Ciudad de México.-Las comisiones legislativas que elaborarán la Constitución Política de la Ciudad de México han comenzado su trabajo. La discusión en ellas será técnica, legal y teórica. Ahí se verá de qué están hechos los diputados constituyentes.
Esa expertise de cada uno de los 100 hombres y mujeres que integran la Asamblea Constituyente, la que los trajo aquí, deberá salir a flote en estas salas del Palacio de Minería que la UNAM ha prestado a los legisladores para las sesiones de los grupos de trabajo.
Los conocimientos jurídicos, académicos, sociales, económicos o culturales, tendrán que dominar las sesiones. El debate mediático y político ya ha sido una constante durante el primer mes de existencia de la Asamblea Constituyente, y de entre los propios legisladores queda claro que el discurso de las semanas siguientes debe cambiar.
“Tendremos que ponernos a revisar a Marx y a David Ricardo”, les decía el perredista Manuel Oropeza al resto de los diputados constituyentes que la tarde de este lunes instalaban la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, luego de que saliera a discusión el tema de la función social del Estado.
Hoy, en esas instalaciones del Palacio de Minera, quedaron formalmente instaladas cuatro de las ocho comisiones dictaminadoras del proyecto de Constitución. Mañana martes entrarán en funciones las otras cuatro.
A diferencia del tono que ha dominado las sesiones del Pleno y las discusiones en tribuna, en las comisiones hubo posiciones más aterrizadas y menos estridentes.
De las comisiones que ya quedaron instaladas, una de ellas se llama “de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales, Autónomos”. Tan largo es su nombre como la carga de trabajo que tendrá.
Bajo su responsabilidad estará el análisis de 17 artículos de la iniciativa de Constitución que remitió el Jefe de Gobierno, así como el estudio de 19 temas diferentes, que van desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta los medios alternativos de justicia y servicios periciales.
El presidente de esa Comisión, Manuel Díaz Infante, advertía a sus colegas diputados que ese grupo de trabajo tiene en sus manos una parte fundamental de la columna vertebral que permitirá el futuro funcionamiento de la Ciudad de México.
“Por ello no se pueden imponer ni dogmas, ni ideologías, debe privar el buen juicio, la razón, el entendimiento, el acuerdo y el consenso, sin descuidar en ningún momento los elementos necesarios de técnica legislativa y jurídica para la redacción del dictamen respectivo, siempre dentro de los parámetros existentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano y en todas las leyes correspondientes”, decía Díaz Infante.
El diputado, uno de los seis que designó el presidente Enrique Peña Nieto, decía que su intención será no intervenir en los debates, salvo que sea absolutamente indispensable, por lo que dejará la conducción de la presidencia de la comisión al secretario correspondiente en orden de prelación. El primer secretario en ese orden de prelación es el abogado Javier Quijano, constituyente de Morena que ha insistido en su recalcitrante posición de denostar y desconocer a los legisladores designados.
En esta comisión hay dos ex ministras y un ex procurador de Justicia. Es previsible que Irma Cué, Olga Sánchez Cordero y Bernardo Bátiz le den un sesgo sumamente técnico y especializado a la discusión.
Ya Bernardo Bátiz hablaba de que es necesario enfatizar el derecho romano, por encina del derecho anglosajón al momento de discutir el proyecto de Constitución para la Ciudad de México.
Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, tomaba la palabra para decir que se siente sumamente preocupada por la falta de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones, por lo que frente a los constituyentes hay un reto fundamental: Hacer que la falta de credibilidad se revierta, sobre todo en las instituciones de procuración de justicia y los órganos constitucionales autónomos.
“Se ha dicho en la prensa que esta es una Constitución aspiracional, quiero compartir con ustedes que todas las constituciones del mundo son aspiracionales. La única diferencia entre las constituciones anteriores y las modernas es la justiciabilidad y los mecanismos de justiciabilidad de esas constituciones aspiracionales. Estos recursos judiciales, efectivos, este acceso a la justicia efectiva, es lo que va a hacer de estas constituciones aspiracionales constituciones que puedan ser ejercidas a cabalidad en sus derechos fundamentales”, decía Olga Sánchez Cordero.
