La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la inhabilitación de tres empresas por proporcionar información falsa en distintos procesos de contratación pública, a través de los Órganos Internos de Control en las secretarías de Economía y Salud.
Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V., fue multada con 175 mil 367 pesos e inhabilitada por tres meses, tras detectarse información falsa en su participación en la licitación LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025 para la adquisición de camionetas pick up doble cabina. La sanción fue notificada el 18 de diciembre y se relaciona con una constancia fiscal en materia de seguridad social.
Asimismo, el OIC en la Secretaría de Salud sancionó a Gen Industrial, S.A. de C.V., y Escore Alimentos, S.A. de C.V., con multas de 157 mil 685 pesos y tres meses de inhabilitación. Gen Industrial presentó información falsa en la licitación LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, para el servicio de recolección de residuos, mientras que Escore Alimentos lo hizo en la licitación LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa al servicio de alimentación para personal y pacientes.
En el primer caso, se debió a que proporcionó información falsa en la documentación que integró la propuesta con la que participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, para el “Servicio de Recolección de Residuos”. La notificación de la sanción se realizó el pasado 18 de diciembre.
Con respecto a la segunda persona moral, esta proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”, contenida en una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La notificación de la sanción se realizó el 19 de diciembre.
Las sanciones referidas aparecieron ayer publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”, indicó la Secretaría.
