La posible condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada parece acercar a su desenlace uno de los procesos penales más importantes contra el narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, mientras la justicia estadounidense busca cerrar el expediente, en México la historia sigue abierta.
La diferencia no es menor.
En Nueva York, el caso se concentra en determinar la responsabilidad penal de quien durante décadas fue considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. En México, el debate gira alrededor de una pregunta que permanece sin respuesta pública desde el 25 de julio de 2024: ¿cómo salió realmente Zambada del país y quién participó en esa operación?
Del golpe al narcotráfico a un conflicto diplomático
Cuando un avión aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López a bordo, el Gobierno estadounidense presentó el hecho como uno de los mayores golpes al crimen organizado de los últimos años.
Pero en México la noticia tuvo otra lectura.
El Gobierno federal aseguró que no participó en la operación, que no fue informado previamente y que la captura no siguió los mecanismos de cooperación bilateral previstos entre ambos países.
Con el paso de los meses, el expediente dejó de ser únicamente un asunto de seguridad.
Se convirtió en un tema de soberanía.
La FGR endurece su postura
A pocos días de que la Fiscalía de Estados Unidos solicitara la cadena perpetua para Zambada, la Fiscalía General de la República (FGR) elevó el tono de sus señalamientos.
El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que las autoridades estadounidenses no entregaron toda la información solicitada sobre la captura y sostuvo que el FBI proporcionó datos falsos, parciales e insuficientes respecto a lo ocurrido aquel 25 de julio.
La acusación representa un cambio importante en la posición del Estado mexicano.
Durante meses el reclamo se concentró en la falta de información.
Ahora, la FGR plantea la posibilidad de que autoridades estadounidenses hayan ocultado información relevante sobre una operación realizada en territorio mexicano.
¿Por qué el Gobierno endurece el discurso ahora?
El momento también resulta significativo.
La petición de cadena perpetua refleja que Estados Unidos considera prácticamente concluido el proceso penal contra Zambada.
Si la justicia estadounidense dicta una sentencia definitiva, las posibilidades de que México solicite su entrega para procesarlo por los hechos relacionados con su salida del país se reducen considerablemente.
En términos prácticos, el margen de maniobra del Gobierno mexicano se estrecha conforme avanza el juicio.
Un caso heredado entre dos gobiernos
La captura de “El Mayo” ocurrió durante los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sus consecuencias políticas recaen ahora sobre la administración de Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha sostenido que la cooperación con Estados Unidos es indispensable para combatir al crimen organizado, pero también ha insistido en que cualquier actuación de autoridades extranjeras debe respetar la soberanía nacional y los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.
Esa posición enfrenta ahora una prueba compleja.
Mientras Estados Unidos se acerca al cierre del caso judicial, México mantiene abierta una investigación sobre la manera en que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo abandonó el territorio nacional.
Más allá de “El Mayo”
El expediente ya no se limita a la figura de Ismael Zambada.
Lo que está en juego es el precedente que dejará la relación bilateral en materia de seguridad.
Desde la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2020, el Estado mexicano estableció reglas más estrictas para la actuación de agentes extranjeros en el país. La captura de Zambada volvió a colocar esos límites bajo escrutinio y abrió una discusión sobre hasta dónde puede llegar la cooperación entre ambos gobiernos sin vulnerar la soberanía mexicana.
Una discusión que seguirá después de la sentencia
La eventual condena de “El Mayo” cerrará uno de los procesos penales más relevantes de las últimas décadas en Estados Unidos.
Pero difícilmente cerrará el debate político.
La investigación de la FGR continúa abierta y el Gobierno mexicano mantiene pendiente una explicación completa sobre la operación que llevó al histórico líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.
Más que el destino judicial de un capo, el caso pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para defender sus procedimientos frente a su principal socio en materia de seguridad.
Y deja una interrogante que seguirá marcando la relación entre ambos países:
¿Puede México reclamar una violación a su soberanía cuando el juicio en Estados Unidos está a punto de concluir y los hechos ya son prácticamente irreversibles?