De entre aquellos que poco habían hablado en este primer mes de existencia de la Asamblea Constituyente se encontraba la investigadora y ex secretaria de Desarrollo Social de esta ciudad, Clara Jusidman, quien durante la instalación de la Comisión de Desarrollo Sostenible tomó la palabra y alzó la voz para defender con vehemencia el proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno.
Integrante del grupo redactor de ese proyecto, la también ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF dijo que el documento fue resultado de un amplio trabajo colectivo, en el que participaron especialistas, académicos y organizaciones sociales.
“Muchas de las intervenciones de los opinólogos, me parece que tienen un terrible desconocimiento de lo que ha significado la aceptación de los derechos humanos como eje de la Constitución de este país a partir del artículo primero constitucional, modificado en 2011. Esta es la primera Constitución en este país que va a darle sentido y contenido a los derechos humanos”, subrayó doña Clara Jusidman.
Decía que en la iniciativa de Constitución sólo se incluyeron más de 57 derechos humanos, con todo y que hay más de 400 derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Agregaba que parte importante de los derechos incluidos en el proyecto fueron tomados de la Carta por el Derecho a la Ciudad, en la que han trabajo por años organizaciones que saben del tema, “y no por los partidos políticos que se están debatiendo la contienda del 2018”, señalaba.
Pidió al resto de los constituyentes pensar por los habitantes de la capital del país, “no en las contiendas ni en los debates porque no nos cae bien un actor o porque va a ser candidato ¡por el amor de Dios, trabajemos en beneficio de la ciudad!”, decía la diputada.
Pero lo cierto es que la política no podrá quedar fuera del debate, y eso ya se veía en la Comisión de Alcaldías que presidirá la constituyente del PAN, Gabriela Cuevas. Ahí la legisladora del PRI, Cynthia López Castro, acusaba que tal y como está la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, la autonomía de las futuras alcaldías no será completa, pues en materia presupuestal seguirá la dependencia respecto al gobierno central, lo que traerá como consecuencia la existencia de jefes delegacionales a modo del Jefe de Gobierno.
“Si uno no está a modo del Jefe de Gobierno el presupuesto baja cuando en la Secretaría de Finanzas quieran. Necesitamos establecer algún tipo de calendario fiscal, en donde se pueda mantener como obligatorio las ministraciones a las alcaldías para que no sean objeto de un tema político”, agregó la priista.
Una de las cuatro comisiones que se instaló fue la de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Como presidente de ese grupo de trabajo, el perredista Armando Ríos Piter, definía en su discurso el tamaño del reto que los diputados tienen por delante.
Un 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país se pierde en corrupción, decía el también senador, al considerar que lo que se logre en la Asamblea Constituyente debe convertirse en un referente para las otras entidades federativas.
“Sin duda alguna la ciudad va a convertirse en el referente que evite las pillerías que en otros estados han querido hacer, hay que decirlo tal cual, donde han querido hacer instituciones a modo, pero que lo que tengamos sea una visión de mediano y largo plazo”, agregaba Ríos Piter.
Pasada la estridencia mediática, en el ambiente rondaba la duda sobre si la diputada del partido Encuentro Social, Aida Arregui, dejaría su curul, luego de que el pasado viernes fue acusada por los de Morena de ser ministro de culto y por tanto encontrarse impedida legalmente para desempeñarse como constituyente.
Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, explicaba que Morena no había presentado formalmente hasta hoy ningún documento que sustentara su acusación.
Mucho más tranquila, luego de que el pasado viernes la acusación la tomara por sorpresa, Aida Arregui decía hoy a los medios de comunicación que su abogado ya le proporcionó el documento emitido por la Secretaría de Gobernación en el que se confirma que ella dejó de ser ministra de culto de la comunidad cristiana denominada Río Poderoso.
De acuerdo con la diputada del Partido Encuentro Social, el 15 de diciembre de 2015 recibió esa notificación por parte de las autoridades federales, aunque dijo que ella dejó de ser ministro de esa comunidad cristiana desde 2011.
