Ciudad de México.- Es atípico que en la Asamblea Constituyente exista unanimidad en algo, pero hoy la hubo. Con 77 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno aprobó esta mañana extender por 10 días más el plazo para que las comisiones legislativas entreguen sus dictámenes.
Desde que el 15 de septiembre se instaló este órgano legislativo, no se había registrado un voto tan unificado, y esto provocó de inmediato la reacción del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, quien soltó: “Ojalá y así votemos la Constitución”.
Las risas inundaron el salón de sesiones, donde la unidad trae aparejada la aceptación de que los trabajos de dictaminación en las ocho comisiones no van tan avanzado, por lo que esos 10 días llegan como tanque de oxígeno, particularmente a las comisiones de Pueblos y de Carta de Derechos, donde el atraso ha sido evidente.
Hay algunas comisiones que van más avanzadas que otras, y por eso hoy, al cierre de la sesión, Alejandro Encinas anunciaba que a la siguiente reunión del Pleno, convocada para el miércoles 30 de noviembre, espera iniciar la discusión de los primeros artículos incluidos en los dictámenes que ya empiecen a generar las comisiones.
Y es que en entrevista, Encinas aseguraba que hay un avance de 48 por ciento en la construcción de los dictámenes y que la Comisión de Buen Gobierno, presidida por el legislador del PRD Armando Ríos Piter, podría ser la primera en terminar su tarea de dictaminación.
Hoy, con los ánimos de la unidad contagiados, los constituyentes decidieron que la mayor parte de la sesión la dedicarían a hacer pronunciamientos relacionados con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora cada 25 de noviembre.
Kenia López Rabadán, legisladora panista, subió a tribuna con un discurso de efervescencia. Encendió el ambiente cuando mencionó el nombre del villano favorito del momento, el secretario de Desarrollo Social del gobierno federal Luis Enrique Miranda.
En la víspera y durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, Miranda tuvo un traspié que le ha generado fuertes críticas entre la opinión pública.
Durante esa comparecencia, la diputada federal de Morena, Araceli Damián, cuestionó al funcionario sobre las cifras de pobreza que Miranda presentó. El secretario atinó a contestar a la legisladora con un insulto.
“Sí, me falta estudiar, desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted, pero eso es otra cosa”, dijo el titular de Desarrollo Social.
Hoy, en la Asamblea Constituyente, Kenia López trajo a colación la desafortunada frase.
“Es lamentable ver cómo un secretario de Estado se refiere a una legisladora federal, y en qué términos lo hace. Cuando uno ve esta noticia, compañeras y compañeros, uno se pregunta, ¿se referiría así, ese mismo secretario de Desarrollo Social a cualquier otro legislador, si fuera hombre? La respuesta, amigas y amigos es no. La respuesta es que ese secretario de Estado, que tiene que vigilar las políticas públicas en favor de hombres y mujeres piensa que las mujeres, cuando él no está de acuerdo con nosotras, es un tema emocional, es un tema médico, es un tema psicológico, o peor aún, es un tema psiquiátrico” dijo López, entre el aplauso de sus compañeras legisladoras.
La unidad se reflejó hasta en la ropa
Como Kenia López, que llevaba un saco color naranja, legisladores y legisladoras portaban prendas con ese color. Roberto Gil, su compañero de bancada que pocas veces asiste a esta Asamblea y cuando viene sólo se queda algunos minutos, lució una corbata naranja.
Uno a uno, legisladores de distintas bancadas subieron a la tribuna de la Constituyente para hablar sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres. Sin embargo, durante las intervenciones de los legisladores que manifestaron su rechazo a las violencias contra las mujeres, muchos de los diputados abandonaron el recinto o dejaron de prestar atención.
El presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, incluso tuvo que exigir orden y respeto -en más de dos ocasiones- para que fueran escuchados los discursos presentados por los constituyentes.
Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro de la Suprema Corte, se refirió a la exclusión que han sufrido las mujeres en el ámbito judicial alrededor del mundo. Así, por ejemplo, la Ley de Organización Judicial de Bolivia vigente hasta el año de 1972, establecía que no pueden ser jueces los locos, los sordomudos, los ciegos, los enfermos habituales ni las mujeres.
