Ciudad de México.- Tras la riña en el penal de Topo Chico, senadores del PRI, PAN y PRD exigieron al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, que deje su campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2018 y se dedique a la gobernanza de su estado.
Los senadores emitieron un pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en Topo Chico. El PAN solicitó a Rodríguez Calderón que renueve el convenio con las fuerzas armadas para que éstas se hagan cargo de la seguridad del centro penitenciario.
Los panistas arremetieron contra «El Bronco» por dar explicaciones lacónicas e insuficientes sobre la pelea. Fue el turno de la priísta Graciela Ortiz, quien exigió al gobernador sacar las manos de las campañas pues funciona más como presidente de un partido independiente que lo va a postular como candidato en las elecciones presidenciales del 2018 que como gobernador de Nuevo León.
“Y cierto, aquí se dijo que por 30 años fue priísta (El Bronco), es verdad. Nada más recordemos que no fue el PRI el que lo postuló. Llegó postulado como independiente y apoyado por una gran figura del PAN en ese estado, no por el PRI”, declaró.
La senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, también solicitó al Gobernador que deje su campaña. Aunque el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, dijo que no es tiempo de linchamientos políticos, pidió al mandatario local no salir con una “verdad histórica” sobre la riña.
“Esta (la riña en el penal) ha sido la primer gran bronca de El Bronco”, exclamó Barbosa Huerta.
El Senado finalmente emitió un pronunciamiento sobre el caso: “El gobierno del estado de Nuevo León debe asumir su responsabilidad con los neoleoneses y evitar que acontecimientos como el del penal de Topo Chico vuelvan a ocurrir, dar las explicaciones necesarias y deslindar claramente las causas y consecuencias de estos hechos”.
Por ende acordó condenar la pela que provocó la muerte de 52 personas, exhortar a las autoridades estatales de Nuevo León a investigar de manera pronta y expedita lo ocurrido y esclarecer los hechos.
“En particular, a que se inicie una investigación en torno a las acciones y omisiones de los funcionarios penitenciarios y de seguridad a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes”.
También se pronunció por la reparación del daño y la atención a los familiares fallecidos.
