Con el voto en contra de los diputados del PAN, la mayoría de a Morena y sus aliados en el Congreso capitalino convalidaron hoy el polémico plan B de la reforma electoral.
Instalados en sesión del Pleno como parte del Constituyente Permanente, los legisladores de la 4T avalaron la minuta de reforma a la Constitución federal que previamente se aprobó en el Congreso de la Unión.
La reforma limitar regidurías municipales, ajusta el presupuesto de congresos estatales y establece límites a sueldos de funcionarios electorales.
La reforma a la Carta Magna, que fue enviada por el Congreso de la Unión a los poderes legislativos locales, consistió en modificar los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo; así como adicionar al artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes.
Durante el debate en el Pleno, la morenista Valentina Batres aseguró que esta reforma constitucional no sólo le pone un límite al presupuesto de las legislaturas estatales, sino también le cierra el paso a las remuneraciones y prestaciones de la alta burocracia.
A su vez, su compañera Yuriri Ayala Zúñiga afirmó que el llamado “Plan B” contribuye al fortalecimiento institucional y la vida democrática de México.
La bancada del PAN votó en contra al considerar que debilita la democracia, no atiende los problemas reales del sistema electoral y abre la puerta a riesgos como la injerencia del crimen organizado.
Ricardo Rubio sostuvo que la minuta “no es una reforma electoral, sino un mecanismo de control político vía presupuesto”, cuestionando la falta de medidas para combatir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Advirtió que la reducción presupuestaria a instituciones electorales “no fortalece la democracia, la hace más vulnerable”, y calificó la política de austeridad como un “austericidio” que debilita las capacidades técnicas del sistema electoral.
Señaló que la iniciativa presenta inconsistencias y no genera ahorros reales, además de que pone en riesgo principios como la pluralidad y la equidad.
La Diputada América Rangel calificó el “Plan B” como “un rotundo fracaso” y afirmó que tanto esta propuesta como su antecedente buscaban “manipular las reglas del juego para mantenerse en el poder”.
Señaló que la iniciativa evidenció la intención del oficialismo de alterar el sistema electoral ante la posibilidad de perder apoyo ciudadano, y sostuvo que “la democracia no se rinde” frente a estos intentos.
También criticó el papel de partidos aliados y de otras fuerzas políticas, a quienes acusó de no actuar como un verdadero contrapeso.
Laura Álvarez advirtió que la reforma representa “un retroceso democrático” y denunció que su aprobación acelerada responde a intereses políticos y no a una mejora institucional.
Afirmó que la reforma “abre la puerta al abuso” al debilitar reglas y controles, y alertó sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