Gabriela Rodríguez, de Morena, citó un caso cercano, mucho más cercano, tanto que afecta a las dos edecanes que en casa sesión del Pleno, ofrecen café y agua a los diputados constituyentes.
“Les informo que en el Senado de la República nadie ha movido un dedo para apoyar a las dos edecanes que nos atienden en esta sala y que son víctimas de hostigamiento laboral y sexual. Les consta a todos ustedes que llevo mes y medio diciéndolo aquí. Esta mañana algunas compañeras senadoras de otros grupos parlamentarios me indicaron que van a hacer algo y les agradezco muchísimo, no por mí, por nuestras compañeras edecanes. Nada ha ocurrido allá, y aquí en esta sala están siendo violentados sus derechos. No en esta sala, porque es en el Senado, pero ellas están aquí denunciando violencia sexual”, acusó Rodríguez.
La diputada de Morena, cada que puede, hace ese señalamiento de agresión contra las dos edecanes, pero hoy hizo un pronunciamiento adicional. Consideró que es necesario solicitar se declare la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, pues tan sólo en 2016 se han registrado 53 feminicidios en la capital del país, uno menos de los crímenes de odio ocurridos en el Estado de México.
La Asamblea en manos de la Corte
Apenas iniciaba la sesión y el partido Morena en voz de su diputado Javier Quijano ponía a debate la legalidad de los diputados constituyentes que por la vía de la designación hacen el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
El tema venía a cuento porque hoy la Asamblea Constituyente le tomó protesta al senador del PVEM, Jorge Aréchiga, quien sustituye a su compañero de partido, Carlos Puente.
Quijano dio a conocer que interpuso un amparo en contra de la designación de los legisladores que provienen del Congreso de la Unión.
Así, la legitimidad sobre la integración de la Asamblea Constituyente de la CDMX ya se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que antes de que el órgano legislativo inicie la votación de dictámenes, el proceso para la construcción de la Constitución ya se judicializó.
El máximo tribunal del país deberá determinar si los 14 legisladores designados por la Cámara de Diputados, y los otros 14 que nombró el Senado de la República, violan o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 125, establece la prohibición para desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, aunque el precepto establece que el nombrado puede escoger de entre ambos cargos el que quiera desempeñar.
Los 28 diputados constituyentes que designaron las Cámaras del Congreso de la Unión son también legisladores en el Senado o en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que el diputado constituyente de Morena, Javier Quijano, presentó un juicio de amparo que ya se encuentra en la SCJN.
Hoy, durante la sesión de la Asamblea Constituyente, Quijano dio a conocer que la Corte ejerció la facultad de atracción de ese recurso, que se encontraba originalmente radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El diputado de Morena dijo que, ante la trascendencia del caso, el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea decidió hacer suya la petición de Quijano para que el máximo tribunal atrajera el amparo, lo que se resolvió de manera favorable en una sesión privada de la primera sala de la SCJN.
En conferencia, Quijano explicó el impacto que tendría en la Asamblea Constituyente una resolución en la cual la Corte determinara la ilegalidad de los 28 diputados designados por el Congreso de la Unión.
Primero, dijo que la Constitución de la Ciudad de México nacería de un órgano legislativo conformado de forma inconstitucional, además de que todo lo que la Asamblea Constituyente apruebe sería un acto nulo, carente de legalidad, pues esos 28 legisladores estarían impedidos para votar.
No obstante, dijo que podría corregirse lo mal hecho; una de las salidas sería que el Congreso de la Unión designe a otras personas que no fueran senadores o diputados federales o que los 28 hoy en conflicto decidan cuál de los dos cargos quieren desempeñar.
“El contraargumento que me han expresado algunos colegas es que la propia Reforma Política de la Ciudad dice que esos 28 deben ser miembros del Senado o de la Cámara de Diputados, ahí está la discusión entre dos preceptos de la Constitución; tiene que prevalecer una ante la contradicción y eso deberá resolver el fondo del amparo”, dijo Quijano.
