Ciudad de México.-«Señor jefe de Gobierno, hasta cuándo se dará cuenta de la corrupción que impera en la Oficialía Mayor del Distrito Federal», advertía una voz distorsionada de una imitación del grupo Anonymus que circuló en Youtube en el segundo año de gobierno.
Las evidencias mostraban compras a sobreprecio de neumáticos para vehículos oficiales y se atribuyeron directamente a Édgar González, oficial Mayor del DF.
Unas semanas después, González renunció al cargo.
Así se confirmó el primer acto de corrupción de un funcionario de primer nivel. Después vino el caso del ex secretario de Obras del DF, Alfredo Hernández, a quien se descubrió que entregó un contrato de 70 millones de pesos a la empresa de su esposa.
Sin embargo, el manejo ilícito del dinero público campea en las estructuras de nivel bajo y medio.
En la primera mitad del sexenio de Miguel Ángel Mancera, la corrupción persiste entre los servidores públicos. No obstante, no se ha quedado con los brazos cruzados y ha aplicado miles de sanciones administrativas y penales e implementado políticas públicas para crear un gobierno transparente.
La Contraloría capitalina inhabilitó por dos años a González y tres años a Hernández.
«No toleraremos actos de corrupción», dijo Mancera al inicio de su mandato y actuó contra funcionarios que contaban con su amistad tras ser descubiertos en actividades ilícitas.
Una de las acciones que ha emprendido el gobierno capitalino para abatir la corrupción al interior de la administración pública es que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales así como presentar y difundir las declaraciones de interés.
A la fecha, la Contraloría capitalina tiene registrados más de 25 mil declaraciones de intereses que significa que cada servidor público declare si él o algún familiar tienen intereses en empresas que pudieran ser contratistas del GDF.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los casos de corrupción persisten en el DF.
Por ejemplo, en 2013, la Secretaría de Finanzas del DF detuvo a tres ex servidores públicos por prácticas indebidas. Uno de ellos atendió una denuncia ciudadana contra un servidor público quien solicitó 5 mil pesos por “tener en 3 días un trámite”, deteniéndose en flagrancia al imputado.
En entrevista con Capital MX, el Contralor capitalino, Eduardo Rovelo, comentó que para cumplir con su tarea hay ciertas limitantes legales.
La principal es que La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos es anacrónica y eso se suma que el concepto de corrupción no existe en ninguna disposición normativa y por ello siempre va acompañada de impunidad.
“La Ley es vieja, anacrónica, de los años ochenta, han pasado algunos años y los hechos sociales han sido transformados. Estamos pugnando que se creen normas jurídicas de acuerdo a la realidad y que el Distrito Federal pueda tener atribuciones en materia de responsabilidades y sanciones. Hay que redefinir la dogmática administrativa, los hechos ilícitos administrativos o las conductas ilícitas administrativas”, dice el encargado de frenar la corrupción en la Ciudad de México.
Rovelo está consciente de que su tarea en el GDF es grande y plantea una nueva metodología para conocer el grado de corrupción.
Recuerda para que haya corrupción se necesitan dos personas. “No se da de manera automática y es muy difícil de probar, integrar los elementos de la conducta, tanto la voluntad como el resultado es difícil de demostrar porque no hay víctimas. La víctima es el Estado: ¿quién se queja? El estado. ¿De qué? De algo que pasó. ¿Qué pasó? Quién sabe qué pasó, porque queda entre el particular y el servidor público, lo que genera impunidad”, reflexiona en el despacho que dejó Hiram Almeida al ser nombrado jefe de la Policía.
Ese es el motivo por el que Rovelo asegura se tienen que avanzar en acciones preventivas. “¿Qué tenemos que hacer? Implementar medidas de acompañamiento donde le digamos al servidor público cómo debe de hacer las cosas; tener mayor relación con los servidores que ejecutan gastos”, afirma.
El rezago
Uno de los factores que generan impunidad, es el rezago en la parte jurídica, que se atrasa por la parte procesal. “¿Qué tan variable es lo que se ha resuelto y lo que no se ha resulto? Ha habido un abatimiento, por ejemplo, en el rezago en la parte jurídica. Al inicio de 2015 se contaban con 357 expedientes del 2014, al mes de agosto hemos abatido el rezago y tenemos la cantidad de 233, es decir, el 65 % de los expedientes que teníamos no resueltos ya se resolvieron”
En asuntos administrativos, Rovelo ha tomado medidas como un nuevo modelo de contratación, a partir del cual se miden posibles riesgos. A los aspirantes a un trabajo como servidores públicos se les aplican pruebas psicométricas, de conocimientos, de perfil de puestos, de capacidades, de competencias.
Con la voz tranquila, Rovelo apunta: “El 70% de las actividades que realiza el GDF tiene que ver con trámites y servicios, es un detonantes de corrupción de coyotes, de gestores etc.”. De esta manera, otra acción que ha emprendido en su administración han sido las visitas aleatorias y permanentes a todas las áreas de la administración pública que brindan trámites y servicios.
«La Contraloría ha salido de sus oficinas para hacer presencia y esto ha inhibido las conductas ilícitas”, añade.
