Mientras en el ISSSTE operan como un consorcio único, las firmas Sergen Pro Integradora, Slycom, Profesionales en Mantenimiento, Ultra Nayaa y Servicios empresariales Lanto presentaron este 24 de marzo ofertas individuales y escalonadas para disputar una bolsa de 8 mil millones de pesos en el IMSS-Bienestar.
Este cambio de estrategia comercial, podría plantear un reto técnico para determinar la legitimidad de competencia entre empresas que, en la práctica, operan como socios comerciales.
De acuerdo con el acta de apertura de la licitación LA-56-AYO-056AYO955-N-44-2026, el esquema de participación de estas cinco razones sociales busca la adjudicación del servicio integral de limpieza en 20 estados de la República, con una vigencia contractual que abarca del 1 de abril al 31 de diciembre de 2026.
El análisis de los registros públicos de contratación permite contrastar dos modelos de operación simultáneos para el mismo grupo de firmas. Bajo un contrato vigente de aproximadamente 2,400 millones de pesos en el ISSSTE, este grupo de empresas actúa como una unidad comercial, al haber presentado apenas en diciembre de 2025 una propuesta conjunta para asegurar el servicio nacional por octavo año consecutivo.
En contraste, para el proceso actual del IMSS-Bienestar, las mismas firmas han optado por una participación individual. La estructura de estas ofertas presenta un escalonamiento de precios, técnica que suele preceder a una distribución de partidas entre participantes vinculados en los procesos de compras públicas.
A raíz de estas observaciones, fuentes consultadas aseguran que se ha solicitado la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigar la posible vinculación operativa de las empresas participantes en la licitación del IMSS-Bienestar.
La petición surge ante la presunción de que las firmas Sergen, Slycom, Profesionales en Mantenimiento, Ultra Nayaa y Servicios Empresariales Lanto podrían formar parte de una estructura coordinada, señalada por competidores como el «Cártel de la Limpieza».
La autoridad deberá validar si los vínculos societarios y operativos que las empresas mantienen en otros contratos representan una concentración de mercado.
