El plan de Clara Brugada para crear un Consejo Consultivo enfocado a ordenar el comercio informal en el Centro Histórico ha quedado en el olvido y por ello 15 representantes y dirigentes de vendedores informales plantearon una ruta alterna que incluye foros, así como la creación de una nueva Secretaría de Ordenamiento de la Vía Pública.
Esa ruta pasa por exigirle a la administración capitalina el desmantelamiento de los “400 Defensores del Espacio Público del Centro Histórico”, pues acusaron que se ha convertido en un cuerpo represor y de choque para quienes laboran en las calles.
Esta mañana esos dirigentes del comercio popular ofrecieron una conferencia de prensa donde leyeron un posicionamiento público dirigido a Clara Brugada.
Ahí destacaron haber participado durante los últimos meses en un proceso permanente de diálogo con las autoridades para tratar de construir acuerdos de ordenamiento.
“Sin embargo, no han existido avances ni condiciones que permitan cambiar esta realidad; por el contrario, la respuesta ha sido la creación de cuerpos represores”, denunciaron en referencia al grupo de esos 400 Defensores que surgieron a partir de un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial capitalina en febrero pasado.
Denunciaron que ese grupo surgió al margen de la ley, y sólo genera violencia y extorsión.
Esther Martha Chavarría, dirigente de comerciantes en la zona de Pino Suárez y presidenta de la fundación “Benita Chavarría Flores”, dio lectura al pronunciamiento.
Criticó el planteamiento lanzado desde el congreso capitalino para realizar un parlamento con duración de dos días, pues no sólo es insuficiente, es restrictivo a la participación de la mayoría de organizaciones sociales y del comercio popular.
Fustigó diversas iniciativas presentadas por legisladores de varios grupos parlamentarios, al señalar que son limitadas, pues sólo se enfocan en dos temas, uno es el económico y el otro de control electoral de las organizaciones de comerciantes.
En el posicionamiento, los representantes del comercio popular recordaron que el programa de reordenamiento de la vía pública existe desde hace tres décadas, lo cual hace necesaria una revisión integral del documento y en ese contexto propusieron elevarlo a rango de ley.
También plantearon que la actual subsecretaría de programas de alcaldías y ordenamiento de la vía pública, se convierta en una Secretaría con facultades y recursos suficientes para ejecutar un plan de reordenamiento.
Hablaron de impulsar un foro ciudadano permanente convocado por el gobierno de la Ciudad en el cual participen comerciantes, diputados, especialistas, académicos, vecinos, empresarios y autoridades, para diseñar modificaciones a la normatividad.
Ese foro es necesario, pues acusaron que el Consejo Consultivo para el Ordenamiento del Comercio en Vía Pública que se instaló en noviembre de 2025 no ha servido para nada más que para la foto.
Sofía Trejo, de la Unión de Marchantes en Movimiento y Gabriel Galicia Ramírez, de la organización ABIS revelaron que toda la labor del Consejo ha quedado en pausa debido al Mundial de Futbol, pero desde antes ya había abandono de los trabajos.
También dieron a conocer que en la distintas mesas que se conformaron no hubo un trabajo serio ni propuestas de parte de empresarios y especialistas; los únicos preocupados por presentar planteamientos fueron los mismos comerciantes.
También criticaron que desde el Congreso capitalino se quiere suplantar ese Consejo Consultivo con el parlamento abierto que se realizaría a modo y voz solo para algunos grupos que son los tolerados.
