Ciudad de México.- Son una de las comisiones más pequeñas y sólo les toca dictaminar tres de los 76 artículos de la iniciativa constitucional. De hecho, aquí sesionan sin el quórum legal mínimo que establece el reglamento de la Asamblea Constituyente para la operación de las ocho comisiones dictaminadoras.
Pero con todo y que son pocos, sus discusiones son de las más intensas que se presentan a diario en las comisiones legislativas.
Es la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios que encabeza el legislador de Morena, Mardonio Carballo. Sus integrantes son sólo 12, cuando el reglamento de la Asamblea señala que mínimo debe haber 13 legisladores en cada Comisión. El PRI no ha designado a los diputados que le falta asignar en este grupo legislativo y por ello no pasan de la docena.
La intensidad de las discusiones ha provocado que los acuerdos tarden mucho tiempo en su procesamiento y que el retraso evidente genere un clima mayor de crispación entre sus integrantes.
Lo más complicado de acordar y que les ha llevado por lo menos tres semanas de debate, ha sido la metodología para realizar una consulta pública que se debe realizar a 143 pueblos y barrios originarios, así como a alrededor de 130 comunidades indígenas residentes en la capital del país.
La Asamblea Constituyente, pero particularmente la Comisión de Pueblos y Barrios, no tiene de otra. Debe realizar esa consulta, pues nuestro país suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se establece que los Estados miembros deben consultar a sus comunidades originarias e indígenas cuando promuevan leyes que impacten en la vida, usos y costumbres de esas poblaciones.
Cuando otras comisiones han entrado ya a la discusión de artículos, aquí el debate se ha centrado en la forma de realizar esa consulta. Sólo han logrado avanzar en la aprobación de las dos primeras líneas del artículo 63, en las cuales se establece que la Constitución local “reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas residentes, así como los barrios originarios”.
Hoy, los legisladores avanzaban en las fases que deben tener esta consulta, es decir, desde la convocatoria y la información a los pueblos y comunidades sobre el desarrollo de este ejercicio, hasta la recopilación de resultados y su procesamiento en la Asamblea Constituyentes.
En esas estaban, cuando entraron a discusión de un tema en que se han empantanado, sobre quién debe colaborar con la Comisión de Pueblos y Barrios en la realización de la consulta.
Mardonio Carballo presentó una ruta de trabajo que contempla la participación de observadores internacionales y la colaboración de otras instituciones, lo que hizo enojar a su compañera de partido, Patricia Ruiz Anchondo, quien le recriminó que metiera esos temas a debate cuando lo que se analizaría era las fases de la consulta.
Ruiz Anchondo y Consuelo Sánchez, de Morena, insistían en sus planteamientos de que no debe haber intervención de instituciones ajenas a la Asamblea Constituyente para la realización de esta consulta. “Es un intervencionismo, que los pueblos y comunidades organicen su proceso”, decía Sánchez, mientras que Ruiz argumentaba que evitar injerencias externas impedirá la manipulación de los resultados de la consulta.
Otro tema que atoró los trabajos fue el carácter vinculatorio que deben tener esa consulta. Morena insistía que los resultados deben ser totalmente vinculantes, porque así lo establecen los tratados internacionales, mientras que el PRD y el PAN señalaban que debe haber un análisis previo con la Conferencia de Armonización para considerar el valor y el procesamiento que debe darse a la consulta una vez que sus resultados regresen a la Asamblea Constituyente.
PRD y PAN votaron juntos para quitar la palabra vinculante del plan de consulta, pero en ese momento llegó Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de la Conferencia de Armonización, para decirle a los legisladores que la consulta a los pueblos y comunidades debe ser vinculatoria, además de aclararles que el documento específico que se debe llevar a este ejercicio de análisis con esas poblaciones es el predictamen que discutan en la Comisión.
Después de casi seis horas de debate, lograron definir siete fases de la consulta, que incluye la convocatoria, la definición de que ese ejercicio se realizará en asambleas comunitarias, la explicación a pueblos y barrios del contenido del predictamen, la fase deliberativa de esas asambleas, la sistematización de resultados por parte de los legisladores y la elaboración definitiva del dictamen por parte de la Comisión, para entregarla a los pobladores.
Los legisladores terminaron la sesión en medio de un aplauso, pero con el tiempo encima, porque el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, dijo que a más tardar el próximo martes la Comisión de Pueblos debe presentar el plan definitivo de consulta a pueblos y barrios de esta ciudad, así como los términos de la consulta.
Encinas ya anticipaba, desde una entrevista que concedió al mediodía, que esa consulta debe ser vinculante, pero aclaró que no se trata de llevar a votación de ciudadanos el predictamen, sino someter a la opinión de los habitantes de esas poblaciones ese documento, de ahí el reto para procesar los resultados.
Sobre libertad religiosa
Hoy la Comisión de Principios Generales de la Asamblea Constituyente entró a la discusión del artículo 4 del proyecto de Constitución, el cual conceptualiza los principios fundamentales que se asumirán en la capital del país.
La iniciativa del jefe de Gobierno plantea que esos principios serán la libre determinación, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social de derechos, la construcción de ciudadanía, el diálogo social, la promoción de una cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo económico sostenible y solidario con visión metropolitana, la distribución equitativa del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad sustantiva, la inclusión, la equidad y la no discriminación, la preservación del medio ambiente y el patrimonio, así como la función social de la ciudad.
