Ciudad de México.- El derecho a la autodeterminación, que estableció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en su proyecto de Constitución de la Ciudad de México, es uno de los puntos de mayor polémica en la Asamblea Constituyente.
Incluso se prevé una pugna porque hay visiones contarías en el artículo 10, en el cual caben derechos como la interrupción legal del embarazo.
“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación, a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar de su tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos”, se lee en el texto.
A consideración del constitucionalista Sergio Márquez, lo estipulado en el artículo corresponde a la visión progresista que han mostrado los capitalinos, pues derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo así como el aborto se han establecido como ley en la CdMx.
No obstante, “ahí no hay una determinación de 12 semanas y entonces se va a dar lugar a la polémica, digo aquí damos por entendido que es ese periodo porque después, pues se pone en riesgo la vida de la madre”.
Explicó que dichas especificaciones deben realizarse en las leyes secundarias, las cuales se conformarán una vez que los artículos sean aprobados por las dos terceras partes de los diputados.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que “este tipo de cuestiones tan debatibles – algunas de ellas- van a ser impugnadas por los medios de control constitucional de legalidad, como sería un juicio de acción o de controversia constitucional y entonces si eso se decla como no acorde a la Constitución federal pues tendría que expulsarse del orden jurídico”.
Derecho a la vida
Uno de los principales opositores a este derecho es el partido Encuentro Social.
“Desde nuestra plataforma de Encuentro Social, como lo hemos dicho somos el partido de la familia, estamos a favor del sí a la vida, por la familia, por los matrimonios entre un hombre y una mujer y son principios que no son negociables… en nuestras políticas publicas deberíamos como constituyentes todos hacer una plataforma para ayudar a todas esas mujeres que llegan a ese punto tan crítico del aborto”, comentó la constituyente Aida Arregui.
Entre sus precisiones, dijo que se ha comprobado científicamente que las mujeres que se someten a este procedimiento se sienten culpables y deben estar en un tratamiento psicológico, motivo por el cual una de sus propuestas será crear políticas públicas como programas educativos para ofrecer una alternativa a quienes se encuentren ante la decisión de hacerlo o no, ya que entre los índices que mencionó son las jóvenes menores de 34 años quienes en mayor número interrumpen la gestación.
“Quienes están en esta situación en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de la pareja o de familia, entonces por qué no apoyarles con un Fondo Económico, porque se tuvo que hay un incremento de mujeres que vinieron de toda la República a la Ciudad de México porque aquí sí está permitido hacerlo, entonces como el Gobierno se vio rebasado tuvieron que poner candados”, afirmó.
Adelantó que se ha manejado como propuesta que el plazo de la interrupción se extienda a cuatro meses, lo cual se contrapone al derecho a la vida que buscan establecer entre los artículos, pues en su opinión se debe respetar el ciclo desde la fecundación hasta la muerte natural. Por lo anterior, afirmó que trabajará en una alianza con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a fin de contraponerse al principio de autodeterminación.
A favor de la libertad de la mujer
La diputada por el Partido de la Revolución Democrática, Lol Kin Castañeda, hizo un llamado para “no confundir derecho a la vida con la obligación de una mujer a procrear por encima de su proyecto de vida y por encima de su voluntad".
Explicó que cuando un óculo y un espermatozoide fecundan, no son ellos quienes tienen vida, es la mujer la que se embaraza, a partir de eso debe ser la mujer si quiere ser mamá y si anhela ser mamá.
La también activista, precisó que desde la aplicación de la interrupción legal del embarazo, se ha tenido un fallecimiento, debido a que la mujer que acudió a realizar el aborto no comentó los datos precisos de sus meses de gestación; por lo que en caso de que se busque extender el plazo de 12 semanas tendría que consultarse la experiencia médica.
“Prohibir la interrupción legal del embarazo no es disminuir los abortos, significa que las mujeres lo hagan en circunstancias clandestinas y entonces los riesgos sí son muy elevados, por eso es un tema de salud pública”, explicó.
Detalló que hasta el momento ha tenido pláticas con algunos miembros de Morena y del Revolucionario Institucional, quienes se han manifestado en favor de que prevalezca en legalidad el procedimiento.
“Es un tema que la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que es constitucional, entonces no podríamos ahora ignorar el hecho, ya hay código civil vigente, no hay forma de que se retroceda. La lógica es que ganen los argumentos y no los dogmas”.
Añadió que la postura de Encuentro Social refleja su inexperiencia así como su tendencia a las ocurrencias.
