En el proyecto de Código Fiscal para 2026 el gobierno de Clara Brugada planea asignarse mayores facultades para el cobro de impuestos, ante la negativa de los contribuyentes para pagar sus obligaciones o cuando rechace dar información fiscal a las autoridades locales.
El hecho de no tener actualizada la información fiscal ante las autoridades capitalinas será motivo de fiscalización y sanciones.
De entrada, el artículo 73 del Código Fiscal incorpora la adición de una fracción XXVI con el objeto de dotar a la autoridad fiscal de la atribuciones para actualizar información de los padrones fiscales, para tener datos veraces y fidedignos que permitan un cobro eficiente de los impuestos.
Para actualizar los padrones y los datos de los contribuyentes, el gobierno capitalino podrá obtener datos de fedatarios públicos o de autoridades de otros niveles de gobierno, como el federal, “sin perjuicio de las sanciones que procedan por la omisión en la presentación de los avisos respectivos por parte del contribuyente”, se lee.
Se fortalecerá un concepto denominado “determinación presuntiva” previsto en el artículo 76 del Código Fiscal.
Se adicionan las fracciones V y VI en ese artículo para establecer que la información con la que cuentan las autoridades fiscales federales, así como dependencias o entidades gubernamentales y las declaraciones presentadas ante el SAT, se utilizarán para determinar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes locales y así calcular el monto de sus adeudos ante la Hacienda pública de la Ciudad.
En ese mismo sentido va una adición al artículo 77 del Código Fiscal, pues dotará de certeza jurídica al gobierno capitalino para estimar los ingresos de un contribuyente cuando haya resistencia o se obstaculicen las facultades de comprobación.
Dentro de ese artículo 77 habrá nueva fracción V que le permita al fisco local aplicar la “determinación presuntiva” cuando detecte irregularidades que le impidan conocer los ingresos de una persona física o moral.
“Tales conductas generan incertidumbre respecto a las operaciones celebradas por los contribuyentes; es por ello que con dicha adición ese efecto se contrarresta”, puntualiza la iniciativa de la jefa de Gobierno.