Aquí el debate inició cuando se puso sobre la mesa una iniciativa de adición de Andrés Millán, del Partido Encuentro Social, quien propuso que se considere como un principio más la libertad religiosa y de culto, a fin de evitar el maltrato y la exclusión del que son objeto comunidades religiosas como los cristianos.
Al respeto, Jaime Cárdenas, de Morena, consideró que el artículo 4 debe armonizarse con el contenido del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual habla de las convicciones éticas, de conciencia y de religión.
La periodista Katia D´Artigues y la priista Yolanda de la Torre estuvieron presentes para defender una iniciativa suscrita por ellas, en la que señalaron la importancia de incluir como un principio fundamental el de la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como el de la universalidad del bienestar social.
En ese planteamiento no sólo se considera al 15% de la población de esta ciudad que enfrenta alguna discapacidad, “sino a todos los que nos vamos a sumar a la estadística, porque la Organización Mundial de la Salud calcula que ahora que vivimos más años y en países que superan los 70 años de edad, todos vamos a tener una discapacidad los últimos siete u ocho años de nuestras vidas, además de la emergencia epidemiológica de diabetes que tiene una consecuencia muy común de discapacidad como ceguera, y otras enfermedades crónico degenerativas, además de que nadie está vacunado contra la discapacidad”, explicó D´Artigues.
Antes había intervenido Elvira Daniel Kabbaz, también de Morena, para plantear que frente a tantos principios que se busca queden establecidos en la Constitución local, y con el riesgo de olvidar alguno, se agregue un párrafo en el que se considere que los principios consagrados en la carta fundacional de la Ciudad serán también todos aquellos establecidos en la Constitución federal y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por México.
En la discusión también se consideró una propuesta del senador y diputados constituyente por el PAN, Ernesto Cordero, quien propuso que como uno de los principios fundamentales de la Constitución local debe estar el de la propiedad privada. En defensa de esa iniciativa y ante la ausencia de Cordero, intervino su compañera de bancada, Mariana Gómez del Campo, quien lamentó que el tema haya quedado olvidado en la propuesta original del Jefe de Gobierno.
Otra iniciativa del PAN que pasó por el debate de esta comisión fue la de Santiago Creel, coordinador de los albiazules, quien propuso la eliminación del artículo 5º, relacionado con la función pública y el tema de corrupción, al considerar que la propuesta del Jefe de Gobierno fue insuficiente. Por ello, Creel señaló que es necesario sistematizar la lógica del articulado y concretizar los temas para hacerlos más digeribles y substanciales.
La visita del secretario de Cultura
Este viernes la Comisión de Desarrollo Sostenible recibió en audiencia pública al secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Eduardo Vázquez, quien acudió a explicar el contenido de una propuesta de modificación presentada por uno de sus asesores a la iniciativa de Constitución del Jefe de Gobierno.
Vázquez expuso que deben hacerse modificaciones a algunos artículos, como el 23, en el cual se contempla que el Congreso local tendrá la atribución de legislar en materia de patrimonio cultural y de emitir declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad.
El secretario de Cultura se manifestó en contra de que el Congreso local pueda hacer declaratorias de patrimonio cultural. “Eso nos parece muy cuestionable, no creemos que sea materia del Congreso, pues es partidizar y convertir el patrimonio en moneda política lo que tiene que tener otro procedimiento”, dijo.
Otra modificación, agregó, es que en la iniciativa actual se considera que los recursos económicos que se generen por el patrimonio arquitectónico y urbano de la Ciudad se regularán de conformidad a la ley en beneficio de la comunidad, para su conservación, preservación y rehabilitación. “Aquí escuchamos el eco de una idea positiva, pero su redacción se da a interpretaciones diversas, porque ese valor es exclusivamente en términos económicos, cuando el valor es mucho más amplio", explicó.
Propuso que en la redacción final de la Constitución debe quedar establecido que los bienes muebles e inmuebles objeto de estas declaratorias por ningún motivo podrán ser sujetos de permisos o concesiones a particulares para su explotación comercial.
En defensa del agua
Por la tarde, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, recibió a un grupo de habitantes de Iztapalapa que llegaron en manifestación. Encabezados por la diputada local Janet Hernández, exigían que en la Constitución local quedará garantizado el derecho humano al agua.
En la Plaza Tolsá, donde se ha instalado una carpa para realizar esas audiencias, Encinas sacó a relucir su bagaje que tiene en el tema del agua, del que aprendió cuando hace 19 años fue designado como secretario del Medio Ambiente por el entonces Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas.
Recordó que en 1997 y durante aquella administración, la disponibilidad de agua para la Ciudad era de 65 metros del líquido por segundo, pero a casi dos décadas de distancia ese volumen no se ha incrementado.
Dijo que por cada litro de agua que logra filtrarse al subsuelo y recargar los mantos acuíferos durante las lluvias, se extraen dos litros para el consumo de los capitalinos, lo que genera que la Ciudad de México se hunda 20 centímetros en promedio al año, aunque en algunas demarcaciones como Iztapalapa esos hundimientos son de hasta 80 centímetros por año. Lamentó que 38% del vital líquido se pierde por fugas en la red de suministro.
Dicho esto, el también ex jefe de Gobierno se comprometió con los más de 100 habitantes de Iztapalapa presentes en la Plaza Tolsá y con la diputada Janet Hernández, a que pugnará para que el derecho al agua quede establecido en la futura Constitución, pero además a que en la carta fundacional de la capital del país se establezca la prohibición expresa a la privatización del agua.
