ocurrirá es que van a generar una burocracia adicional y no habrá ningún otro tipo de aportaciones”, criticó.
Varios diputados de izquierda rebatieron los argumentos del panista, como el legislador del PRD Roberto López, quien dijo que es necesario reconocer a quienes impulsan gran parte de la economía de esta ciudad. Aseguró que 40 por ciento de la economía en esta ciudad se mueve en el comercio informal.
Pero sin duda el argumento más fuerte en contra de los dichos de Gelista vino de la constituyente Clara Jusidman. La diputada, designada por el Jefe de Gobierno, explicó que un millón 230 mil personas trabajan en el sector informal en esta ciudad, es decir, alrededor de 47 por ciento de la población ocupada en la capital del país, entre los cuales se encuentran desde personal de honorarios hasta quienes laboran por cuenta propia y, por supuesto, los ambulantes.
Luego describió una realidad que a muchos de los presentes en la sesión de esta Comisión los llevó a exclamar y asentir. “Muchas de estas personas ejercen servicios baratos y subsidian a la economía formal, porque venden alimentos baratos, ropa barata, productos que hacen en su casa, y por eso hemos podido tener el miserable salario mínimo que tenemos, porque todo ese sector subsidia a la economía formal, y si no vean en donde están las oficinas, la cantidad de puestos que se colocan de comida porque los trabajadores del sector formal no tienen dinero para poder acceder a los restaurantes formales, entonces hay una relación entre formalidad e informalidad en beneficio de la economía formal”, explico Jusidman.
Propuso hacer programas de uso de vía pública, en los que con mucha claridad se diga en dónde pueden estar, cuánto tiempo pueden estar y se les den condiciones de manera digna. Sólo coincidió con Gelista en que mucho de lo que se necesita para regular el comercio informal debe quedar en una legislación secundaria, pero defendió que la consagración de ese derecho sí debe establecerse en la carta fundacional de la capital del país.
La intervención de Jusidman generó aplausos entre buena parte de los asistentes a la Comisión, Sentada a su lado, la también constituyente y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, le reconoció su discurso al decirle: “Sabes mucho de esto”.
El guiño de Encinas
Al mediodía y ajeno al trabajo de las comisiones legislativas, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, recibía al presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Mario Delgado.
El encuentro tuvo como objetivo establecer una coordinación para que las iniciativas de diputados y propuestas ciudadanas relacionadas, sirvan para que en la Cámara alta los senadores trabajen en la construcción de dos leyes que deben promulgarse al mismo tiempo que la Constitución de la Ciudad de México. Se trata de las leyes de capitalidad y desarrollo metropolitano.
Al término de la reunión, Encinas ofreció una rueda de prensa y ahí ni faltó la obligada pregunta sobre sus aspiraciones para buscar la candidatura al gobierno del Estado de México en el año 2017, luego de que el Partido Movimiento Ciudadano y la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, coquetearan con la idea de impulsarlo como su candidato por esa entidad.
Encinas reiteró lo de otras veces, que su atención e interés son totales en la Asamblea Constituyente, sin embargo, también dejó en claro que el tema del Estado de México le importa, y eso se nota en lo bien que está informado del proceso.
Dijo que las dirigencias de los partidos políticos deben ponerse de acuerdo, para decidir si como bloque de izquierdas lanzan una candidatura común que debe registrarse a más tardar el próximo 24 de diciembre, o impulsar una candidatura de coalición que pasa por una obligada alianza entre el PAN y el PRD, y que requeriría el registro de dicha alianza en enero de 2017.
Luego, agregó que los partidos deben dejar la vieja práctica de nombrar candidatos bajo las viejas fórmulas de acuerdos cupulares y hacerle caso a las expresiones de la población. El guiño del hoy constituyente quedó ahí.
