Ciudad de México.- Los cambios de uso de suelo ya no serán autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
A partir de ahora, esa facultad queda en manos de un consejo consultivo que será electo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Con 57 votos a favor, el pleno de la ALDF modificacó la Ley de Desarrollo Urbano para crear el Consejo que aprobará los usos de suelo.
En el dictamen se establece que la ALDF es competente para legislar en desarrollo urbano, vivienda, construcciones, edificaciones, y establecimientos mercantiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracciones XIV y XVI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Lo anterior, mediante la creación de un Consejo Consultivo, designado por la ALDF, que incluirá la participación de académicos, jefes delegacionales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica y el Consejo y Comités vecinales.
En el dictamen también se contemplan modificaciones al artículo 52 que establece la regulación del uso y ocupación de la vía pública.
Esto, a fin de garantizar la seguridad de los predios colindantes sobre una obra en construcción. El interesado deberá contar también con una póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales, que servirá para cubrir específicamente los daños ocasionados al propietario, poseedor u ocupante de un predio colindante a una obra. La póliza deberá estar vigente durante el tiempo que determine el área de protección civil del Órgano Político Administrativo que corresponda.
Ante el Pleno, la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Margarita Martínez, reiteró la importancia de que la póliza de seguros cubra los daños al propietario que puedan llegar a ocurrir a fin de garantizar la seguridad de los capitalinos.
Congelan Norma 26
Luego de las diversas protestas de grupos vecinales en contra de la norma 26, el pleno de la Asamblea Legislativa decidió discutir la norma en el periodo de sesiones ordinarias que comienzan la próxima semana.
El dictamen establece como valor máximo de venta para vivienda de interés social los 387 mil 72 pesos y no podrá exceder de 784 mil 896 pesos, mientras que el de vivienda para los trabajadores de 10 mil 950 y no más de un millón 200 mil 640 pesos.
Entre los candados previstos para ambos tipos de vivienda se establece que dentro de los 30 años posteriores a su ocupación no se podrá vender a un precio mayor a los que fueron adquiridos.
La Norma establece los lineamientos para la construcción de vivienda de interés social y establece un precio tope; sin embargo, las constructoras cometieron diversas irregularidades, pues utilizaron esta normativa para construir vivienda de lujo y vender a altos costos.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Margarita Martínez, aseguró que este nuevo paquete de dictámenes beneficiará a los vecinos y se garantiza que la Norma 26 no será derogada, ya que los estímulos de vivienda de interés social solamente puedan ser utilizadas con organizaciones del Instituto de Vivienda.
