Ciudad de México.-Este lunes, por fin, una comisión dictaminadora de las ocho que integran la Asamblea Constituyente de la CDMX inició la discusión del proyecto de Constitución que les remitió el Jefe de Gobierno capitalino.
El camino es muy largo, porque los legisladores apenas comenzaron a discutir el primer artículo del proyecto del mandatario y les esperan para su análisis 854 iniciativas y propuestas que han hecho tanto los propios diputados como ciudadanos y organizaciones.
Luego de 47 días de que Miguel Ángel Mancera entregara a los diputados constituyentes su iniciativa, la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática superó la discusión de forma, de los embrollos de cómo organizar su plan de trabajo, y entró a debatir el primero de los cinco artículos que le toca dictaminar.
Es la única que ya entró en ese proceso, y no fue cualquier artículo con el que arrancó el debate en esa comisión.
Sobre la mesa se puso a discusión el artículo 20, el que habla sobre la planeación urbana y la definición de las políticas públicas para dentro de dos décadas en materia ambiental, rural, urbana, económica, social, cultural y de seguridad ciudadana.
En este se contempla la creación de un Instituto de Planeación de la Ciudad de México, el cual gozaría de autonomía técnica y de gestión, y entre sus atribuciones estaría la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Ciudad, es decir, propondría al Congreso local las políticas que den lugar a los siempre controvertidos cambios de uso de suelo de la capital del país.
Así, la controversia estaba servida, y tomaría forma sobre la definición de alcances que tendría ese nuevo Instituto, su dependencia o autonomía del Jefe de Gobierno, y hasta sobre el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones al momento de aprobarse cambios de uso de suelo.
De acuerdo con el proyecto que remitió Miguel Ángel Mancera, el Instituto de Planeación de la Ciudad de México tendrá un director general, designado por mayoría calificada del Congreso de la ciudad, de una terna propuesta por el Jefe de Gobierno. Su órgano de gobierno será presidido por el mandatario en turno e integrado por representantes del gobierno de la ciudad, la academia y las organizaciones civiles y sociales con experiencia en temas de planeación, investigación y gestión del desarrollo, así como en los relacionados con el ordenamiento territorial.
Gabriel Quadri, diputado constituyente de Nueva Alianza, fue de los primeros en hablar. Contrario a su posición crítica que ha manifestado respecto al proyecto del Jefe de Gobierno, dijo que el artículo 20 es de los mejores pasajes del texto constitucional, pero planteó la necesidad de convertir al Instituto de Planeación Urbana en un organismo autónomo, para evitar la injerencia del mandatario capitalino en la toma de decisiones.
Manuel Oropeza, constituyente del PRD, consideró que el Instituto debe apoyar a las alcaldías en la elaboración de sus programas de gobierno y propuso que quede tal y como lo planteó Mancera, es decir que sólo tenga autonomía técnica y de gestión. “La planeación es un instrumento y no puede estar por encima de la política y de las decisiones políticas. Es una responsabilidad de quien gobierna la ciudad”, agregó el perredista.
En una posición totalmente contraria a las anteriores, Raúl Bautista, de Morena, rechazaba la posibilidad de crear el Instituto, al considerar que sólo generará más burocracia, además de que sólo será un elefante blanco sometido a las decisiones del Ejecutivo local. Alegaba también que el modelo de desarrollo urbano planteado en el proyecto de Mancera excluye la promoción de consultas públicas y los espacios de discusión vecinal, porque las autoridades se apropian de la realización del Plan de Desarrollo.
El debate se volvió ríspido después, cuando vino la segunda intervención del aliancista Gabriel Quadri, quien consideró que en la nueva Constitución no se puede otorgar a los vecinos capacidades de decisión vinculante para aprobar cambios de uso de suelo “porque no habría estaciones del Metro, ni Cetrams, ni avenidas, ni muchas cosas. La ciudad tiene un interés supremo, un interés colectivo que está por encima de los intereses de grupo, de sector, de comunidades incluso, y tenemos que buscar que se cumpla el interés público en la ciudad”, dijo.
Agregó que la planeación es un ejercicio técnico que está por encima de los intereses de grupo o de sector y, destacó, que como democracia administrativa estos temas tienen que pasar después por el Congreso local.
Bautista le reviró. Dijo no compartir la visión despreciativa del aporte que los ciudadanos hacen a la capital del país. “Los técnicos ya no han mostrado la ciudad que han hecho, colapsada, con agua en zonas privilegiadas, con un transporte que es un peligro, insuficiente, los que saben, los que planean, las eminencias, vean la ciudad que han hecho; salgan a caminarla a las 6 de la mañana al Metro Pantitlán, salgan a caminarla a las zonas populares, salgan a verla”, decía.
Bautista, quien en manifestaciones y protestas públicas se solía enfundar en una máscara de luchador y se hacía llamar Super Barrio, dijo que quienes están nerviosos por la forma en que quede redactada la Constitución local son aquellos que han gozado de privilegios toda la vida y que no quieren que el modelo cambie porque les ha dado millones de pesos de ganancias.
En los próximos días seguirá la discusión artículo por artículo dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible, con la intención de que el viernes 25 de noviembre se tenga listo un predictamen sobre el cual se pueda generar el documento final que se enviará al Pleno de la Asamblea Constituyente.
Pedir más tiempo para dictaminar
El proceso para llegar a la discusión del primer artículo de la nueva Constitución ha sido tortuoso. En la propia comisión de Desarrollo Sostenible debieron pasar tres sesiones de ese grupo de trabajo, incluida la de instalación, para colocarse en esta parte del proceso.
