Ciudad de México.-Bien lo decía Alejandro Encinas minutos antes de que iniciara la sesión. Todo lo que se vote en el Pleno de la Asamblea Constituyente debe aprobarse por las dos terceras partes de los 100 diputados que integran ese órgano legislativo, es decir 67, pues así lo acordaron los mismos diputados.
Las palabras del presidente de la Mesa Directiva de la Constituyente parecían un augurio de lo que después, en el Pleno, derivó en un fracaso cuando los legisladores intentaron aprobar la designación de los titulares de las áreas administrativas básicas para el funcionamiento de esa institución.
Los 67 votos no se juntarían para ratificar esos nombramientos, pero lo más irónico fue que sólo faltó un apoyo para lograr que ese acuerdo prosperara, y el voto faltante se les escurrió de las manos a los promotores de esas designaciones de una forma por demás curiosa.
“Hay que recordar que todas las resoluciones que adopte esta Constituyente requieren las dos terceras partes de los integrantes de esta Asamblea, no de los presentes, por lo cual es obligatorio que todos estén”, decía Encinas durante una entrevista previo a la sesión, en la que criticaba las constantes solicitudes de licencia que se han presentado por parte de diputados de distintas bancadas y que no han permitido integrar al 100 por ciento esta Asamblea.
Lo que pasó después en el Pleno de la Asamblea Constituyente dejaba ver la necesidad de que los grupos parlamentarios obliguen a sus legisladores a asistir o por lo menos a llegar puntuales, pero también revelaba la disputa que existe entre las propias bancadas por hacerse del control de las cuatro unidades administrativas que, en teoría, permitirían un desarrollo más eficiente del órgano legislativo, pues ninguna de esas áreas tiene asegurada una partida presupuestal para operar.
En el orden del día se inscribió el acuerdo que desde ayer discutían los coordinadores de las bancadas, para designar a quienes encabezarían la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Servicios Administrativos, la Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto. Los titulares de esos puestos serían designados de manera honoraria, es decir, sin cobrar un salario por su trabajo.
Al momento de la votación, 66 legisladores respaldaron el acuerdo, hubo una abstención, pero 21 diputados lo rechazaron; sin embargo, no fue suficientes, pues no se alcanzaron las dos terceras partes de los votos requeridos.
De último momento la diputada Clara Jusidman –designada por el Jefe de Gobierno- votó en contra, junto con el partido de Morena, y su negativa inclinó la balanza para que el acuerdo no prosperara. La legisladora del PAN, Mariana Gómez del Campo, quien pudo haber dado el voto número 67, llegó tarde a la sesión de hoy.
Al no aprobarse el acuerdo, el documento se regresó a la Mesa de Consulta de la Asamblea Constituyente, para que los coordinadores parlamentarios vuelvan a analizar el tema y presenten una nueva propuesta al Pleno.
El acuerdo que fracasó contemplaba la designación de Blanca Esther Baez Salomón como titular de la Secretaría Parlamentaria. Ella es cercana a Dolores Padierna y colabora en la bancada del PRD en el Senado.
También se proponía a Ángel Alfonso Franco Paz como secretario de Servicios Administrativos. Él fue secretario particular de Alejandro Encinas cuando este se desempeñó como Jefe de Gobierno.
Víctor Hugo Puente, ligado al PAN y al senador de ese partido Roberto Gil, era propuesto como titular de la Coordinación de Comunicación Social, mientras que María del Carmen Nava Polina sería la Coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto. Ella trabajó en la bancada del PAN en el Senado y en la coordinación de asesores de la PGR.
Aunque serían cargos honorarios, para los constituyentes de Morena no fue razón suficiente para avalar las designaciones. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador habían acusado desde un día antes que las propuestas de nombramientos sólo reflejaban el reparto de cuotas partidistas para controlar los órganos administrativos de la Asamblea Constituyente.
Con dureza particular, la diputada de Morena Irma Eréndira Sandoval, descalifica no sólo el acuerdo, sino a las mismas personas cuyos nombres venían en el documento. “Esto fue una imposición para repartirse el gobierno administrativo, de la comunicación social, el gobierno de los recursos estratégicos para funcionar en esta Asamblea”, decía.
De los perfiles propuestos, Sandoval hizo acusaciones que minaron la experiencia y alto nivel de preparación de los propuestos. “Nos manifestamos en contra de que la Coordinación de Comunicación Social tenga vínculos con los poderes fácticos de las televisoras y que las tareas administrativas, tareas parlamentarias de esta Asamblea Constituyente, tengan un vínculo de una subordinación política tan cínica y tan descarada como está en los curriculum vitae, en donde está su militancia política. Esta Asamblea tiene que ser puesta más allá de esas filias políticas y de esta subordinación de intereses de los poderes fácticos.”, acusó la legisladora de Morena. Insistió en el planteamiento de que esas designaciones se hagan a través de una convocatoria pública.