Recordó que la SCJN entra en receso el 15 de diciembre, por lo que su resolución tendría que darse después del 2 de enero, cuando el máximo tribunal regresa de sus vacaciones de fin de año, aunque confió que los ministros resuelvan lo más pronto posible ante la importancia que el tema amerita.
Dijo que si la Corte resuelve después del 31 de enero, plazo límite para que la Asamblea Constituyente tenga listo el decreto de la nueva Constitución, un escenario es que quede sin materia el amparo y se consume un error histórico que ya no habrá sido resuelto por el máximo tribunal. Aunque, dijo que si resuelve antes y el fallo fuera favorable para Morena, esto retrasaría los trabajos de la Asamblea Constituyente, pero consideró que este propio órgano legislativo podría prorrogar el plazo.
Estimó que ya aprobada la Constitución, es decir, después del 31 de enero, ya no sería conveniente que la SCJN resolviera sobre la inconstitucionalidad en la integración de la Constituyente, porque sería un daño mayor para la Ciudad y, al decir esto, dejó en claro que Morena no le apuesta a ello ni a abortar la Constitución.
Quijano también detalló que en el juicio de amparo no se pide que exista una definición de la Corte respecto a los seis designados por el Presidente de la República ni sobre los otros seis que nombró el Jefe de Gobierno, pues ellos no tienen otro cargo de elección popular.
Anunció que los diputados de Morena realizarán una contabilidad para llevar un registro de los votos que en su momento emitan esos 28 diputados. “Si sumamos esos 28, con los 22 de Morena somos 50, entonces no hay forma de que se pueda aprobar la Constitución. Si hay 28 inhabilitados, bastaría con sumar los nuestros para que no se den los 67 diputados que como mínimo se requieren (en las votaciones del Pleno)”, expuso.
Estimó que no aplicaría un argumento bajo el cual se señale que los diputados constituyentes ocupan cargos honoríficos, pues aseguró que en los hechos no lo son. “Los cargos honoríficos son aquellos que ya no se ejercen ni respecto de los cuáles se recibe remuneración y no es este el caso”, explicó.
¿Y el dinero dónde está?
En la sesión de este viernes, el diputado de Morena, Jaime Cárdenas, inscribió una comunicación por la que pide a la Mesa Directiva se le informe sobre el manejo del presupuesto y de los recursos económicos con los que cuenta el órgano legislativo.
Cárdenas incluyó respuestas de la Secretaría de Finanzas y de la Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad a dos solicitudes de información pública, de las que en días pasados dio cuenta Capital CDMX, sobre un presupuesto por 71 mdp asignado en dos partidas –una en junio y otra el 23 de septiembre- para la operación del grupo redactor del proyecto de Constitución y para las tareas de la Asamblea Constituyente.
Hace dos días, durante la reunión de la Comisión de Principios Generales, legisladores del PRI dieron a conocer la existencia de un folleto distribuido por el gobierno de la Ciudad en hogares capitalinos sobre el proceso para la aprobación de la Constitución. Ahí, Jaime Cárdenas reprochó el gasto para la creación de ese folleto; acusó que se trata de un acto anticipado de campaña de parte del Jefe de Gobierno, y anunció que pediría a la Mesa Directiva de este órgano legislativo que rinda cuentas sobre el manejo de recursos.
Hoy en el Pleno, Cárdenas acusó que la Constituyente no debe ser ejecutora de gasto y dijo que los recursos para la operación de la Asamblea debieron provenir del Congreso de la Unión y no del gobierno de la Ciudad, pues financiera y presupuestalmente se vuelve un apéndice de la administración capitalina.
En respuesta, Alejandro Encinas dio a conocer que a partir del lunes la Constituyente contará con 20 millones de pesos que ya autorizó el pleno del órgano legislativo y que proporcionará el gobierno de Mancera, pero que serán administrados vía la Asamblea Legislativa del DF, la cual abrirá una cuenta bancaria.
Sobre el folleto, dijo que será el gobierno de la Ciudad el que tendrá que rendir cuentas.
