La relación de México con los Estados Unidos siempre fue complicada y, en estos momentos, ya se dibujan en el horizonte problemas de gran calado, dilemas sobre los que habrá que tomar decisiones.
La petición de captura, lanzada por el Departamento de Justicia, de Rubén Rocha Moya, gobernador ahora con licencia, del senador Enrique Izunza, el alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y un puñado de jefes policiacos es apenas la punta de un iceberg cuya profundidad desconocemos.
Más allá de si ocurre la entrega de los implicados con el cártel de Sinaloa, lo que resulta evidente es que se tendrá que negociar con Donald Trump, quien suele hacerlo ocultando sus verdaderos intereses.
En las agencias de seguridad, como la DEA y el FBI, deben estar presenciado la situación con un alto grado de escepticismo, porque no pocas de las arengas y desplantes de la Casa Blanca termina arreglándose por la puerta trasera.
Hay dudas, por demás fundadas, de que en México se investigue con el rigor requerido, y ello profundiza lo que es una crisis en ascenso.
El problema, con Rocha Mocha, es que representa, si nos atenemos a los documentos que se hicieron públicos y que forman parte de las acusaciones, a una compleja estructura de complicidad entre el poder político y el criminal.
Además, la historia que se narra y que es el centro de lo investigado en Estados Unidos, es que existió un acuerdo con fines de apoyo electoral en 2021, donde los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán operaron para desalentar a quienes se oponían al partido que postuló a Rocha Moya, a cambio de protección y negocios.
Las presiones sobre candidatos y operadores del PRI, previas al día de la jornada comicial y en las horas de emitir los sufragios, está documentada e inclusive se presentó una denuncia en la OEA, ante la imposibilidad de hacerlo en Sinaloa.
Todo esto es muy grave, porque abrió la puerta al espanto que se desató con posterioridad, que significó una guerra que no termina entre facciones de delincuentes, luego de la “extracción” de Ismael el Mayo Zambada, para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, y en la que inclusive resultó asesinado un diputado electo, Melesio Cuén, donde la Fiscalía sinaloense armó un escenario alternativo para encubrir lo ocurrido.
En situaciones de esta magnitud no hay una salida sencilla. El gobierno de mexicano tendrá que optar entre acceder a las peticiones de Washington o mantener la protección a Rocha y sus cómplices.
Estamos ante una bifurcación que definirá, en gran medida, el futuro del país.
Publicado en Forbes México el 5 de mayo de 2026.
