Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación aplicarán 197 auditorías al gobierno capitalino en lo que respecta a la Cuenta Pública 2015.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa local, Leonel Luna Estrada, comentó que con la presentación del Programa de Auditorías da inicio una revisión integral del uso de recursos ejercidos por el Gobierno de la Ciudad, las jefaturas delegacionales y los entes públicos.
Serán 186 auditorías, autorizadas y previamente revisadas por la Comisión de Gobierno de la ALDF y 11 más a realizarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), atendiendo las leyes locales y nacionales en la materia.
La novedad de este ejercicio, indicó, es la realización de auditorías ambientales y de tecnologías de la información, así como la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los entes públicos.
El también presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF expresó que el programa busca el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas a prevenir la corrupción, situación que se ha logrado con el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), derivado de lo cual se han realizado acciones legislativas con miras a construir un andamiaje jurídico para este fin, mismas que se entregarán al Grupo Redactor de la Constitución de la CDMX.
Por su parte, David Manuel Vega Vera, titular de la ASCM, dijo que la presentación del Programa General de Auditorías atiende la línea constitucional y los 30 días naturales establecidos en la Ley de Fiscalización para la revisión de la Cuenta Pública, de ahí que se realizara en esta fecha como parte de un mandato superior, situación que coloca a la Ciudad a la Vanguardia ya que se adelantaron los tiempos para este fin gracias a las acciones legislativas de la ALDF.
Mientras que el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASCdMx, Iván Texta, dijo que “el establecimiento de los programas de auditorías a los entes de gobierno sistematiza la labor de los órganos fiscalizadores, facilita la revisión en tiempo y forma y tiene el potencial de prevenir actos ilegales en el ejercicio de la función pública”.
