La resolución reciente de un Tribunal Colegiado reactivó la discusión pública sobre el caso de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde en diciembre de 2014 una jornada de violencia dejó dos personas asesinadas, varios lesionados y ataques contra integrantes de la familia Zepeda Lagunas.
De acuerdo con información difundida por la revista Proceso, familiares y sobrevivientes advirtieron que la decisión judicial podría abrir paso a la impunidad en torno a los hechos registrados durante una asamblea comunitaria marcada por conflictos internos bajo el sistema de usos y costumbres.
Las investigaciones ministeriales establecen que Manuel Zepeda Lagunas, mecánico automotriz de 25 años, permaneció bajo custodia de autoridades municipales antes de aparecer sin vida horas después. Testigos lo ubicaron con vida en la batea de una patrulla. Los peritajes determinaron que murió por traumatismo profundo de cráneo.
Además, pruebas de balística y análisis de residuos de pólvora descartaron rastros de plomo, bario o pólvora en Manuel Zepeda, por lo que no existieron elementos para relacionarlo con el arma cuya posesión derivó en su detención.
La segunda víctima fue Gustavo Estrada Andrade, policía municipal de 35 años. Según testimonios integrados al expediente, intentó defender a Elisa Zepeda durante una agresión con machete contra la vivienda familiar. Después lo golpearon y asesinaron.
La violencia también alcanzó a Magdalena Lagunas, madre de Elisa y Manuel, quien perdió un ojo tras la agresión. Elisa Zepeda sobrevivió a un ataque que más tarde las autoridades investigaron como tentativa de feminicidio.
Otro de los sobrevivientes fue el pastor Gaspar Martín Chablé Caamal, quien se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque. El religioso resultó lesionado y perdió una camioneta que permanecía en reparación en el taller de Manuel Zepeda, una de las unidades incendiadas ese día.
Elisa Zepeda sostuvo que las agresiones surgieron desde autoridades municipales vinculadas al PRI, entre ellas el entonces alcalde Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes, con el objetivo de frenar procesos de participación comunitaria y liderazgo femenino en la región mazateca.
A casi 12 años de los hechos, familiares de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada continúan con la exigencia de justicia. Los asesinatos dejaron a seis menores sin padre: dos hijas de Manuel y cuatro hijos de Gustavo, además de personas lesionadas y familias desplazadas de la comunidad.
