La próxima reforma electoral puede convertirse en un espacio clave para ajustar el modelo de elección judicial que entró en vigor en 2025. Así lo planteó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, quien consideró que el rediseño normativo debe corregir las fallas detectadas en su primera aplicación.
Durante su participación en la mesa “Reforma Judicial y Consolidación Democrática”, dentro del foro “México en Transformación: Desarrollo, Igualdad y Democracia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el magistrado advirtió que la coincidencia entre comicios judiciales y elecciones de partidos políticos provocó una carga excesiva para las instituciones electorales. A su juicio, modificar la fecha de la elección judicial evitaría presiones que afectan la eficacia operativa del sistema.
De la Mata sostuvo que las instituciones deben preservarse de un “estrés traumático” derivado de procesos simultáneos de gran escala. También propuso que el Senado establezca desde la convocatoria criterios claros de paridad; que exista un solo comité de selección; que desaparezca la tómbola y se adopten mecanismos objetivos sustentados en exámenes, cursos y evaluaciones; además de reducir el número de candidaturas para simplificar boletas que, afirmó, resultan excesivamente complejas.
El magistrado explicó que el modelo vigente presenta contradicciones normativas y disposiciones de difícil aplicación. Esa situación obligó al TEPJF a recurrir a principios constitucionales para garantizar su funcionamiento. No obstante, llamó a evitar posturas maniqueas y a examinar tanto el esquema anterior como el actual con racionalidad y rigor científico.
En el mismo foro, la magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, María Guadalupe Vázquez Orozco, subrayó que la democratización del sistema de justicia constituye un proceso abierto que exige cambios estructurales y culturales. Señaló que el reto consiste en fortalecer la independencia judicial, ampliar la legitimidad social y consolidar una justicia sólida en el plano constitucional y responsable frente a la sociedad.
Afirmó que el propósito central de la reforma judicial consistió en acercar la justicia a la ciudadanía. Ese objetivo, dijo, no se limita a permitir el acceso a cargos mediante mecanismos democráticos; también implica garantizar imparcialidad, transparencia y sensibilidad frente a la diversidad de problemáticas sociales. Acercar la justicia, añadió, supone construir instituciones que escuchen, rindan cuentas y respondan a una sociedad cada vez más consciente de sus derechos.
El investigador del IIJ-UNAM y organizador del encuentro, Jaime Cárdenas Gracia, consideró que, desde una perspectiva histórica y política, el método de elección por voto popular en México permanecerá por varios años. En su opinión, corresponde a la academia, a magistradas y magistrados, así como al Poder Legislativo y al poder revisor de la Constitución, perfeccionar el sistema para facilitar la votación, ampliar la libertad en los procesos electorales de jueces, magistrados y ministros, y propiciar mayor participación ciudadana.
Por su parte, el investigador del IIJ-UNAM, Jesús Ricardo Miranda Medina, afirmó que México entró hace apenas unos cuantos años “a una época de transformación global en lo político, económico, social y cultural” que ya no tiene marcha atrás y, en este contexto, la reforma judicial “no es un capricho de nadie. Coincidió en que dicho modelo de justicia llegó para quedarse y, por tanto, lo conducente es ver la forma de mejorarla y fortalecerla”, indicó
