La gobernadora de Baja California defendió la colaboración con autoridades estadounidenses en materia de seguridad en un momento especialmente delicado para el oficialismo. Hace apenas unos meses, el propio Morena cuestionó a la panista Maru Campos por un episodio que también puso bajo la lupa la actuación de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano. Hoy el debate regresa, pero desde un lugar distinto.
La cooperación entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado nunca ha sido una novedad. Mucho antes de la creación del T-MEC, de la Iniciativa Mérida o de la crisis del fentanilo, las autoridades de ambos países compartían información sobre tráfico de drogas, armas, dinero y personas, especialmente en los estados fronterizos.
Lo inusual no fue, por tanto, que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reconociera que existe diálogo con autoridades estadounidenses en materia de seguridad. Lo extraordinario fue el contexto en que decidió hacerlo.
Su declaración llegó después de semanas de cuestionamientos por la revocación de las visas estadounidenses de ella y de su esposo, Carlos Torres Torres, una decisión que Washington no ha explicado públicamente y que colocó nuevamente a Baja California en el centro de la relación bilateral.
Fue entonces cuando la mandataria sostuvo que mantiene canales de comunicación con autoridades de Estados Unidos y que la coordinación en materia de seguridad continuará.
En otro momento, la declaración probablemente habría pasado inadvertida.
Pero en 2026 el significado político es distinto.
El antecedente que cambió la conversación
Meses antes, la discusión nacional había girado en torno a otro estado fronterizo.
En Chihuahua, un operativo relacionado con autoridades estadounidenses terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y abrió un intenso debate sobre los límites de la cooperación bilateral. Morena cuestionó a la gobernadora panista Maru Campos, exigió explicaciones públicas y algunos de sus legisladores plantearon incluso la posibilidad de promover acciones políticas en su contra.
La controversia dejó de centrarse exclusivamente en la seguridad.
La palabra que comenzó a dominar el debate fue soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo entonces que cualquier actuación de agentes extranjeros debía apegarse a la legislación mexicana y que el Gobierno federal debía conocer y coordinar este tipo de acciones.
El mensaje era claro: la cooperación sí, pero bajo reglas definidas por el Estado mexicano.
El regreso del mismo debate
El caso de Baja California devuelve esa discusión al escenario político, aunque desde un ángulo distinto.
No existe hasta ahora información pública que indique la participación operativa de agencias estadounidenses en territorio bajacaliforniano como ocurrió en el caso que detonó la controversia en Chihuahua.
Lo que sí existe es una gobernadora que reivindica la colaboración institucional con autoridades estadounidenses como parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia en una de las fronteras más complejas del continente.
Esa diferencia es jurídicamente relevante, pero políticamente no elimina la comparación porque fue el propio oficialismo el que convirtió la relación entre gobiernos locales y agencias estadounidenses en un tema de debate nacional.
La frontera donde la seguridad se comparte
Baja California concentra algunos de los cruces fronterizos más dinámicos del mundo.
Cada día circulan por sus garitas miles de personas, mercancías y vehículos. También operan organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas, migrantes y recursos financieros ilícitos.
En ese contexto, la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses forma parte de la operación cotidiana de numerosas investigaciones.
No es un mecanismo nuevo ni exclusivo del actual gobierno.
La diferencia es que pocas veces esa colaboración ocupa el centro del debate político.
El dilema para el oficialismo
La discusión ya no gira únicamente en torno a la cooperación internacional.
Gira alrededor de la narrativa con la que esa cooperación se explica.
Cuando el caso involucró a una gobernadora de oposición, Morena colocó la soberanía como eje del debate público.
Ahora, cuando una gobernadora emanada de sus propias filas defiende la coordinación con autoridades estadounidenses, el desafío consiste en sostener un discurso que distinga con claridad entre la colaboración institucional y una eventual actuación extraterritorial de agencias extranjeras.
La diferencia puede ser evidente desde el punto de vista jurídico.
Pero en política también importa la consistencia con la que se defienden los principios.
Y esa será, probablemente, una de las discusiones que acompañen la relación entre México y Estados Unidos durante el resto del sexenio.