Incluso hoy, antes de comenzar el análisis del artículo 20, los legisladores tardaron 40 minutos en iniciar, pues no se reunía el quórum legal para comenzar la sesión y, cuando empezaron, se enfrascaron en un debate que en la reunión anterior aparentemente ya habían resuelto, de si se dividían el análisis de los temas en subcomisiones.
Las quejas continuaron, de parte del presidente de esta comisión, Enrique Provencio, pues recordó que se trabaja sin contar con un secretario técnico ni asesores, además de que ni la Mesa Directiva ni la conferencia de Armonización han presentado una propuesta de calendario de labores para evitar que se empalmen los horarios de trabajo de las comisiones dictaminadoras como hoy volvió a suceder.
Provencio pidió el apoyo de sus compañeros de las demás bancadas para solicitarle formalmente y por escrito a la Mesa Directiva de la Asamblea que autorice por una semana más la ampliación del plazo que tienen las comisiones para entregar el dictamen respectivo. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente, cada una de las comisiones debe entregar su dictamen al Pleno a más tardar el 30 de noviembre.
Margarita Valdés González Salas, constituyente de Morena, decía que se negaba rotundamente a sesionar los fines de semana, mientras que el diputado del PAN, Ernesto Cordero, sugería pedir apoyo de asesores y de una secretaría técnica al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Cada comisión dictaminadora se organiza como puede. Así, la Comisión de Buen Gobierno que preside el senador del PRD Armando Ríos Piter, acordó que el 21 de noviembre comenzará la discusión de su proyecto de dictamen, además de que a partir de la siguiente semana comenzará el análisis de cada uno de los siete artículos que le toca dictaminar. Ese grupo de trabajo sesionará el 2 de noviembre a las 5 de la tarde, para dialogar con especialistas del tema anticorrupción.
La Comisión de Ciudadanía también aprobó, finalmente, su programa de trabajo. El presidente de ese grupo legislativo, Raúl Bautista, junto con el resto de los constituyentes que la integran, resolvieron reunirse los lunes, martes, jueves y viernes, de las 5 a las 8 de la noche.
Bautista informó que en la sesión del próximo lunes 7 de noviembre iniciará la discusión de los artículos 27, 28 y 29 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, agregó que se presentarán todas las propuestas recibidas sobre estos artículos para su análisis y discusión conforme lo establece el reglamento.
Bautista Gonzalez destacó la disposición de las y los legisladores integrantes de la Comisión de Ciudadanía a trabajar incluso los fines de semana para que a más tardar el 25 o 26 de noviembre hayan revisado las iniciativas recibidas y entregar el dictamen el día 30 para su posterior discusión y aprobación en el pleno.
Jesús Ortega, el ex presidente del PRD, mostraba su preocupación sobre el calendario de trabajo que las distintas comisiones generan, pues hizo ver que a partir de las siguientes semanas hay varios grupos de trabajo que quieren reunirse todos los días a la misma hora, lo que generará complicaciones de agenda.
Otra comisión que sesionó este lunes y al mismo tiempo que otras, fue la de Alcaldías. Ahí se acordó que el lunes de la próxima semana y durante el día, ese grupo legislativo que encabeza la panista Gabriela Cuevas, sostendrá audiencias con los jefes delegacionales y con los consejeros del Instituto Electoral local.
Esa comisión quedó instalada en sesión permanente, lo que implica que no es necesario contar con quórum legal para sesionar. Ahí, los días 3 y 4 de noviembre se establecerán reuniones con aquellos diputados constituyentes que presentaron iniciativas de adición del texto constitucional, mientras que a partir del martes 8 de noviembre y hasta el 30 de noviembre se recibirá a los ciudadanos que hayan presentado propuestas.
No aplica la división territorial para el 2018
A propósito de la reunión con los consejeros electorales, Gabriela Cuevas, descartó que para la elección de 2018 pueda concretarse la división territorial de delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A Madero, como lo planteó el Instituto Electoral local.
Recordó que el artículo cuarto transitorio de la Reforma Política de la CDMX, incluido en la Constitución federal, establece que para el 2018 la elección constitucional se llevará a cabo con las delegaciones tal y como las conocemos.
No obstante, dejó en claro que después de ese año y ya cumplido el plazo establecido en el artículo cuarto transitorio, sí podría proceder una reorganización administrativa que dé paso a una división territorial de las demarcaciones.
“Yo creo que es una demanda, más allá de partidos. Ya hasta el Instituto Electoral está en el tema. Me parece que hay consideraciones de gobernabilidad, hay consideraciones de atender a la gente, porque cuando tienes tantos millones de habitantes para una sola demarcación territorial, para un solo jefe delegacional o lo que serán los alcaldes y sus concejos, es absurdo. Hay estados de la República que tienen menos habitantes”, dijo Gabriela Cuevas.
Consideró que en la Constitución Política de la CDMX que se aprobará en los próximos meses se pueden establecer las bases y los criterios para que en el futuro se pueda concretar esa división territorial.
“Para el 2018 hay un freno constitucional, no así para adelante. Si nosotros establecemos en la Constitución de la Ciudad las bases, los criterios y los procedimientos para que se lleve a cabo esta redefinición de las demarcaciones sí se podría y sí debe ser una materia. De hecho, hay algunas iniciativas al respecto, no sólo la del IEDF”, agregó la panista.
