Ciudad de México.- En diversas etapas, la historia de la Ciudad de México revela cambios sustanciales en su forma de gobierno y en su definición geográfica. Una evolución que progresivamente fue otorgándole mayores facultades y autonomía, pero sin concretar un cambio total en su régimen de gobierno.
Desde la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Distrito Federal fue sede de los poderes federales y su territorio estaba conformado por trece municipios. El gobernador era designado directamente por el Presidente de la República. Los cambios continuaron en esta región del país que crecía vertiginosamente, y en 1941 aparece el concepto de Ciudad de México.
La reforma promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, impulsada por los partidos políticos en el Congreso de la Unión, será determinante para terminar con posiciones privilegiadas de quienes dirigían a su albedrío la administración de las delegaciones políticas, sin contrapesos ni una auténtica revisión de sus ingresos y egresos.
Con la reforma, el gobierno de cada demarcación territorial estará a cargo de un alcalde y de un Concejo, que serán electos por votación para un periodo de tres años. En este nuevo escenario que garantizará una mayor eficiencia en el gasto público, equilibrios en su aplicación y transparencia en su distribución, ningún partido político o coalición electoral podrán tener más del sesenta por ciento de sus integrantes. Corresponderá a los concejeros aprobar el proyecto de egresos de las alcaldías y estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público.
Para un número importante de ciudadanos la reforma sólo es un pretexto para justificar el dispendio sin control que hacen de sus contribuciones las autoridades en turno; una oportunidad para incrementar una burocracia que solo contribuye a pervertir y entorpecer las acciones de gobierno. Sin embargo, en este rubro la reforma política del Distrito Federal es una valiosa oportunidad para orientar un trabajo eficiente y transparente en las demarcaciones.
El siguiente paso en el sinuoso camino que desde hace casi dos décadas ha orientado a esta reforma, es elegir una Asamblea Constituyente que elaborará la Constitución de la Ciudad de México, en la que sin duda alguna se deben preservar los derechos adquiridos de los capitalinos. Su composición debe ser plural, con integrantes de la sociedad de probada capacidad para participar en la definición de las normas que regirán la convivencia y el desarrollo de esta nueva entidad; conocedores del derecho y la técnica jurídica.
En este contexto, ningún sector de la población debe ser excluido de la conformación de la Carta Magna de la Ciudad de México. Bienvenidas las aportaciones de notables ciudadanos que han destacado en sus disciplinas, en sus áreas de trabajo. Su voz debe coadyuvar en la correcta orientación de los preceptos constitucionales.
El 5 de junio los capitalinos participarán en una inédita elección, que exigió una definición distinta en su desarrollo. Su voto será determinante en el nuevo rumbo que emprendió la ciudad. Los capitalinos rechazan esquemas verticales en los que los gobiernos deciden unilateralmente sobre los asuntos públicos; demandan participación no sólo en la toma de decisiones, también quieren ser parte del diseño y evaluación de las políticas públicas.
En esta etapa de definición del régimen político, económico y social de la Ciudad de México, el jefe de gobierno y su grupo de notables proponen y la Asamblea Constituyente dispone.
