Cientos de personas marcharon este domingo en Guadalajara para protestar contra el aumento al transporte público y el esquema de pago vinculado a la tarjeta operada por la empresa financiera Broxel, señalada por colectivos y usuarios como la principal beneficiaria del nuevo modelo impulsado junto con el ajuste tarifario.
La movilización, convocada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo y diversos colectivos, partió de la glorieta de la Minerva hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se realizaron consignas contra el “tarifazo”, que pasó de 9.50 a 14 pesos y anunciaron que se recurrirá a recursos legales para impedir el alza.
Fue la segunda marcha del fin de semana, luego de que el sábado otras organizaciones se manifestaran desde el parque Revolución hacia el centro de la ciudad. Uno de los principales reclamos apunta a que el costo preferencial de 11 pesos solo puede obtenerse mediante la tarjeta vinculada a Broxel, lo que obliga a miles de usuarios a registrarse y entregar datos personales, biométricos y de geolocalización para poder pagar menos por un servicio público esencial.
Colectivos denunciaron que el transporte se convirtió en la puerta de entrada para la captación masiva de datos y potenciales clientes para servicios financieros, mientras la empresa recibiría pagos mensuales por cada tarjeta emitida.
El contrato establece que cada tarjeta activa implica un pago mensual de 5.45 pesos por parte del gobierno estatal. De alcanzarse la meta de cinco millones de usuarios afiliados al subsidio, el costo anual superaría los 327 millones de pesos solo por la operación del sistema.
Además, la empresa tendría acceso a esta misma base de usuarios a quienes podría ofrecer servicios financieros y comerciales como transferencias, remesas, pagos de servicios y otros productos. Aunque estos servicios son opcionales, colectivos cuestionan cuántos usuarios terminarán convertidos en clientes cautivos.
Inconformes y organizaciones acusan que además de pagar indirectamente una renta mensual por cada tarjeta, los usuarios entregan datos como nombre, domicilio, fotografía, identificación oficial, firma y datos de contacto, a lo que se suman posibles cobros por reposición del plástico, transferencias o pagos de servicios.
El Congreso de Jalisco exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento tarifario y revisar los fundamentos técnicos y financieros del ajuste, además de solicitar la realización de un referendo ciudadano y crear una comisión especial para auditar tanto el servicio de transporte como el contrato firmado con Broxel, quien ha enfrentado en más de una ocasión sanciones y señalamientos en contratos públicos.
Asimismo, el pasado 26 de enero ciudadanos entregaron al Instituto Electoral de Jalisco cerca de 5 mil 900 firmas para solicitar un plebiscito contra el condicionamiento del subsidio del transporte al uso de la tarjeta, pero el IEPC señaló que no puede convocar directamente a una consulta sobre tarifas, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza deberá determinar si el ejercicio procede.