Diputados del PRD, PAN e incluso del PRI, argumentaron sobre la calidad que tendrían esos cargos honorarios, sobre la falta de un presupuesto que controlar, así como a la necesidad de no distraerse más en temas de forma, y hasta el poco tiempo que les queda para aprobar la Constitución de la Ciudad, pero sus votos, junto con los del Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, los designados del Ejecutivo federal y de cinco de los designados por el Jefe de Gobierno, no les alcanzaron para poder cristalizar la urgencia que esta Asamblea tiene de contar con áreas administrativas.
Ya ayer, cuando se instalaba uno de los órganos de gobierno llamado Conferencia de Armonización, Alejandro Encinas decía que una vez hechas las designaciones de las unidades administrativas, la Constituyente podría formalizar acuerdos con el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Gobierno de la Ciudad y otras instituciones para recibir y administrar apoyos en especie. Ahora esos convenios también quedan en la incertidumbre.
Con las ganas de tomar protesta se quedaron personajes como Ángel Alfonso Franco Paz, quien en el patio de la casona de Xicoténcatl saludaba a algunos conocidos. Un bromista Ricardo Ruiz, asesor de Alejandro Encinas, le decía a Franco Paz que se convertiría en administrador de la abundancia. Y claro que lo decía en broma, pues en los hechos no hay recursos económicos que administrar en este órgano legislativo.
Maratón de iniciativas
La sesión de este miércoles en la Asamblea Constituyente, fue un maratón de iniciativas. Un total de 110 documentos de reforma inscribieron diputados de todas las bancadas, a las que se sumaron 45 propuestas ciudadanas que llegaron en la última semana.
El legislador del PRD, Humberto Lozano, publicaba una foto en su cuenta de Twitter. Sobre su curul se observaba una pila de hojas, dos mil para ser precisos, con las iniciativas y propuestas a las que se les daría turno durante la sesión, explicaba el diputado en su red social.
Con tantas iniciativas inscritas, algunos legisladores y sus asesores tuvieron que recurrir a situaciones poco comunes, para que sus planteamientos tuvieran resonancia en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, Jesús Ortega, el ex dirigente del PRD, se apersonó en la sala de prensa de esta Asamblea para que los reporteros tomaran nota del contenido de 14 iniciativas que hoy enlistó.
Entre las muchas propuestas que hizo, en esta improvisada conferencia Ortega mencionó la necesidad de crear un gobierno de gabinete de la Ciudad que sea ratificado o removido por el Congreso local; planteó la creación del Parlamento Metropolitano con legisladores de la capital del país, de Hidalgo, del Estado de México, Puebla y Morelos; propuso establecer una figura de control parlamentario hacia el Jefe de Gobierno por parte de los diputados locales, así como conformar un Tribunal de Cuentas que sustituya a la actual autoridad fiscalizadora.
Una controvertida iniciativa de Ortega plantea el derecho a que los capitalinos podamos decidir en materia de eutanasia activa o pasiva, “para desconectar a alguien cuando ya no pueda decidir o a alguien que en plena capacidad pueda decidir porque tiene una enfermedad incurable o sufre mucho”, dijo el perredista.
La diputada Constituyente del PRI, Cynthia López Castro, presentó una iniciativa de Licencia Parental, a fin de asegurar que los permisos por paternidad dispuestos en el proyecto sean con goce de sueldo. Dijo que la propuesta enviada por el Jefe de Gobierno sólo contempla otorgar 6 meses de licencia de maternidad y cuando menos un mes de licencia por paternidad, pero no establece si estos se darán con goce de sueldo.
También del PRI, Lorena Marín Moreno presentó una iniciativa en materia de desarrollo metropolitano. Explicó que debido a la expansión de la zona urbana, es necesario hacer adecuaciones para mejorar sustancialmente la infraestructura, por lo que propuso la creación del Instituto de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México, a fin de dar seguimiento a los planes de desarrollo integral y sostenible.
Los panistas, que muy a cuenta gotas suelen adelantar información de sus iniciativas, esta vez hasta una conferencia de prensa ofrecieron. Los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Cordero; el coordinador de la bancada, Santiago Creel, y el dirigente de ese partido en la ciudad, Mauricio Tabe, presentaron reformas en materia económica para propiciar el desarrollo sostenible, finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas en el gobierno local.
A través de la modificación de 15 artículos del proyecto de Carta Magna local, los del PAN buscan establecer el derecho a la propiedad y el uso y goce de sus bienes; también se pretende evitar un problema de inconstitucionalidad al dejar la legislación en materia laboral al ámbito federal; pretende dar certidumbre en el uso de suelo, eficiencia en la provisión de servicios públicos, colocar el desarrollo económico sostenible como un principio fundamental de la Constitución local, garantizar un gobierno austero y eficaz, eliminar la creación de una banca pública de desarrollo e infraestructura, así como definir criterios claros en materia de transparencia y de los ingresos públicos.
