Ciudad de México.-El investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, se reunió con los diputados constituyentes que integran la Comisión de Buen Gobierno para defender la iniciativa del Jefe de Gobierno en lo relacionado a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la fiscalización del gasto público.
Merino formó parte del grupo redactor del proyecto de Constitución que el Jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente. Este 2 de noviembre, en un encuentro vespertino, el académico pasó por el tamiz de legisladores de todas las bancadas que integran ese órgano legislativo, quienes expresaron dudas o abundaron sobre propuestas que ya han presentado en la tribuna.
El académico hizo recomendaciones. Habló sobre la necesidad de ser innovadores, audaces y creativos al momento de discutir y aprobar la Constitución local, pero con límites, para lograr que en la carta fundacional de la capital del país queden sentadas las bases de un buen gobierno.
De los primeros temas que abordó Merino, uno de ellos se relaciona con el surgimiento de un nuevo derecho para los capitalinos, uno que a decir del investigador se trata de una innovación completa y una audacia; se trata del “derecho fundamental a una buena administración”.
Expuso que, de quedar redactado tal y como viene en la propuesta del Jefe de Gobierno, todos los actos de autoridad o administrativos, así como todos los recursos públicos que manejen esos servidores públicos serán ejercidos de conformidad con las normas que regulan su propio marco de actuación.
Pero lo más importante del planteamiento es que, en caso de que algún funcionario tomara decisiones fuera del marco jurídico que regula su tarea o esas decisiones fueran arbitrarias y discrecionales, así como en aquellos casos de abuso de poder o por evidentes actos de corrupción, cualquier ciudadano tendría la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa para denunciar a ese servidor público.
Para Merino, la posibilidad de otorgar ese mecanismo de queja empodera al ciudadano y lo convierte en contralor de cualquier autoridad local, pero agregó que para evitar un uso político de ese instrumento o en una trampa que impida el funcionamiento del gobierno, se recomienda que el derecho fundamental a una buena administración sea regulado por la legislación secundaria.
Con la posibilidad de que un ciudadano interponga ese recurso, consideró que todos los funcionarios públicos de esta ciudad van a tener que caminar derechitos, no sólo porque los habitantes estarán atentos a que se cumplan procedimientos y normas sino porque hay una intensa vida política en esta ciudad.
“En un momento dado pensé, uy, esto puede parar a la ciudad si los gobernantes no ciñen estrictamente a las normas jurídicas, pero si así fuera tendrán que aprenden a gobernar conforme lo ordena la ley y entender que cualquier ciudadano empoderado va a poder exigir cuentas”, subrayó el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.
A propósito de una intervención que hizo la diputada constituyente de Morena, Elvira Daniel Kabbaz, sobre si los artículos de la futura Constitución deben ser amplios o breves, Merino profundizó en una reflexión respecto al corte minimalista o maximalista de la carta fundacional de esta ciudad.
“Entiendo la preocupación de ustedes por hacer un texto breve. Los invito a que consideren, y si se puede decir en menos espacio y decir mejor nos estamos congraciando; si es bueno y breve, dos veces bueno, y aplaudiría ese resultado.
Pero si por hacerlo breve ponen en riesgo el sistema de fiscalización, y ponen en riesgo la posibilidad de que quienes cometen actos de corrupción sean efectivamente sancionados, creo que se estaría cometiendo un error”, expuso el académico.
Merino dijo una y otra vez cosas evidentes, como que los diputados tienen la atribución de meterle mano y modificar el proyecto, pero esa obviedad respondía a una preocupación que él mismo aceptó y que tiene que ver con la invasión de competencias federales.
“Me preocupa que por muy buena fe, con magnificas intenciones de innovación en la Ciudad, se generen instituciones que acaben negando la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto o que acaben siendo vulnerables a través de una controversia constitucional o peor aún, sin ser controvertidas constitucionalmente sean controvertidas las consecuencias de instituciones locales, por no corresponder con la carta general de la República o con leyes derivadas del Sistema Nacional”, dijo.
Reiteraría sobre ese punto luego de una intervención del diputado perredista Jesús Ortega, quien habló de una propuesta presentada por él en la Asamblea Constituyente, en la cual plantea la creación de un Tribunal de Cuentas que funcione como un organismo autónomo, sin la injerencia del Jefe de Gobierno, y que se encargue de fiscalizar el gasto de las autoridades en los distintos niveles de gobierno.
Merino reiteró que hoy existe un Sistema Nacional Anticorrupción que es de aplicación obligatoria para toda la República, pues así lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual mandata la creación de un órgano superior de fiscalización para la Ciudad de México.
Aquí, el investigador del CIDE, reveló una segunda preocupación, y es que gobiernos de otras entidades federativas se quieran poner audaces para cuidarse las espaldas de su propia corrupción. “Les recuerdo el caso de Veracruz, les recuerdo el caso de Chihuahua, cuyos gobiernos estatales, simulando audacia, simulando innovación, intentaron establecer órganos de fiscalización diferentes a los que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los echó abajo”, recordó.
El diputado panista y ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, criticó que en el proyecto de Constitución se considere la creación de una Fiscalía Anticorrupción local que no será autónoma, pues será el Jefe de Gobierno quien realice la propuesta de designación del fiscal.
Recordó que el propio PAN presentó una iniciativa para evitar que el mandatario local designe al fiscal anticorrupción.
Le pidió a Merino sugerencias adicional para perfeccionar la propuesta del Jefe de Gobierno, y este respondió respaldando el comentario del ex gobernador, en el sentido de lo que llamó “afinar la puntería” para la Fiscalía Anticorrupción.
Al redondear en su participación, el académico habló de la importancia de lograr que la vigilancia ciudadana sea cada vez más amplia, pero enfatizó que una cosa es la vigilancia ciudadana y otra diferente es construir algo que llamó “comités de salud pública” dirigidos por liderazgos políticos para controlar zonas de poder. “Una cosa es el ciudadano desde abajo y desde adentro y otra muy distinta son comités puestos desde arriba para ejercer poder político”, alertó.
