La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de facultar a elementos de la Policía Auxiliar para imponer infracciones de tránsito comienza a generar cuestionamientos dentro de Morena.
La senadora de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa pidió a las autoridades capitalinas aclarar el alcance de la medida y garantizar que no se vulneren los derechos de la ciudadanía, al considerar que la Policía Auxiliar ha sido formada para tareas distintas a la aplicación de sanciones viales.
La postura surge luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ampliara las facultades de algunos elementos de corporaciones auxiliares para imponer multas de tránsito en distintas alcaldías, como parte de una estrategia para reforzar el ordenamiento vial y la recuperación del espacio público.
“Es imprescindible darle garantías a la población de que no se vulnerarán sus derechos”, señaló la legisladora, quien además consideró necesario evaluar si la implementación de la medida requiere ajustes legales.
Chavira recordó que la Policía Auxiliar tiene entre sus funciones principales la protección y vigilancia de personas físicas y morales de los sectores público y privado, además de colaborar en operativos de seguridad pública, pero advirtió que no se trata de una corporación especializada en materia vial.
El debate ocurre en un contexto donde la percepción ciudadana sobre los agentes encargados de aplicar el reglamento de tránsito continúa siendo negativa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, la policía de tránsito es considerada la autoridad más corrupta del país por el 75.3 por ciento de la población mayor de 18 años.
La senadora destacó que la Ciudad de México fue pionera en la digitalización de infracciones como una herramienta para reducir los espacios de discrecionalidad y corrupción. Sin embargo, reconoció que continúan registrándose denuncias ciudadanas en redes sociales sobre presuntos actos de extorsión conocidos popularmente como “mordidas”.
“Sabemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica controles internos de sanción para esos elementos, pero no hay una estadística clara de cómo terminan esos casos”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos planteados por la legisladora se relaciona con la falta de información actualizada sobre la aplicación de multas en la capital. Según datos del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, hasta noviembre de 2025 se habían registrado cerca de 250 mil infracciones levantadas mediante dispositivos electrónicos, aunque no existe información pública consolidada sobre las sanciones aplicadas durante 2026 ni un desglose completo de las multas presenciales.
La discusión adquiere relevancia porque la estrategia impulsada por la SSC busca ampliar el número de agentes facultados para sancionar infracciones en las alcaldías, bajo el argumento de mejorar la movilidad y atender con mayor rapidez las denuncias vecinales relacionadas con estacionamientos prohibidos, invasión de banquetas o bloqueo de vías.
Para Chavira, el reto será evitar que una medida diseñada para fortalecer el orden vial termine generando mayor incertidumbre entre automovilistas y motociclistas.
“Es importante que el gobierno capitalino explique a la ciudadanía las nuevas funciones de esta corporación, además de la estricta aplicación de controles de confianza”, sostuvo.
Mientras las alcaldías comienzan a incorporar personal autorizado para aplicar sanciones, el debate se centra ahora en la capacitación, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas que acompañarán esta nueva etapa de vigilancia vial en la Ciudad de México.
