La directora de la organización Suma Urbana Josefina Mac Gregor, advirtió que las autoridades capitalinas han diseñado una estrategia para desmantelar la democracia participativa que existe en la Ciudad a través del Plan General de Desarrollo (PGD).
Esa estrategia, explicó, le resta atribuciones a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), elimina la intervención del Instituto Electoral y centraliza en las nuevas Casas de Gobierno de Clara Brugada, junto con el Instituto de Planeación, la toma de decisiones vecinales y en el territorio.
La tarde de este lunes, Josefina Mac Gregor encabezó una charla sobre Sistema de Gobierno, Gobernanza y el PGD con representantes vecinales y Copacos de diversas alcaldías.
Ahí recordó que en estos momentos y hasta el 28 de febrero está abierta la consulta pública sobre el PGD, un documento técnico de Planeación urbana con vigencia de 20 años que tendrá carácter vinculante, es decir, todo lo que ahí se diga deberá cumplirse.
Por ello, advirtió que en el proyecto de PGD que diseñó el Instituto de Planeación (IPDP) junto con el gobierno de Brugada, viene un contenido sumamente nocivo para la participación vecinal.
El Plan General, explicó, propone indebidamente la creación de un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario que se elevará a rango constitucional, centralizando los mecanismos existentes de participación ciudadana en una sola plataforma.
La intención es rediseñar el modelo de representación actual, con el debilitamiento de las Copacos al quitarles facultades y capacidades de incidencia, para crear en su lugar Asambleas Vecinales y Comunitarias, las cuales se convertirán en la unidad básica de decisión en los territorios.
Dentro del PGD se plantea que los acuerdos tomados en esas asambleas seguirán reglas y tendrán validez jurídica, además de que dichas asambleas serán organizadas por el Instituto de Planeación a través de las Casas de Gobierno de Clara Brugada, y forzosamente deberán alinearse a lo establecido en el Plan General.
Este modelo añadió la titular de Suma Urbana y especialista en planeación urbana, generará un modelo centralizado donde el IPDP y las Casas de Gobierno, que no son electas por vía popular como sí lo son las Copacos, asumirán la función de organizar consultas vecinales, definirán a quién y qué se consulta.
UN PODEROSO IPDP
Mac Gregor aclaró que el PGD no elimina a las Copacos, pero las subordinada a las decisiones del IPDP, quitándoles autonomía y atribuciones, lo cual representa un cambio radical en la estructura de decisión ciudadana.
Así, en aspectos como el presupuesto participativo, el Instituto de Planeación tendrá atribuciones para elegir aquellos proyectos que estén alineados con el Plan General de Desarrollo y los que no serán desechados.
La votación de los presupuestos participativos se hará a través de la plataforma llamada Plaza Pública, por lo que el IECM ya no intervendrá en la organización de ese proceso.
El proyecto del PGD también contempla que el Instituto de Planeación defina los cambios de uso de suelo para alinearlos con lo indicado en el propio Plan General y para ello se diseñarán lo que se llamará Áreas de Desarrollo Económico con vocaciones definidas.
Un ejemplo, citó la directora de Suma Urbana, es la alcaldía Álvaro Obregón en donde el PGD le señala la vocación cultural, turística y de salud, lo cual abre la puerta al desarrollo inmobiliario de grandes hoteles y hospitales en zonas donde hoy el uso de suelo es exclusivamente habitacional.
Un aspecto peligroso, alertó, es que el IPDP podrá desechar opiniones vecinales y de Copacos que no resulten convenientes bajo el argumento de que no están alineados con los objetivos del PGD y argumentar que alguna zona sí soporta mayores densidades y construcciones, ignorando así la demanda social.
“Esto pone en peligro el destino de áreas verdes o barrios históricos ya que se sujetarán a intereses inmobiliarios y programas
parciales, bajo la etiqueta de desarrollo del PGD. Al planear por Polígonos Estratégicos, el IPDP puede llegar a modificar usos de suelo de varias colonias simultáneamente”, advirtió Mac Gregor.
CASAS DE GOBIERNO
La titular de Suma Urbana también refirió que el Plan General habla de la creación de al menos 16 casas de gobierno, una por demarcación, que se elevarán a rango constitucional.
Serán independientes a las alcaldías y evolucionarán para convertirse en Consejos de Gobierno Comunitario con atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas.
Se encargarán, entre otras cosas, de acercar servicios públicos, programas sociales, pero también para organizar consultas, asambleas vecinales y asambleas comunitarias para la toma de decisiones vinculantes.
Esa evolución no solo le restará atribuciones y peso a las alcaldías; lo más importante es que representarán un cambio en la estructura del poder territorial al integrarlas al Sistema de Planeación y con la capacidad de organizar asambleas vinculadas al IPDP.
“En realidad, esas Casas de Gobierno terminarán actuando como un órgano de control sobre las decisiones comunitarias a través de Asambleas Territoriales. No se limitarán a ser un brazo administrativo del gobierno, en tanto las elevan a rango constitucional y les dan atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas”, acusó Josefina Mac Gregor.
Con todo ello, enfatizó, se corre el riesgo de que las asambleas vecinales sean usadas solo para validar decisiones ya tomadas por el gobierno central.
El gobierno será juez y parte en los procesos de consulta al elegir los proyectos y organizar las asambleas, eliminando los contrapesos representados por Copacos y decisiones vecinales de cada colonia.
“En muchas ocasiones la participación o consulta se limitará a llenar formatos. Al trasladar la planeación participativa a las Casas de Gobierno, la democracia participativa dejará de ser un proceso electoral vigilado por el IECM y se convierte en un trámite administrativo vigilado por el gobierno”, lamentó la especialista.
Durante la charla, la vecina y también integrante de Suma Urbana Mari Tere Ruiz contextualizó todo este escenario con una frase: “Nos quieren imponer un nuevo sistema de gobernanza de manera muy discreta”.