De los panistas, Mariana Gómez del Campo presentó una iniciativa para regular las marchas y las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, sin conculcar ni criminalizar el derecho a la libertad de expresión y respetando derecho de terceros al libre tránsito. El tema pudo haber generado la polémica que de forma intrínseca ya propicia, pues diputados de Morena pidieron la palabra para recriminar a la del PAN, a no ser por el presidente de la Mesa Directiva, quien recordó que en la presentación de iniciativas no hay debate.
Las posiciones de los panistas generarán polémica. De manera informal ya sucede, y de eso hubo registro cuando en el patio de la antigua sede del Senado, los legisladores de izquierda Clara Jusidman, Enrique Provencio, Alejandro Encinas y Raúl Bautista recibieron a integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP), quienes presentaron una propuesta relacionada con el derecho a la ciudad.
Encinas recriminó ahí a quienes acusan que la iniciativa del Jefe de Gobierno es un proyecto comunista, chavista y estatizador, cuando en realidad es una propuesta “societaria”, dijo, porque se trata de empoderar a la ciudadanía y que esta haga suyo el derecho a la ciudad. “Es tal el nivel de desconocimiento que no saben que desde el artículo 27 constitucional la propiedad se regula en función del interés público, pero que también el derecho a la ciudad y la función del suelo y de la propiedad ya están establecidos en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos”, argumentó.
Clara Jusidman mantuvo el tono. Dijo que los críticos de la iniciativa del Jefe de Gobierno pugnan por los derechos individuales y las libertades fundamentales, pero tienen un enorme desconocimiento de todo lo que es la teoría de los derechos humanos y muestran su desprecio a los derechos colectivos. “El embate de los sectores conservadores y de quienes piensan que esta ciudad es sólo para hacer negocios y usar la plusvalía en términos de ganancias personales no están entendiendo la enorme fuerza que hay en movimientos como los de ustedes”, agregó Jusidman.
Un despistado César Camacho
Hoy se estrenó como diputada constituyente la senadora del PRI, Lucero Saldaña, en sustitución del dirigente de la FTSE, Joel Ayala, pero eso fue algo que no le quedaba claro al líder de los legisladores de ese partido César Camacho, quien aseguraba que Saldaña llegaba en lugar del nuevo procurador General de la República, Raúl Cervantes.
-¿Hay un nombre que se perfile ya para sustituir al senador Raúl Cervantes?- se le preguntó a César Camacho, en rueda de prensa.
-Ya está, es la senadora Lucero Saldaña-, respondió convencido.
– ¿Ella llega por Joel Ayala?
– No, no. Lucero Saldaña es quien sustituirá a Raúl Cervantes.
– ¿Pero entonces quién sustituirá a Joel Ayala?
– Lo veremos en estos días quien lo sustituye. Joel Ayala está acreditado todavía como compañero senador y verán a quién nombran.
– El orden del día de la sesión dice que Lucero Saldaña llega en sustitución de Joel Ayala-, se le insistió.
– Qué bueno que viene en sustitución de Joel Ayala, ya vendrá quien sustituya a Raúl Cervantes-, atinó a responder un despistado Camacho.
Este miércoles, la sesión inició con 80 diputados. Nunca se ha logrado tener la presencia de los 100 constituyentes, ni siquiera durante la reunión de instalación.
El presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, Alejandro Encinas, criticó las constantes solicitudes de licencia que se han registrado en este órgano legislativo. Pidió a los integrantes de los distintos grupos parlamentarios tener un compromiso más puntual hacia la labor que realizan para aprobar la Constitución de la capital del país y no exista esa movilidad.
“Lamento mucho la inestabilidad en que algunos grupos parlamentarios han incurrido, que no han permitido, no solamente integrar plenamente la Asamblea, como sucedió en el caso del senador Joel Ayala, que ni siquiera rindió protesta, y la movilidad que se está dando con la solicitud de licencias para ir a desempeñar otras funciones”, dijo Encinas.
Con la salida de Raúl Cervantes suman cinco bajas en la Asamblea Constituyente. En este órgano legislativo han pedido licencia Javier Jiménez Espriú y Carlos Payán, de Morena; así como Carlos Aceves del Olmo, Joel Ayala y Raúl Cervantes, del PRI.
Para Alejandro Encinas, la movilidad en los nombramientos rompe la continuidad de los trabajos en la Constituyente y habla de que las designaciones se abordaron con muy poca seriedad sobre la responsabilidad que la Asamblea entraña.
