La discusión sobre Derecho y Tecnología en las universidades mexicanas ya no puede quedarse en la fascinación por las herramientas digitales.
Tampoco en el temor de que la inteligencia artificial sustituya al abogado, al profesor o al estudiante.
Ese debate comienza a ser insuficiente. La pregunta de fondo es otra: ¿estamos formando juristas capaces de comprender, cuestionar y gobernar los sistemas tecnológicos que ya intervienen en la vida?
En el aula universitaria esta pregunta se vuelve concreta.
Un estudiante de derecho ya no se enfrenta únicamente a leyes, jurisprudencia y doctrina.
Hoy también debe interpretar avisos de privacidad, contratos digitales, modelos de negocio basados en datos, sesgos algorítmicos y sistemas automatizados de decisión.
El derecho sigue siendo normas, pero su contexto cambió. Y cuando cambia el contexto, también debe cambiar la forma de enseñarlo.
Desde mi experiencia como profesor de Derecho y Tecnología en el Tec de Monterrey, he confirmado que los estudiantes no necesitan únicamente aprender a usar una herramienta tecnológica.
Necesitan desarrollar criterio jurídico frente a la tecnología. La diferencia es enorme. Usar una aplicación puede aprenderse en minutos.
Comprender sus implicaciones legales, éticas y sociales exige método, pensamiento crítico y una formación interdisciplinaria.
Por eso, en la educación jurídica contemporánea, la tecnología no debe presentarse como moda.
Debe asumirse como un nuevo territorio de problemas jurídicos.
La inteligencia artificial no es solo una herramienta para redactar más rápido; es también un fenómeno que cuestiona la autoría, la privacidad, la responsabilidad y la igualdad.
La ciberseguridad no es solo un asunto técnico; es una condición para proteger derechos e instituciones.
El reto para las facultades de derecho no está en abrir una materia aislada sobre innovación, sino en transformar la manera en que se construye el aprendizaje jurídico.
No basta con memorizar normas sobre datos personales, propiedad intelectual o comercio electrónico. Es necesario resolver casos reales, analizar conflictos emergentes, comparar marcos regulatorios y tomar decisiones argumentadas frente a dilemas donde la respuesta no siempre está cerrada.
En el aula, esto implica pasar de la transmisión de contenidos a la creación de experiencias.
Un caso sobre sesgo algorítmico permite distinguir entre discriminación directa e indirecta.
Un litigio sobre entrenamiento de modelos de inteligencia artificial abre la discusión sobre derechos de autor, prueba tecnológica y modelos de negocio.
Una simulación sobre filtración de datos exige identificar obligaciones legales y riesgos reputacionales.
Ahí el estudiante deja de repetir conceptos y empieza a pensar como jurista.
La inteligencia artificial generativa ha intensificado este desafío.
Muchos debates universitarios se concentran en cómo detectar si un alumno utilizó IA para hacer una tarea.
Es una preocupación legítima, pero limitada. El problema no es solo si el estudiante usó ChatGPT.
El problema es si la actividad estaba diseñada para evaluar pensamiento jurídico o solo para recibir un texto que hoy cualquier sistema puede producir en segundos.
El docente de derecho ya no puede ser solamente expositor.
Debe convertirse en diseñador de experiencias jurídicas, curador de problemas, guía de pensamiento crítico y mediador entre la tradición jurídica y los desafíos del presente.
La innovación educativa no consiste en llenar la clase de plataformas, sino en construir condiciones para que el estudiante aprenda a decidir con responsabilidad.
El sello formativo de una institución como el Tec de Monterrey permite entender este reto: aprender haciendo, vincular el conocimiento con problemas reales y formar profesionales capaces de actuar en contextos complejos.
En Derecho y Tecnología, esa visión resulta necesaria. No formamos programadores disfrazados de abogados ni abogados que repiten discursos tecnológicos.
Formamos juristas capaces de dialogar con ingenieros, empresas y autoridades en un mundo capitalizado por datos.
El futuro de la educación jurídica no se juega en decidir si se permite o se prohíbe la tecnología en el aula.
Se juega en algo más profundo: si las universidades serán capaces de formar criterio jurídico para una realidad tecnológica.
El abogado del futuro no será valioso por usar la última herramienta disponible.
Será valioso por saber hacer las preguntas correctas cuando la tecnología prometa resolverlo todo.
