El control de más de 600 millones de pesos destinados a servicios en inmuebles federales colocó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) en el centro de cuestionamientos internos, luego de que la Dirección de Administración solicitara concentrar los accesos financieros que hasta ahora operaban las Administraciones Únicas regionales.
Históricamente, estos recursos han sido ejercidos a través de las Administraciones Únicas responsables de la operación de los Inmuebles Federales Compartidos (IFC), espacios donde conviven dependencias del gobierno federal y que requieren servicios permanentes como seguridad, limpieza, fumigación y jardinería.
Sin embargo, hacia el cierre de 2025 comenzó a plantearse al interior del instituto un proceso para concentrar el control de esos accesos financieros en el área administrativa central.
Como parte de ese proceso, el 3 de diciembre de 2025 se emitió el oficio DGAPIF/2903/2025, firmado por el director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Álvaro Lomelí Covarrubias, dirigido a la Dirección de Administración, Operación y Mantenimiento de Inmuebles Federales Compartidos.
En el documento se solicita la entrega de todos los accesos físicos y electrónicos relacionados con la administración de recursos de los IFC, incluyendo usuarios, contraseñas, dispositivos electrónicos, tarjetas físicas o digitales y herramientas utilizadas por las Administraciones Únicas para disponer de recursos económicos.
Según el oficio, la solicitud se realizó con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos financieros vinculados a los inmuebles federales compartidos.
No obstante, fuentes del instituto que dirige Pablo Escalona Almeraya señalan que la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en el manejo de estos recursos es vista como una oportunidad para centralizar decisiones relacionadas con la asignación de contratos previstos para 2026 para la operación de los inmuebles federales.
Cabe destacar que el docuemnto establece además que la información debía remitirse por paquetería a más tardar el 8 de diciembre de 2025, y precisa que no se autorizarían prórrogas para cumplir con la entrega.
En ese contexto, voces internas consideran que correspondería a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, valorar si el proceso se ajustó plenamente al marco normativo y, en su caso, determinar si es necesaria una revisión formal para garantizar la transparencia en la administración de los recursos destinados a los inmuebles federales.
