En la Ciudad de México ya existe una nueva normalidad política: hacer campaña antes de tiempo… y hacerlo sin consecuencias.
Ahora el ejemplo aparece en Benito Juárez, donde el diputado panista Federico Chávez desplegó una intensa estrategia de posicionamiento personal bajo el argumento de presentar su “primer informe de actividades”.
Sin embargo, el debate ya no es únicamente jurídico. También es político, institucional y profundamente simbólico.
A simple vista, las piezas distribuidas no parecen concebidas solamente para rendir cuentas.
La narrativa visual apunta hacia otro objetivo: fotografías cuidadosamente producidas, slogans emocionales como “Cuidemos lo nuestro”, códigos QR dirigidos a redes sociales y una estética diseñada para fijar nombre, rostro y cercanía territorial.
Más que un informe legislativo, el material transmite la sensación de estar frente al prólogo de una candidatura. Y ahí comienza la zona delicada.
El artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos cuando ésta altera la equidad de la competencia política o implica uso indebido de recursos públicos.
A ello se suma el marco electoral capitalino, que obliga a mantener criterios de imparcialidad en la comunicación institucional.
No obstante, en la práctica nadie parece dispuesto a hacer valer esos límites.
El caso de Federico Chávez, además, no ocurre en aislamiento.
La ciudad entera se encuentra saturada de campañas disfrazadas de informes, causas sociales o ejercicios de comunicación ciudadana.
Ahí aparece el Partido Verde con la estrategia “Ver de Verdad” alrededor de Jesús “Chucho” Sesma; también Pedro Haces junior utilizando un libro autobiográfico como plataforma de promoción; y ahora legisladores que convierten la rendición de cuentas en posicionamiento permanente.
Todos parecen haber aprendido la misma lección después de 2024: las reglas electorales dejaron de representar un obstáculo real.
La política capitalina ya no se pregunta “¿está permitido?”.
Ahora la lógica dominante es otra: “¿quién va a sancionarme?”.
Ese cambio resulta más grave de lo que parece. A juicio de buena parte de la clase política, el costo de violar anticipadamente los límites electorales es prácticamente inexistente.
En consecuencia, la prioridad dejó de ser respetar tiempos legales y pasó a convertirse en ocupar cuanto antes el espacio público.
De ahí que los informes legislativos hayan mutado lentamente en campañas de reconocimiento anticipado.
El PAN seguramente argumentará que Federico Chávez únicamente ejerce su derecho y obligación de informar actividades parlamentarias. Técnicamente, el razonamiento puede sostenerse.
Sin embargo, el diseño completo del material revela una intención más amplia: construir identidad política rumbo al siguiente ciclo electoral. Y es que la comunicación no solamente informa; también posiciona.
El filósofo alemán Jürgen Habermas advertía que las democracias contemporáneas podían degradarse cuando la esfera pública terminaba dominada por estrategias de imagen más que por deliberación racional. Exactamente eso comienza a observarse en la capital.
La política ya no busca únicamente convencer mediante resultados.
Aspira, sobre todo, a permanecer visible.
En tanto la autoridad electoral luce debilitada, adelantar campañas se vuelve rentable. Y mientras más crece la impunidad, más actores deciden entrar al juego.
Ahora, la pregunta verdaderamente incómoda sigue sin respuesta: ¿Quién paga estas estrategias de posicionamiento?
Ya que imprimir, distribuir y sostener propaganda territorial de gran escala implica recursos importantes.
Si el financiamiento proviene de estructuras privadas opacas, existe un problema de inequidad.
En cambio, si intervienen recursos públicos, estructuras legislativas o redes institucionales indirectas, entonces el asunto deja de ser exclusivamente electoral.
Se convierte en utilización política del poder público.
NOCAUT.
Lo más inquietante no es la propaganda. Es el silencio institucional.
Mientras diputados de todos los partidos llenan calles, bardas, transporte público y redes sociales con promoción personalizada disfrazada, el Instituto Electoral de la Ciudad de México permanece inmóvil.
Solo observa, calla y desaparece.
El IECM empieza a parecer más un adorno burocrático que un árbitro electoral.
Y en política, cuando el árbitro deja de ejercer autoridad, la competencia deja de organizarse por reglas y se impone la ley del más impune.
