La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) inició la revisión de un caso relacionado con la empresa Servicios Broxel, luego de que un usuario denunciara la desaparición de recursos de su tarjeta de teletrabajo. El asunto se suma a una creciente ola de inconformidades difundidas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la compañía.
El afectado expuso públicamente que en enero su tarjeta quedó sin fondos tras el retiro de 3 mil 412 pesos, sin notificación previa ni explicación. De acuerdo con su testimonio, después de presentar el reclamo formal, la empresa respondió un mes más tarde indicando que la reclamación no procedía y que la revisión del manejo de los recursos correspondía a la institución que realizaba los depósitos.
El usuario explicó que los fondos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo autónomo que suspendió el programa en octubre de 2025. Debido a ello, actualmente no existe una instancia administrativa que pueda atender el caso. La tarjeta, señaló, era utilizada para cubrir servicios básicos como electricidad, internet y telefonía.
Tras la difusión del caso, la Condusef respondió de manera pública a través de redes sociales y solicitó al afectado enviar la información por mensaje privado para analizar la situación y brindarle orientación (https://x.com/CondusefMX/status/2021687849855189476).
En el portal oficial del programa Tengo Vales, operado por Broxel, se establece que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.
Este incidente coincide con múltiples reportes recientes de usuarios en la red X, quienes han señalado fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, problemas para consultar saldos y demoras en la atención telefónica. Algunos testimonios mencionan tiempos de espera de hasta una hora y errores frecuentes en los procesos de verificación.
Las quejas surgen en un contexto en el que Broxel participa en diversos programas públicos y privados de dispersión de recursos, lo que ha incrementado el escrutinio sobre la calidad de su servicio y sus mecanismos de atención.
En paralelo, la empresa ha enfrentado cuestionamientos en Jalisco por su participación en la operación de la “Tarjeta Única” del transporte público, un proyecto que implica el registro de datos personales y biométricos y contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.
A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación de vales electrónicos adjudicada a la firma, tras detectarse inconsistencias en la captura económica de su propuesta y posibles riesgos operativos en la entrega de apoyos.
Además, en su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta, antecedentes que se suman a los recientes cuestionamientos sobre su operación.
