Ciudad de México.- Para la operación de la Asamblea Constituyente sí había dinero; incluso desde su creación y aún antes de que se instalará formalmente, se tenía asegurado recurso para ese órgano legislativo.
Fueron 71.4 millones de pesos los que el gobierno de la Ciudad etiquetó para el funcionamiento del órgano legislativo y para los trabajos del grupo redactor de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, asignados a la Consejería Jurídica en dos partidas, una que se generó el 8 de junio y otra liberada el 23 de septiembre.
Capital CDMX tuvo acceso a una solicitud de información pública en la que el director de Integración e Información Presupuestal del Sector Paraestatal de la Secretaría de Finanzas, Carlos Córdova Castañeda, informó que la Consejería Jurídica que encabeza Manuel Granados contó con ese presupuesto por 71.4 millones de pesos.
Los recursos fueron etiquetados “para llevar a cabo el Acuerdo por el que se integra el grupo de trabajo que apoyará al Jefe de Gobierno en la elaboración del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, así como en el Convenio de Colaboración que celebran la Cámara de Senadores y el Gobierno de la Ciudad, el cual tiene como objeto establecer las bases generales, a fin de que la Asamblea Constituyente esté en posibilidades de sesionar en el Pleno de la Antigua Sede del Senado”, se lee en esa respuesta de Córdova Castañeda.
Otra respuesta a una solicitud de información pública adicional, realizada a la Consejería Jurídica y de la que también tiene copia Capital CDMX, revela que la primera partida –la de junio pasado–, fue por 45.2 millones de pesos, de tal manera que el resto del recurso por un total de 26.2 millones de pesos se liberaron el 23 de septiembre, es decir, nueve días después de que la Asamblea Constituyente quedó instalada.
En esa respuesta de la Consejería Jurídica, fechada el pasado 25 de octubre, se informa que los recursos surgieron de remanentes del Presupuesto 2015.
La Constituyente se instaló el 15 de septiembre y desde entonces los diputados aseguraron que no tenían dinero para operar, algo que reiteró Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, quien en entrevistas aseguraba que todo el apoyo recibido era en especie.
Hoy, en entrevista y consultado sobre este tema, Encinas dijo que desconocía la existencia de ese recurso. “Yo no tengo información al respecto, por supuesto que ya con esta información haré la consulta al gobierno de la Ciudad sobre el volumen de recursos destinados. Ya habíamos señalado que una primera parte de estos recursos se canalizaron a través del convenio del Senado con el gobierno de la Ciudad para la renta y habilitación de Palacio de Minería en particular, y el apoyo en distintos servicios legislativos”, explicó el legislador.
No obstante, reiteró desconocer los montos y cómo se han manejado los recursos. Cuando se le preguntó si el Consejero Jurídico le había informado de ese recurso, Encinas dijo que no ha tenido información, más que del Convenio del Senado y el gobierno local y de los 20 millones ya acordados y que fueron aprobados en la sesión del Pleno del pasado miércoles. “Nosotros no tenemos ni comunicación al respecto”, respondió el diputado cuando se le insistió.
En la respuesta a la solicitud de transparencia que hizo la Secretaría de Finanzas, se detalla que de los 71.4 millones de pesos, 7.54 millones se etiquetaron para el arrendamiento de edificios; 7 millones más para el arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, sin especificarse ese rubro; 37 millones para congresos y convenciones; 2 millones para servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; 6.19 millones para servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; así como 11.7 millones para servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.
